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El 15 de mayo de 2019 Néstor Humberto Martínez renunció a su cargo como Fiscal General. Lo hizo, según dijo, indignado, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz liberara al guerrillero Seuxis Hernández, alias Jesús Santrich, procesado por narcotráfico, y quien para entonces no había abandonado el proceso de paz. Las versiones de su salida, no obstante, han sido cuestionadas. Este diario reveló cómo en la Corte Suprema se cocinaba pedirle la renuncia al cargo luego de que el fiscal ad hoc para tres expedientes del caso Odebrecht expusiera serias irregularidades sobre el manejo de ese escándalo en la Fiscalía de Martínez. El proceso para elegir nuevo fiscal sigue empantanado.
El presidente Iván Duque anunció desde entonces que solo enviaría la lista de tres candidatos para elegir de allí al nuevo jefe de la Fiscalía cuando la Corte Suprema, encargada de hacer la elección, esté completa. ¿La razón? Que, de 23 integrantes, hay solo 17 magistrados titulares y uno más nombrado como reemplazo temporal del detenido Gustavo Malo. De acuerdo con el reglamento, para tomar cualquier decisión se necesitan como mínimo 16 votos. No obstante, la Sala Plena no ha podido ponerse de acuerdo para elegir a sus nuevos colegas y, en medio de la expectativa nacional el viernes, el magistrado Luis Guillermo Salazar, de la Sala Penal, dejó su cargo pues finalizó su periodo el 5 de octubre (sábado).
Es decir, la Corte Suprema se quedó prácticamente sin margen de diferencia. Hay solo 17 magistrados y un largo historial de elecciones que no se han podido hacer por unanimidad. Por solo mencionar una, a esta Sala Plena le tomó cuatro meses elegir al magistrado Álvaro García como su presidente por cuenta de divisiones internas entre las Salas que componen el alto tribunal. Hoy, el escenario no es muy diferente pues no ha habido mayorías para elegir a los reemplazos de Salazar, Fernando Castro, José Luis Barceló y Gustavo Malo (de la Sala Penal), de Luis Gabriel Miranda y Mauricio Burgos (Sala Laboral) y de Margarita Cabello (Sala civil), quien renunció para asumir el Ministerio de Justicia.
Para reemplazar a cuatro de ellos, el Consejo Superior de la Judicatura publicó los listados de aspirantes desde diciembre de 2018; mientras que para los casos de Cabello y Salazar lo hizo el pasado 3 de septiembre, y no ha sido posible llegar a un acuerdo. Este diario documentó algunas de las divisiones internas que lo han impedido y que han dejado al alto tribunal expuesto a una situación sin antecedentes en caso de que no se resuelvan pronto: en diciembre sale un magistrado más, Rigoberto Echeverri, y sin él, no habrá quórum decisorio en el alto tribunal. Si eso pasa, ¿cómo se elegiría fiscal?
Fuentes consultadas por El Espectador alertaron por las implicaciones de gravedad que implicaría no tener quórum, teniendo en cuenta que, en principio, el presidente Duque puede enviar la terna para fiscal en cualquier momento, sin necesidad de esperar a que esté completa. A la espera que ese compromiso público del mandatario no se rompa, la Sala Plena lleva varios intentos para elegir vacantes. El último fue el 24 de septiembre pasado y, aunque siempre cordiales y decentes en el trato, la sesión fue polarizada y con clara distancia entre los sectores de la Corte. La próxima sesión será el 10 de octubre.
¿Qué pasa? Hasta el momento, ningún candidato ha superado los 13 votos. Para el reemplazo de José Barceló, han salido a relucir varios nombres como el de Fabio Ospitia Garzón, exmagistrado auxiliar de Leonidas Bustos, expresidente del alto tribunal en líos por el cartel de la toga. Aunque en los corrillos se ha puesto de presente este hecho como duda de parcialidad en la Corte, al interior defienden una hoja de vida integral y que no se pueden arrastrar actuaciones irregulares de un magistrado a los integrantes de su despacho. También resuena el nombre Pedro Oriol Avella, hoy magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.
“Hay un grupo que quiere a Avella y por eso trancan (la elección de) Ospitia”, le dijo a este diario una fuente. El lío es que se necesitan 16 votos y con tantas vacantes, lograr unanimidad no parece un camino fácil. De fondo hay una puja por el control de los bloques internos del alto tribunal, que son regionales, y un interés de que no haya sombra de duda sobre las personas que llegan, lo que incluiría tener en cuenta posibles “padrinazgos”. En la lista para reemplazar a Fernando Castro hay nombres destacados, aunque también muy mediáticos, como Hugo Quintero Bernate o la exvicefiscal Elka Venegas.
Parte del problema para conseguir mayorías, en todo caso, es que, en otras salas, como en la Laboral, sus integrantes no han podido ponerse de acuerdo para definir qué candidatos postular ante sus compañeros en la Sala Plena para llenar sus propias vacantes. Y, hasta que eso no suceda, no habría consensos sobre quién apoyar para elegir magistrado en la Sala Penal. ¿Por qué tanto lío? De la lista para reemplazar a Luis Gabriel Miranda, ha recibido apoyo Cruz Antonio Yañez Arrieta, magistrado actual del Tribunal Superior de Montería; y en menor medida Diana Sofía Lozada Rebolledo.
Pero el caso de Yañez tiene fricciones. Por un lado, hay un sector que no ve con buenos ojos su supuesta cercanía al exmagistrado Miranda, también de Montería; ni el constante impulso que este ha recibido de parte del “bloque Costeño” del tribunal, que perdió a uno de sus “pesos pesados”, la hoy ministra Margarita Cabello. Incluso, una fuente le dijo a este diario que “no siempre es bueno nombrar funcionarios de carrera para las altas cortes, si la carrera viene amarrada a favores y padrinazgos”. Y del listado para reemplazar a Mauricio Bugos suenan Marriraquel Navarro y Margarita Isabel Márquez de Vivero, quien sería cercana a Ruth Martina Díaz, amiga cercana del detenido Francisco Ricaurte.
Todas estas disputas pesaron en la demora para elegir terna para reemplazar a Carlos Hernán Rodríguez Becerra como Auditor General, pues solo hasta el pasado 24 de septiembre hubo un acuerdo y fueron designados Henry Amorocho Moreno, Alma Carmenza Erazo Montenegro y Jairo Alonso Mesa Guerra. Esa elección la hará el Consejo de Estado que tiene en sus manos definir otra papa caliente pues admitió una demanda que interpuso Dejusticia en contra del decreto 1163 de 2019 que derogó otro (el 450 de 2016) que establecía un procedimiento para conformar la terna de candidatos para elegir fiscal general más transparente.
Ese procedimiento incluía hacer una invitación pública a candidatos idóneos para postularse al cargo; un espacio para que la ciudadanía hiciera comentarios sobre el listado y que el presidente pudiera hacer entrevistas a los postulados. El caso está en manos del magistrado Carlos Enrique Moreno, quien debe definir una petición para suspender ese decreto de manera provisional, lo que podría tener un efecto en la decisión que tome el presidente. Esto es importante, entre otros, porque, según ha conocido este diario, los más opcionados para la terna son: Clara Cara María González, Secretaría Jurídica de Presidencia; Francisco Barbosa, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales; y Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz.
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