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Entre 1997 y 2005, la estigmatización en contra de los defensores de derechos humanos y líderes sociales no paró. Ni paró tampoco el involucramiento de agentes del Estado en los delitos que se cometían contra ellos: asesinatos (principalmente), acoso y hostigamientos, secuestros, acciones judiciales ilegítimas, inflicción de sufrimientos y operaciones desproporcionadas. Durante ese período, la Fiscalía encontró 98 procesos abiertos. De ellos, 46 (la mitad) no han pasado la etapa preliminar o de instrucción. En este lapso, la participación del DAS aumentó notoriamente.
::Los crímenes contra defensores de dd.hh. en que se involucraron agentes del Estado (I)::
Todos estos datos reposan en el informe “Victimización a líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte de agentes del Estado”, que recibió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de manos de la Fiscalía. El período en cuestión se entiende a la luz de algunos casos representativos: en ellos habrían participado el Ejército, la Policía y el DAS, y, además, resumen bien la idea que, al parecer, era el sustento de tanta violencia: que todas las víctimas en este período fueron “estigmatizadas como parte de la guerra política implementada contra la subversión”.
No fue un período cualquiera. El tema se agudizó a tal punto que la Corte Constitucional, en una sentencia de 1998, declaró que había “un estado de cosas inconstitucional en la falta de protección a los defensores de derechos humanos”. En un jalón de orejas mayúsculo para el Estado colombiano, el alto tribunal señaló que “si el Estado cumpliera a cabalidad su deber de prevenir, investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos, no surgiría la necesidad de que los particulares se convirtieran en defensores de aquellos derechos”. Poco o nada ha cambiado desde entonces.
::Crímenes contra defensores de dd.hh.: el representativo caso de Héctor Abad Gómez (II)::
El caso Cinep El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), creado y manejado por la comunidad jesuita, lleva años en el ojo de los violentos y el punto más alto de la violencia en su contra tiene nombre y apellido: la pareja de Mario Calderón y Elsa Alvarado. Calderón era un jesuita retirado y Alvarado, una comunicadora que trabajaba en el Cinep cuando conoció a Calderón. Volcaron sus esfuerzos especialmente a la comunidad campesina del Sumapaz. El 19 de mayo de 1997, un grupo de sicarios entró a la fuerza a su apartamento y los asesinó a ellos dos y al padre de Elsa. Sobrevivieron su madre y el hijo de ambos.
La Fiscalía señaló entonces que Elsa Calderón, “en un arranque heroico y maternal”, escondió a su bebé de 19 meses en un armario, lo que hizo de Iván Calderón Alvarado una especie de “mito urbano”. Veinte años más tarde, la propia familia Alvarado le dijo a este diario que esa información no era cierta. Más allá de esas nimiedades, lo cierto es que entre 1997 y 2018 han sido señaladas como responsables veinte personas. El caso, incluso, fue declarado de lesa humanidad. Nada de ello, sin embargo, ha significado justicia efectiva. Por ejemplo, solo uno de los siete primeros capturados fue condenado.
La Fiscalía vinculó después a miembros del Bloque Cacique Nutibara, entre ellos los hermanos Carlos y Fidel Castaño Gil y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. Desde una cárcel de Estados Unidos, adonde fue extraditado en 2008, este último confesó que quien había señalado a los esposos ante los paramilitares fue un oficial del Ejército: “El coronel Plazas (Acevedo)”. Le decían Don Diego, contó Don Berna. “Él pasaba la información de que los esposos Alvarado hacen parte de la estructura del Eln y son los que manejan la parte política y social”.
:El crudo informe de la Fiscalía sobre los falsos positivos::
Fue un crimen, admite la Fiscalía, osado. En un edificio residencial en una zona “buena” de Bogotá. “Ellos [los sicarios, de la banda La Terraza, de Medellín] sabían que tenían el apoyo de los militares, que había un control en la zona; o sea cada vez que se hacía algún tipo de acción de esta es porque iban sobre seguros”, expresó Don Berna, quien aseguró que la coordinación con la Fuerza Pública la hacía directamente Carlos Castaño. Un modus operandi que se hizo evidente en varios crímenes más en esa época, tan representativos como el de los Calderón.
El exjefe paramilitar negó que hubiera un estigma contra los defensores de derechos humanos. “Somos respetuosos en ese aspecto”, aseguró ante la Fiscalía. Palabras que se diluyen en la realidad: luego del asesinato de la pareja del Cinep vinieron tres grandes golpes al sector de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Primero fue Jesús María Valle, un reconocido abogado antioqueño empeñado en denunciar que hubo militares involucrados en las masacres de Ituango (La Granja y El Aro, 1996 y 1997). Tal como advirtió la Corte Interamericana en 2006, al condenar al Estado colombiano.
::Desmonte de los sucesores del paramilitarismo, gran deuda de la Fiscalía::
El año pasado, la Corte Suprema de Justicia declaró crímenes de lesa humanidad tanto el asesinato de Valle como la masacre de El Aro. La determinación se tomó en el marco de la indagación preliminar que existe contra el hoy senador —y entonces gobernador de Antioquia— Álvaro Uribe Vélez, quien ha negado hasta la saciedad haber tenido nexos con grupos paramilitares. Jesús María Valle y Mario Calderón eran además miembros del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos: el mismo que fundó Héctor Abad Gómez, asesinado en 1987 también con posible participación de agentes estatales.
El segundo gran golpe fue el asesinato del reconocido penalista José Eduardo Umaña Mendoza. Los sicarios, así como con Valle, se metieron a su oficina y allí acabaron con su vida. “Al igual que Valle, este abogado había denunciado acciones irregulares de agentes del Estado”, advierte la Fiscalía. En especial, desapariciones forzadas “por parte de integrantes del Batallón Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia (Charry Solano) y la Brigada XX del Ejército”. La Brigada XX fue desactivada un mes después del homicidio de Umaña, en medio de enormes cuestionamientos por su participación en graves crímenes.
Umaña Mendoza fue el primer abogado que asumió la representación de las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia, denunció la participación del Estado en el exterminio de la Unión Patriótica y defendió a sindicalistas de Telecom, ETB y la USO de Ecopetrol. En este último tema, el litigante descubrió que la Fiscalía sin rostro de los años 90, con ayuda de militares, estaba clonando testigos: gente no identificada que aparecía dando testimonio en múltiples expedientes no conectados entre sí. De la complicidad entre militares y paramilitares para ejecutar este crimen también habló Don Berna.
El último gran golpe de esta seguidilla de asesinatos fue el del periodista, humorista y abogado Jaime Garzón, acribillado el 13 de agosto de 1999 en la mañana, cuando se desplazaba a su trabajo, en Bogotá. “Para ese momento, Jaime Garzón era un facilitador de la liberación de personas secuestradas por las organizaciones guerrilleras”, resaltó la Fiscalía. Según Don Berna, para Carlos Castaño era “suficiente” con concluir que el trabajo de los defensores le hacía “juego” a la guerrilla. Por eso, por ejemplo, mataron a los Calderón: porque trabajaban en el Sumapaz y esa era considerada “zona roja”. Así de simple.
Todos estos procesos, relacionados con crímenes que se perpetraron en las presidencias de Ernesto Samper y Andrés Pastrana, han sido declarados de lesa humanidad. En el caso de Garzón, el coronel (r) Jorge Plazas Acevedo está en juicio y José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, fue condenado a treinta años de prisión.
::»Tengo derecho a conocer la verdad”: Iván Calderón Alvarado::
Comunidad de Paz de San José de Apartadó “Al igual que en muchas zonas del Urabá, San José de Apartadó fue testigo de múltiples procesos organizativos que intentaron suplir la precaria presencia del Estado en la región”, resalta la Fiscalía. “En ocasiones, estos recesos se entrecruzaron con los objetivos del Epl y las Farc-EP de fortalecer su proyecto político, especialmente en las comunidades campesinas desplazadas y los sindicatos de la industria bananera”. Además, fue una zona de la izquierda, de procesos comunitarios forjados de la mano con la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Más que “suficiente”.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía, a la Comunidad de Paz la han atacado todos los actores armados. Lo hicieron las Farc, ejecutando a personas que se negaron a cumplir sus órdenes. Lo hicieron, sobre todo, los paramilitares, “quienes, en ocasiones, actuaron en connivencia con agentes del Estado e importantes sectores económicos”, indica el organismo investigativo. “A pesar de que la comunidad declaró su neutralidad en el conflicto y vetó la presencia de cualquier actor armado con el fin de proteger los derechos fundamentales de sus pobladores, la violencia en su contra continuó”.
::La Comunidad de Paz de San José de Apartadó: 20 años de resistencia::
La Fiscalía cree que el incremento de acciones en su contra, tal vez, se debe a que la Comunidad de Paz “se convirtió en un agente de denuncia” que ha tenido “gran eco, debido al acompañamiento de ONG nacionales e internacionales”. La gente del corregimiento San José de Apartadó, en general, ha sido estigmatizada, y en ese contexto se han dado múltiples crímenes. Por ejemplo, la ejecución extrajudicial de Heliodoro y José Elías Zapata y Félix y Alberto Valle. Eran campesinos de la zona que fueron reportados como muertes en combate. Un soldado confesó el crimen y explicó que trataron de eliminar evidencia en una hoguera.
Habitantes tanto de la Comunidad de Paz como del corregimiento San José de Apartadó han sido acosados, hostigados e incluso asesinados. La Fiscalía cuenta con testimonios también de exparamilitares que han contado cómo trabajaban de la mano con el Ejército en esta región. Fue por ese contubernio que, entre otros, se dio uno de los crímenes más escabrosos que haya visto esa zona, que no menciona la Fiscalía en su reporte: la masacre de tres niños (incluida una pequeña de dos años) que fueron degollados, según reveló uno de los responsables, para que no se volvieran guerrilleros cuando grandes.
::Fiscalía ya entregó los 17 informes que preparó sobre el conflicto armado::
La fiscal Yolanda Paternina La Fiscalía, en este informe, incluyó a funcionarios judiciales que luchaban especialmente contra la impunidad. Fue el caso de Yolanda Paternina, quien fue acosada, hostigada y, finalmente, asesinada. «De acuerdo con la información obrante en el proceso, la presunta participación los agentes estatales consistió en otorgar información que llevó al asesinato de la víctima», señala el organismo investigativo sobre la muerte violenta de uno de los suyos. Una fiscal especializada que se dedicó a documentar la violencia paramilitar en Sucre, lo cual le costó la vida el 29 de agosto de 2001.
Paternina buscaba responsables por crímenes cometidos por las AUC en la región, como las masacres de Chengue, El Salado o San Antonio del Palmito. Incautó material de guerra y afectó las finanzas de bloques como el de Los Montes de María y La Mojana Sucreña. Esa fue su sentencia de muerte. Ella «continuó valientemente su trabajo investigativo en pro de la justicia», relata la Fiscalía en su documento, admitiendo un hecho vergonzoso: «La fiscal no recibió el pleno apoyo de la institución a quien había servido, quien no le brindó medidas de seguridad que garantizaran la protección de su vida».
Peor aún, «según los testimonios de algunos ex integrantes de las autodefensas, miembros de instituciones del Estado (DAS, Policía y FGN) ayudaron a consolidar el plan que terminó con su vida. Un abogado le reveló a ella que el jefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, había pedido que la secuestraran cuando fuera a Barranquilla a visitar a sus hijos -los cuales eran objeto de seguimientos también- y que la llevaran ante él «para ejecutarla personalmente». Pero «Paternina no desfalleció». A pesar de los hostigamientos, sus investigaciones siguieron adelante.
::‘Pitirri’, ventilador de la parapolítica::
La fiscal lanzó las alertas que pudo al ente investigador. En febrero de 2001, seis meses antes de ser asesinada, envió una comunicación que decía: «Como quiera que estos hechos [los hostigamientos y planes de asesinato] son el resultado de los procedimientos que esta Unidad ha adelantado, en cumplimiento de su deber, pues no podemos negarnos a realizar los allanamientos que la Infantería de Marina, SIJIN y CTI solicitan, considero que corresponde al Estado brindarme si se puede la seguridad debida (…) Si algo me llega a suceder, de ello es responsable el señor Rodrigo Antonio Mercado Pelufo”.
En esa época, reconocieron compañeros de Paternina, ella era la única fiscal que se animaba a hacer allanamientos y operativos contra los paramilitares, «razón por la que deben eliminarme», le dijo la fiscal especializada a su entidad en un oficio enviado cinco meses antes de su homicidio. Ella pedía que la trasladaran a Cartagena o a Barranquilla para estar cerca de sus hijos, y se negaba a aceptar un cargo en otro lugar porque, decía, sus niños se verían «abocados a iniciar un viacrucis de andar de ciudad en ciudad». Y, además, mudarse a otra ciudad le generaría un gasto que ella, con su sueldo, no podía costear.
Por eso, en otro de sus oficios, le escribió a la Fiscalía el año en que la mataron: «Con el respeto que me merece, le ruego el favor de no ordenar mi traslado para ciudad diferente, prefiero quedarme donde estoy». ¿Sentiría temor entonces? Cualquiera habría dicho, de entrada, que sí. Pero no ella. «La verdad no siento miedo», le dijo a sus superiores. «Creo que no tengo porque morir por causa de la violencia y menos por cumplir correctamente con una de las misiones que Dios me ha encomendado. El DAS sabía de los planes que había para asesinarla y, aun así, catalogó su riesgo como «medio bajo».
A pesar de esas circunstancias, Yolanda Paternina llegó al 29 de agosto de 2001 sin escoltas. Uno había salido a vacaciones y otro se retiró temprano por la escasez de personal en el CTI. Su hija confirmó que, ese día, la funcionaria trató insistentemente de avisar que se encontraba sin protección. «El asesinato de Paternina ocurrió en un contexto mayor de ataques en contra de operadores judiciales» en relación con el conflicto. En 2001, uno de los años más agresivos para los funcionarios judiciales, por lo menos 10 fueron asesinados, dos fueron desaparecidos, cuatro fueron secuestrados y 50 más recibieron amenazas.
La masacre del Caney «La noche del 22 de julio de 2003 -cuenta la Fiscalía-, dos hombres ingresaron al bar El Caney, ubicado en el municipio de Saravena, Arauca, y dieron muerte a cuatro personas: Uriel Ortiz, Gerson Silva, Henry Bautista y Flabio Torra. Uriel Ortiz era un sindicalista de la Empresa Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de Saravena (ECCAS). Por su parte, las otras tres víctimas eran empleados de la quesera Lácteos Giraldo. Según los testigos, miembros de la Policía habían efectuado una requisa minutos antes de los hechos. Supuestamente, solicitaron que se bajara el volumen de la música».
Así comenzó este episodio. Una masacre en la que, dice la Fiscalía, podrían estar involucrados miembros de la Policía. Cuatro supuestos uniformados requisaron a las víctimas y, minutos más tarde, dos hombres con cachucha asesinaron a Flabio Torra dentro del establecimiento. Uno de los testigos de los hechos contó a la justicia que los hombres con gorra «se dirigieron directamente a Flabio (Torra), ellos cuando llegaron ya sabían a quién buscar». Un crimen cuyas circunstancias se repetían, a esa misma hora, en el mismo municipio, en otro bar. La víctima: Argemiro Bustacara, sindicalista del Hospital del Sarare.
Previo a los asesinatos, algunas de las víctimas habían tenido encuentros con la Fuerza Pública. Uriel Ortiz, por ejemplo, fue detenido por la Policía 55 días antes de la masacre en el bar El Caney y habría sido torturado. Junto a él fueron capturados otros dos líderes sindicales, a quienes, declaró Ortiz, los policías acusaban de guerrilleros e insultaban diciéndoles «sindicalistas malparidos». En ese tiempo aumentaron las amenazas contra funcionarios del ECCAS. «Muerte a los milicianos del ECCAS», fue uno de los grafitis que apareció en la fachada de la empresa.
A la par con la investigación por la masacre de El Caney, y que la familia de Argemiro Bustacara denunció que la Policía la había amenazado al ir a recoger su cadáver, se unieron dos expedientes más, por asesinatos perpetrados en circunstancias similares. Uno fue el de Marco Antonio Medina y otro, el de Rito Hernández Porras. «(Los testigos) señalaron la aquiescencia de la Policía Nacional. Supuestamente, los asesinos se refugiaron en la estación de Policía, y había presencia cercana de miembros de esta institución minutos antes o durante los hechos».
«Los hermanos de la víctima siguieron a los agresores. Sin embargo, durante la persecución, los familiares fueron detenidos por efectivos de la Policía, quienes presuntamente los trataron de forma displicente. Según (declaró) uno de los hermanos, uno de los agentes le dijo que le iban a disparar si continuaba caminado hacia la estación (…) mientras realizaban diligencias con relación a la autopsia de Rito Hernández, volvieron a ver a uno de los supuestos atacantes, quien hablaba con un oficial de apellido Suaza. Supuestamente, luego de esto, el atacante se dirigió a una garita de esta institución».
Era un clima hostil. Un policía que fue interrogado habló de la «desconfianza mutua» que había en la zona por «la supuesta injerencia de la guerrilla en la población». El hospital, en especial, era visto como un edificio de la guerrilla. «Vamos a acabar con todos ustedes y también con los hijueputas del hospital», denunció un civil en esa época ante la Personería Municipal. Quien lo insultaba era un policía. Paramilitares desmovilizados señalaron después que en esos crímenes, además de los «paras», habían participado miembros de la Policía. «Supuestamente, la Policía los había felicitado por estas muertes».
El profesor Correa de Andreis En enero de este año, el Consejo de Estado tomó una decisión fundamental para devolverle a la familia Correa de Andreis un poco de la honra y el buen nombre que el Estado les quitó al capturar a su hijo, señalado injustamente de ser un ideólogo de las Farc. El profesor de las universidades del Norte y Simón Bolívar, en Barranquilla, fue acusado de ser alias Eulogio por el DAS. Según el alto tribunal, las labores de inteligencia de la policía de la Presidencia «fueron utilizadas con fines oscuros». Era el año 2004. Después, el escándalo de las «chuzadas» del DAS pondría contra la pared al entonces presidente, Álvaro Uribe.
En su informe, la Fiscalía señala que el docente y sociólogo «fue víctima de un montaje judicial por el delito de rebelión». Lo que es más grave, «el proceso judicial en su contra estuvo vinculado con su posterior asesinato por parte de las AUC con apoyo de miembros del extinto DAS». Correa de Andreis trabaja especialmente con comunidades desplazadas, lo que lo ubicaba frecuentemente en situaciones de choque con entidades del Estado. También hizo parte de la Red Universitaria por la Paz y otras organizaciones que propendían por una negociación para acabar el conflicto.
El DAS, en cambio, lo sindicaba de ser Eulogio y, con base en informes de inteligencia de esa entidad, Correa de Andreis fue detenido el 17 de junio de 2004.Lo dejaron unas semanas tras las rejas porque, según el fiscal del caso, el profesor había estado en campamentos de las Farc tanto en Colombia como en Venezuela. Su defensa presentó soportes que lo situaban con certeza en otros lugares en las fechas que que habría estado en los mencionados campamentos y, gracias a esos documentos, Correa de Andreis recuperó su libertad un mes después de su arresto. Pero el daño ya estaba hecho.
Tres meses después de su captura, Correa de Andreis fue acribillado en una calle del barrio El Prado, donde vivía en Barranquilla. Un sicario en moto disparó contra él, contra su escolta y huyó; ambos fallecieron. Después de los asesinatos, gente cercana al profesor (su esposa, el abogado que lo defendió en el proceso de rebelión) empezaron a ser hostigados. Se detectaron más amenazas contra otros profesores y contra estudiantes de las universidades donde Correa de Andreis había trabajado, justo después de su muerte. Uno de ellos tuvo que dejar el país e irse al exilio.
«Se conoció que algunos estudiantes “habían sido abordados por personas que decían ser agentes del Estado y que decían que no iban a permitir que se le colocaran en la Universidad las Farc [SIC]”, dice el informe de la Fiscalía, organismo que, desde finales de 2004, empezó a recabar evidencias que vinculaban a los paramilitares con el crimen. En abril de 2005, el organismo investigativo pidió la declaración del exdirector de informática del DAS, Rafael García Torres y, en agosto del mismo año, consiguió la de un abogado de un exparamilitar que vinculó el crimen a Édgar Fierro, alias Don Antonio.
«Ese operativo fue grande, se gastaron como ocho millones de pesos en viáticos», contó el abogado de exparamilitares. «Había otra moto que utilizaron para el despiste [y] que entró en contravía pero solo era para el despiste. Al muerto lo acompañaron hasta la clínica del Prado para ver si efectivamente estaba muerto y si no, para rematarlo». Según la información que tenía el litigante, los paramilitares sabían que Correa de Andreis no hacía parte de las Farc. «El malestar de los miembros de las autodefensas era que el señor Correa tiraba más para el lado de la guerrilla que para el de los paramilitares».
García Torres, por su parte, reveló la existencia de unos «listados de líderes sindicalistas, activistas de izquierda, profesores y estudiantes universitarios, los cuales eran entregados [por el DAS] a grupos de autodefensa del Bloque Norte para que atentaran contra ellos». Las listas no se comprobaron, pero en 2011 fue condenado a 25 años de prisión Jorge Noguera, exdirector del DAS, a quien la justicia le probó que puso la entidad al servicio del paramilitarismo. La Corte le ordenó a Noguera pagarle una indemnización de 300 salarios mínimos a la familia del profesor Correa de Andreis.
Algunos paramilitares también fueron condenados por el crimen, entre ellos, el comandante del Bloque Norte, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. En esa sentencia, dice la Fiscalía, «se señaló la participación de integrantes del DAS en la comisión del delito, específicamente la existencia de los supuestos listados que circulaban del organismo de seguridad al grupo ilegal». La investigación contra Jorge Noguera fue clave para constatar «la existencia de varias irregularidades en el proceso que se había iniciado contra el sociólogo por el delito de rebelión». Especialmente el papel de Javier Valle Anaya.
Nombrado subdirector del DAS en Magdalena por Jorge Noguera, Valle Anaya pasó informes con inconsistencias fáciles de detectar -si alguien hubiera querido hacerlo-. Cosas tan simples como que no coincidían nombre y cédula de los testigos. Valle Anaya mantenía una relación estrecha con Don Antonio, hombre clave de Jorge 40, y con el jefe de la comisión política del Bloque Norte, alias el Médico. Hasta se probó que los transportó en vehíchulos del DAS para «realizar de manera mancomunada actividades ilegales». En 2017 fue condenado por homicidio y concierto para delinquir.
La periodista Claudia Julieta Duque De los seis casos representativos que enlista la Fiscalía, ella es la única que sigue con vida. Según el informe del organismo investigativo ante la JEP, Duque fue víctima de «graves sufrimientos», con participación directa de agentes del Estado. Específicamente, del DAS. La batalla de la periodista contra sus verdugos sigue vigente, al punto que, esta semana, se supo que uno de los procesados por las torturas psicológicas que sufrió ella, el exsubdirector Emiro Rojas, le pidió a un juez que le impida a la periodista informar u opinar del caso. La FLIP y Human Rights Watch pidieron que se rechazara la solicitud.
Periodista por más de 25 años, el viacrucis para Duque, según la Fiscalía, comenzó cuando posó sus ojos de reportera en el caso del humorista Jaime Garzón. Al darse cuenta de que el DAS podía estar involucrado en el crimen, presentó las respectivas denuncias, las cuales le generaron seguimientos, hurtos y hasta un secuestro. «A través de la investigación de la FGN se pudo establecer que varios de los ataques en contra de la víctima tuvieron su origen en el DAS». Las agresiones no se han limitado a ella: han llegado a su familia, amigos y hasta sus abogados.
En julio de 2001 vino el secuestro en forma de paseo millonario. Quienes la retuvieron le advirtieron que no era «un caso fortuito» y que eso le pasaba «por querer desenterrar a los muertos, por querer sacar la basura de su lugar». A partir de ahí notó automóviles parqueados frente a su casa con frecuencia, o que la seguían a ella y a su hija, que por esa época tenía 7 años. Eran carros, se comprobó después, del DAS. Salió al exilio durante un año pero, al volver, las cosas no mejoraron. De hecho, se pusieron peores: las amenazas pasaron a estar relacionadas con su niña, a quien, le indicaban, podría no volver a ver.
::“Estos tipos no son monjas de la caridad, son torturadores”: Claudia Julieta Duque::
La tortura siguió. Además de los seguimientos, solían llamarla a su casa y ponerle música fúnebre, o preguntarle si ahí funcionaba una funeraria. La intimidaban con frases como «pa picarla, gonorrea». Se carcajeaban. Le ponían a oír gritos como si alguien, al otro lado de la línea, estuviera siendo torturado. Le enviaron ramos con las flores en la tierra y los tallos por fuera. Le enviaron queso podrido. El gobierno le asignó un carro blindado, pero la cosa se puso aun peor. En las llamadas empezaron a decirle que la única salida era matar a su hija, quemarla viva, esparcir los dedos de la pequeña por su casa. Qué no le dijeron.
Para 2006, la Fiscalía ya empezaba a indagar sobre las irregularidades del DAS. Se hicieron inspecciones en las que se hallaron «elementos que indicaban la existencia de seguimientos e interceptaciones» a integrantes de organizaciones de derechos humanos o «personajes considerados críticos del Gobierno», que entonces era encabezado por Álvaro Uribe. «Sobre Claudia Julieta, se encontró abundante información que daba cuenta de las interceptaciones electrónicas y telefónicas, los seguimientos, las labores de inteligencia, así como el monitoreo de sus viajes, de sus cuentas bancarias y movimientos migratorios».
«Uno de los elementos más reveladores se encontró en el folio 170 de la AZ 54. Se trataba de un documento -sin título ni rótulo- impreso en papelería oficial del DAS, el cual contenía indicaciones sobre cómo se debía hostigar a la periodista con la amenaza de asesinar a su pequeña hija de diez años. El documento, con fecha del 17 de noviembre de 2004, señalaba el número fijo, los correos y el cargo de la víctima. También contenía aspectos de seguridad (v.g. “En la casa CJD tiene identificador de llamadas y graba sus conversaciones”) y advertencias», cuenta la Fiscalía en su informe.
Se trataba de «una especie de manual» para torturar a la periodista psicológicamente. Allí indicaban que quien fuera a hacer la llamada debía desplazarse en bus, constatar que en el sitio no hubiera cámaras de seguridad, «no tartamudear», durar máximo 49 segundos o tomar precauciones en caso de que Duque diera voz de alerta a la Policía. Incluso, mostraban qué se debía decir: «Nos tocó meternos con lo que más quiere, eso le pasa por Perra y por meterse en lo que no le importa vieja gonorrea Hijueputa (sic)”. Duque le diría después a la justicia que, desde entonces, esa amenaza la llevó consigo a todas partes.
Los efectos de las torturas sobre la periodista fueron enormes. Medicina Legal certificó que «presentaba trastornos psiquiátricos por estrés postraumático», debido a los seguimientos e intimidaciones de los que fue víctima entre 2001 y 2004. Los peritos de Medicina Legal «indicaron que la constancia de los hostigamientos conllevó a que los síntomas de estrés postraumática se volvieran crónicos y afectaran sus esferas personal, social, familiar y laboral». Detectaron en ella trastornos del sueño, cambios conductuales, merma en sus capacidades intelectuales y repercusiones físicas, entre otros.
Ante las evidencias, al organismo investigativo no le quedó de otra que abrir investigación contra varios exfuncionarios del DAS por «tortura, ya que estas actividades ilegales ‘hacían parte de todo un engranaje estratégico para intimidar a la víctima y disminuir su capacidad mental mediante amenazas que de manera clara, eran dirigidas a provocar la angustia psíquica de una madre y por ende, el aminoramiento de su actividad profesional como periodista’. Por tal razón, los seguimientos y hostigamientos se hacían intencionalmente visibles y expresos al punto de comunicarle a la víctima directamente: ‘te estamos siguiendo’».
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