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Por hacer acusaciones temerarias “y abiertamente contrarias a la realidad procesal”, omitir información relevante dentro un expediente judicial y hasta mentirle a las Naciones Unidas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia pidió investigar disciplinariamente a Víctor Mosquera Marín, reconocido abogado de personajes como el exministro Andrés Felipe Arias, el expresidente Álvaro Uribe y, más recientemente, del confeso delincuente Carlos Mattos. El 15 de febrero de 2022 el presidente de esa corporación, magistrado Marco Antonio Rueda, solicitó a la Comisión de Disciplina Judicial que indague si Mosquera Marín, en representación del exsenador Musa Besaile Fayad y en desarrollo de una demanda internacional contra Colombia, incurrió en faltas a sus deberes como abogado.
La génesis de esta controversia se remonta a 2018. Alegando que en el caso por sus presuntos nexos con las autodefensas el Estado le ha violado a Musa Besaile su derecho a ser juzgado en un plazo razonable, su derecho a la libertad y a la presunción de inocencia, Víctor Mosquera acudió al Comité de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra (Suiza). En su denuncia internacional y posteriores ampliaciones, en particular la del 13 de diciembre de 2021, Mosquera señaló que la Corte Suprema empezó a investigar a su cliente desde 2007, que ese alto tribunal realizó actuaciones “sin tener competencia”, que ordenó su detención en octubre de 2017 sin que hasta el momento haya sido condenado por esos hechos y que han pasado “más de 14 años desde que se inició el proceso y el Estado de Colombia aún no ha definido la situación jurídica de Besaile Fayad”.
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El 11 de febrero pasado, el magistrado de la Corte, César Augusto Reyes, quien está a cargo de ese expediente, le envió un documento de 19 páginas a la Cancillería en el que contestó punto por punto las denuncias del abogado Mosquera. Después de hacer un breve resumen del proceso y sus orígenes, así como del voluntario sometimiento de Besaile Fayad a la Jurisdicción Especial para la Paz y su posterior expulsión por no cumplir lo acordado en materia de verdad y reparación a las víctimas, el magistrado Reyes afirmó que el abogado Mosquera intenta inducir en error al Comité de la ONU al presentar a Besaile como una “víctima” en “estado de indefensión jurídica”, cuando en realidad –explicó– se le han dado todas las garantías procesales y no ha habido dilación injustificada. Reyes advirtió tajante: “El representante del procesado Besaile Fayad intenta dolosamente confundir al Comité”.
Así mismo, sostuvo que los señalamientos de Mosquera son falaces y “si acaso fuere reprochable la excesiva duración de la investigación previa, lo cierto es que una vez abierta la instrucción la defensa pudo tener acceso a la actuación y ejercer a plenitud su derecho de defensa”. Así mismo, el magistrado Reyes añadió que el abogado Mosquera le ocultó al Comité de la ONU que Musa Besaile no está detenido por cuenta del caso de parapolítica sino del cartel de la toga, donde fue llamado a juicio, justamente, por pagar $2.000 millones para engavetar el expediente por sus presuntos nexos con las Auc. “Resulta temerario y de mala fe su proceder (el del abogado Mosquera) al ocultarle al organismo internacional la existencia del radicado 52196, con lo cual pretende confundirlo para que asuma que la supuesta dilación injustificada tiene escenario en el radicado 27700″.
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En esa misma línea, el jurista criticó ácidamente que Mosquera Marín no le contará al Comité de Naciones Unidas que a finales de 2018, precisamente cuando más avanzaban los procesos contra Besaile en la Corte Suprema, éste decidiera someterse a la JEP, con lo cual sus procesos quedaron en suspenso. Lo curioso es que mientras en el escenario internacional se denunciaba a Colombia por mantener durante tantos años bajo investigación a Besaile, en la JEP el propio excongresista presentó una propuesta de verdad para contar su “conocimiento o relación con los paramilitares del Bloque Córdoba”, “aclarar la relación de políticos de Córdoba con las autodefensas entre 1998 y 2006″ y develar qué se logró con esas alianzas ilegales. Al final, al constatar que no cumplió sus compromisos pactados, fue expulsado de la JEP y sus casos se reactivaron en la Corte Suprema.
Pero eso convenientemente no lo contó el abogado Víctor Mosquera en sus alegatos ante Naciones Unidas, conceptuó el magistrado César Reyes. Y de allí su incomodidad con este caso. “Lo que no dijo el memorialista omisivo en su lacónica respuesta al Comité fue que la JEP tiene la potestad constitucional y legal de concederle beneficios punitivos a su representado, siempre y cuando, claro, el sometido acogido cumpla con el régimen de condicionalidades del sistema de justicia transicional que regenta la JEP”. Y fue más allá en su molestia: “Así las cosas, el efecto de la omisión temeraria del libelista es que los mentados ‘14 años’ que dice el memorialista han transcurrido desde el comienzo de la investigación previa ya no sean tales, sino muchos menos de aquellos que se declararon ante el organismo internacional”.
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Por último, el magistrado Reyes concluyó: “Se recomienda entonces al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que analice y valore muy bien los argumentos del abogado Víctor Mosquera Marín dentro de la actuación que ha activado en ese organismo internacional, toda vez que no es difícil evidenciar en su comportamiento variados actos de temeridad y mala fe en las informaciones que suministra al Comité y en las construcciones argumentales anfibológicas, falaces y engañosas utilizadas ante tan importante instancia internacional. En lo que atañe a este despacho se tomarán las acciones legales necesarias para que se investigue disciplinariamente el comportamiento del abogado Mosquera Marín ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”. Este fue el origen de la indagación que pidió la Corte en su contra.
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Consultado por este diario, el abogado Víctor Mosquera señaló con vehemencia: “Esto es una retaliación y una mala práctica de la Corte Suprema de Justicia que sabe que estos debates se dan en el Comité de Derechos Humanos en Ginebra. La Corte no puede pretender que se desarrolle un proceso disciplinario en mi contra porque esta controversia no está desarrollándose en Colombia sino en el exterior. Esta compulsa de copias me obliga a presentar solicitud de medidas de protección ante el Comité de Derechos Humanos porque es clara la retaliación por denunciar violaciones a derechos humanos en el caso de Musa Besaile. Al final, que pierdan o ganen primero en Ginebra y luego que se debata si yo tengo alguna responsabilidad o no en mis afirmaciones en defensa del señor Besaile”.
Por último, insistió en que esto es un pésimo precedente para los abogados que litigan en escenarios internacionales. “Es muy grave porque lo que se busca es desestimular la denuncia internacional. Es un acto de amedrentamiento”. Más allá de la controversia, el Comité de Naciones Unidas evalúa las posiciones encontradas en torno al caso de Musa Besaile Fayad. Un hombre que en 2014 llegó a ser el segundo congresista más votado de Colombia, con más de 145 mil votos, pero que cayó en desgracia en 2017 cuando estalló el escándalo del cartel de la toga y el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno lo acusó de encabezar la lista de políticos beneficiados por sus maniobras a cambio de ríos de dinero. Su poder político lo heredó en 2018 su hermano John Moisés Besaile, quien fue llamado a indagatoria hace una semana por la misma Corte Suprema por el saqueo a Córdoba.
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Por Juan David Laverde Palma
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