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Una vez más, un fallo de tutela producido por el Consejo Superior de la Judicatura entra en riña con otra de las altas cortes, tal como ocurrió en agosto pasado, cuando anuló la sentencia que la Corte Suprema había proferido contra el ex congresista Iván Díaz Mateus, implicado en el escándalo de la yidispolítica, y hace un mes, al revocar la condena contra la ex representante Sandra Arabella Velásquez, también condenada por la Corte Suprema.
En esta ocasión, el choque de trenes lo protagoniza el Consejo de Estado. A esta instancia llegó el caso de Jorge Enrique Bejarano Gómez, un funcionario de la Defensoría del Pueblo que, según argumentó a la justicia, fue tan presionado en el año 2000 por el entonces Defensor Eduardo Cifuentes a retirarse de su cargo, que sufrió una trombosis y, finalmente, en enero de 2002 presentó su renuncia.
Bejarano demandó y pidió ser reintegrado, pero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó su petición. El caso fue admitido por el Consejo de Estado, el cual determinó, en mayo de 2007, que el hombre debía ser reincorporado en la institución e indemnizado con una suma de $320 millones por los salarios que había dejado de recibir. No obstante, la Defensoría del Pueblo apeló ante el Consejo Superior de la Judicatura, y el 19 de febrero del año pasado, el fallo de 2007 quedó sin piso.
Ahora, la Sala Plena del Consejo de Estado reiteró su fallo. Calificó de injurídica esta acción de la Judicatura y ratificó “que sus sentencias tienen carácter inmodificable, inimpugnable y definitivo”. Esta corporación, como lo hizo en su momento la Corte Suprema, también manifestó que la Judicatura tiene competencia para examinar las faltas de los funcionarios judiciales, pero no para suprimir las instancias de los procesos.
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