Corte Suprema solicitó orden de captura internacional contra Andrés Felipe Arias

El jefe de la cartera de Desarrollo Rural fue condenado en julio del año pasado a 17 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración indebida de contratos por el denominado escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).

Antes de conocer el sentido de fallo, tras tres años de juicio, Arias Leyva salió del país presuntamente hacia los Estados Unidos junto a su familia. Se ha podido establecer que el exministro solicitó un asilo argumentando que no contaba con las garantías procesales y fue víctima de una persecución politica.

Igualmente el alto tribunal dirigió esta solicitud ante la Fiscalía y a la Policía Judicial para que también colaboren en el trámite de búsqueda internacional. Se ha podido establecer que esta es una reiteración de la petición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leyva por su participación en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de os requisitos legales en el marco del juicio que se le adelantó por el llamado escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).

El alto tribunal consideró que existen pruebas documentales y testimoniales que permiten establecer que Arias Leyva incurrió en una falta penal al no celebrar licitación pública para la entrega de multimillonarios subsidios agrícolas, y en vez de esto le entregó esta competencia de manera directa con el IICA. (Ver «Fiscalía mintió en proceso en mi contra por Agro Ingreso Seguro»: Andrés F. Arias)

“El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural al celebrar los convenios desconoció los principios rectores de la función pública y de la contratación estatal, en especial los de planeación, transparencia, economía y responsabilidad. Al escoger de manera discrecional al IICA como cooperante soslayó la regla según la cual la escogencia del contratista debe efectuarse a través de licitación o concurso público”, precisó la Corte Suprema.

Igualmente se consideró que el entonces jefe de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural conocía de primera mano las irregularidades sobre frente al fraccionamiento de predios por parte de un grupo de empresarios quienes se vieron beneficiados con más de dos subsidios lo cual iba en contra de la naturaleza de la ley.

Para la Corte “Andrés Felipe Arias Leyva actuó con completo conocimiento de la ilegalidad de su conducta” puesto que siempre tuvo una activa participación y conocimiento en los hechos que rodearon la planeación y ejecución del denominado programa bandera del Ministerio de Agricultura desde el principio.

En este sentido consideró que se vulneraron los principios de transparencia, publicidad, rectitud, entre otros, que exige la ley para la contratación pública. En este sentido manifestó que el monto del contrato y la naturaleza del mismo exigían que se celebrara una licitación hecho que no se presentó en el caso materia de estudio puesto que se le entregó al IICA el convenio contractual “a dedo”.

“Siempre tuvo una intervención permanente y directa en la intervención y desarrollo de estos convenios, así como las convocatorias presupuestales para el manejo de los subsidios”, precisó la magistrada ponente en la lectura del sentido del fallo, en el que se indicó que Arias Leyva tuvo en este proceso gente de su entera confianza para que manejaran todo lo relacionado con el proyecto de Agro Ingreso Seguro.

En este caso se manifestó que el entonces ministro de Agricultura con el fin de justificar la entrega directa del manejo de los subsidios al IICA se cambió la naturaleza de los contratos y se les adjudicó la base de “ciencia y tecnología” las cuales no fueron argumentadas en el desarrollo del juicio que duró más de dos años.

“La ejecución de los convenios se inició antes de que se suscribieran o se concretara su perfeccionamiento (…) así las labores de divulgación de convocatorias que constituían su objeto, se cumplieron en los meses previos a su suscripción y los términos de referencia de los mismos concursos fueron elaborados y en algunos casos divulgados antes de su firma y de la aprobación de la garantía que debía prestar al IICA”, indicó.

Entre los años 2007 y 2009 el Ministro de Agricultura desembolsó más de 550 mil millones de pesos al IICA para la ejecución de tres contratos. «Se demostró que Arias conservó la disponibilidad jurídica de estos dineros y en ese sentido se valió de los términos de referencia de las convocatorias de riego y drenaje, para incluir reglas que favorecían a sectores específico de la producción agrícola”.