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La Sala de Casación Penal decidió juzgar conocimiento de estos dos procesos, que cursaban en la justicia ordinaria.
Ambos congresistas fueron vinculados con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y se encuentran detenidos.
Luis Alberto Gil era el fundador de esa colectividad, que ha sido una de las más afectadas por el escándalo de la parapolítica y había sido gobernador del departamento de Santander.
Con éste ya son diez los procesos de juzgamiento que han llegado al Alto Tribunal remitidos desde despachos ordinarios.
Esta decisión, como las demás, obedece a la nueva jurisprudencia de la Corte, que determina su competencia en los casos en los que funcionarios públicos sean sospechosos de cometer delitos en ejercicio de sus funciones y hayan renunciado a su investidura.
Lo paradójico es que los congresistas habían renunciado al fuero parlamentario con el fin de evitar que fuera esta Corporación la que asumieras estos procesos y ahora terminarán respondiendo ante los magistrados que integran el Tribunal, tras la nueva jurisprudencia.