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Desde 2015, en un juzgado de Tunja se adelanta un proceso penal contra María Ana Convers miembro de una reputada familia bogotana de empresarios, médicos y académicos por una millonaria herencia en la que se le señala de estafar a dos sobrinos suyos, Camilo y Andrés Felipe Convers. La génesis de esta pelea se remonta al 19 de marzo de 1994, cuando el hermano menor de Convers, el médico genetista Sergio Miguel Convers, falleció en el hospital de Tunja por un tromboembolismo pulmonar. En su lecho de muerte habría firmado una escritura para venderle sus derechos de la herencia de sus padres. La transacción se hizo, dijo María Ana Convers, por $1 millón.
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Aunque María Ana Convers le pagó a sus sobrinos por un proceso de lesión enorme que perdió en 2007, la Fiscalía dice que ella “guardó silencio respecto de la existencia de otros bienes de sus padres que no fueron incluidos en la escritura (una de 1995 con la que se tasó el dinero que recibieron sus sobrinos en el proceso de lesión enorme), pues existe una escritura de partición adicional sobre la sucesión de los abuelos Carlos Convers Fonnegra y Esther Convers Gutiérrez”. María Ana Convers ha insistido en su inocencia a lo largo del proceso penal.
En octubre pasado, en las audiencias preparatorias del juicio, a la defensa de María Ana Convers le fue negado un testigo que usarían sus abogados durante el juicio. Estos apelaron la decisión tomada por el juez del caso, y el asunto llegó hasta el Tribunal Superior de Tunja para que los magistrados decidieran si este debía ser incluido o no. Sin embargo, los miembros de esa corporación también se negaron a resolver la petición de María Ana Convers y esta escaló hasta la Corte Suprema. El alto tribunal acaba de señalar que el impedimento presentado por los magistrados de Tunja es «infundado» y serán ellos, los togados del tribunal superior los que decidan si admiten a ese testigo o no.
De esta historia también hacen parte los actuales dueños de los bienes que habría ocultado María Ana Convers, que son las fincas La Chiravira, El Hervidero (que colinda con el río Bogotá) y ocho hectáreas de un terreno vecino, todas ubicadas en Tocaima. La primera finca ya fue vendida al empresario Eduardo «Uto» Sáenz Gómez, quien hace parte de las altas esferas capitalinas. La segunda está en manos de Miguel López Obregón, hermano de la exalcaldesa de Bogotá y excandidata a la presidencia Clara López Obregón.
Los abogados de estos dos, durante esa audiencia preparatoria de octubre de 2019, presentaron un recurso de queja al Tribunal Superior de Tunja para que los dejaran aportar pruebas al proceso contra María Ana Convers en el juzgado de esa ciudad en los que demostrarían que las compras de los bienes se hicieron de buena fe. El Espectador conoció que el tribunal superior de la capital de Boyacá esucuchará la pocisión de Uto Sáenz y López Obregón sobre por qué es relevante que sus pruebas sean aportadas en el juicio y posteriormente se pronunciará sobre este tema. Luego de que los magistrados de Tunja resuelvan esta solicitud hecha por la defensa de María Ana Convers el juicio iniciará.
Detalles del caso
La Fiscalía dice que María Ana Convers indujo en un error a las autoridades de registro de Instrumentos Públicos de Bogotá y Girardot, así como a las autoridades judiciales, “usando medios fraudulentos como el engaño y la falsedad con el fin de legitimar las escrituras falsas con que se tramitaron la venta de derechos herenciales de su hermano y la sucesión de sus padres”. De esta manera, dice el ente investigador, también logró obtener sentencias que, por un lado, legitimaran la escritura con que supuestamente compró los derechos herenciales de su hermano y, por el otro, la favorecieran en el proceso legal que falló en su contra (la demanda de lesión enorme)”.
En los procesos civiles y el interrogatorio que le hizo la Fiscalía a María Ana Convers, ella aseguró que el estado de salud de su hermano el día que falleció, 19 de marzo de 1994, “no le impidió de manera alguna suscribir, con pleno uso de razón”, la escritura en la que le vendía los derechos herenciales a ella, quien lo acompañó en sus últimas horas. Sin embargo, Medicina Legal y el perito Máximo Duque (el exdirector de esa entidad que fue cuestionado por la forma en que exhumó el cuerpo del estudiante Luis Andrés Colmenares) dicen lo contrario: Sergio Miguel Convers no se encontraba en condiciones físicas y mentales de decidir o leer y comprender documentos de contenido jurídico o financiero.
Medicina Legal dice que el cuadro clínico que presentaba el médico Convers, el cual venía empeorando desde el 18 de marzo de 1994 (un día antes de su fallecimiento), le generaba alteraciones en la respiración, en la circulación “situación que repercute y altera las funciones mentales superiores como la orientación, la concentración, el análisis (…) limitando su funcionamiento cognitivo”. El perito Duque, contratado por los hermanos Convers Yáñez, agrega que el día de la muerte del padre de estos (quien fue director de varios hospitales públicos), él tenía una anormal baja presión arterial, “lo cual genera alteración de la conciencia”.
Sobre el documento que firmó Sergio Miguel Convers, en el que habría vendido sus derechos herenciales, la Fiscalía dice que en algunas partes se presentan “textos impresos por sistemas diferentes (…) lo que indica que los textos de estos folios fueron elaborados en tiempos diferentes de impresión”. Asimismo, el ente investigador determinó que en los folios “no se presentan la misma saturación y tonalidad cromática de la tinta”. Otro hecho que tampoco se explica la Fiscalía es cómo Sergio Miguel Convers aparece cinco meses después de su muerte vendiendo su vehículo y haciendo el traspaso ante el Instituto de Tránsito de Cómbita (Boyacá). La Fiscalía no ha determinado quién suplantó su identidad.
Los abogados de María Ana Convers señalan que sobre los bienes en disputa existen tres procesos civiles que salieron a su favor. Dos por los cuales los hermanos Convers Yáñez han solicitado a la justicia que se reconozca su parte de la herencia de sus abuelos, que ellos dicen fue usurpada. El primero, que se anule la partición adicional a la sucesión. El segundo, una demanda reivindicatoria y de petición de herencia. El tercero en el que los Convers Yáñez reclaman una casa que fue comprada por su padre en 1985, pero donde actualmente vive María Ana Convers.
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