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Durante 25 años, Cristian Hernando Herrera Nariño hizo periodismo al tiempo que esquivaba balas y amenazas. Caminó por la frontera colombo-venezolana; reportó la guerra entre grupos armados en la región del Catatumbo; indagó sobre las movidas de los políticos de Norte de Santander y puso en evidencia los casos de corrupción protagonizados por funcionarios públicos.
Se convirtió en una voz incómoda para los poderosos y necesaria para el periodismo y para la democracia de su región y de Colombia. El pasado sábado 6 de junio, cuando llegaba a un almuerzo familiar en Cúcuta, un sicario a bordo de una motocicleta descargó una ráfaga de nueve disparos contra el comunicador, padre de dos hijos, y segó su vida.
Cristian Herrera tenía 50 años y construyó a punta de reportería una prestigiosa carrera en el periodismo de Cúcuta, su ciudad natal, y de Norte de Santander. La pasión por las historias le venía en la sangre. Su padre, Hernando Herrera, fue durante años uno de los fotógrafos del diario regional La Opinión. A la sombra de su papá se interesó por investigar y contar la verdad.
Empezó a estudiar Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y cuando estaba en noveno semestre, poco antes de recibir el diploma, se retiró para llevar a la práctica real lo que había aprendido en las aulas. A inicios de los 2000 entró a La Opinión, el mismo medio en el que trabajó su papá, y poco después recibió las primeras amenazas.
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“La delincuencia azota a Cúcuta”, fue el título de la primera publicación por la que fue intimidado, en el año 2003. Para entonces, el comunicador estaba investigando la forma en la que las autoridades de la capital de Norte de Santander estarían manipulando las cifras relacionadas con la percepción de seguridad en la ciudad.
“Gracias a una fuente dentro de la Policía, puse al descubierto que la Policía estaba manipulando sus estadísticas. Si ellos decían que se habían robado 20 motos en un mes, la cifra real era 200. Después de la publicación me amenazaron, llegaron a mi casa a buscarme para matarme”, narró Cristian Herrera en enero de 2017, en entrevista con El Espectador.
El 10 de junio de 2004, las intimidaciones tomaron forma y rostro. Cristian Herrera estaba con un fotógrafo de La Opinión durante un operativo contra un supuesto narcotraficante. Los uniformados lo agredieron y uno de los integrantes de la Dijín de la Policía, como recordó el propio reportero en una entrevista, le hizo una advertencia contundente: “Hijueputa, si llega a sacar alguna foto, los pelamos”.
Su vida corría riesgo al punto que un día los paramilitares llegaron hasta la sede del diario en el que trabajaba para decirle que se fuera del país. “Me dijeron: ‘Le pedimos encarecidamente que se vaya porque a usted lo van a matar y nos van a echar la culpa a nosotros’”, recordó en una conversación con este diario.
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Cristian Herrera tuvo que salir del país junto a su esposa y exiliarse en Chile durante casi un año. Regresó a Colombia en agosto de 2005 porque su padre estaba gravemente enfermo y extrañaba hacer periodismo. En noviembre de ese año se reintegró al equipo de periodistas de La Opinión y, como bien sabía hacerlo, afiló el olfato periodístico y la pluma para narrar las movidas de los poderosos en su región.
“Cristian fue, sin duda, el periodista más informado de Norte de Santander en lo corrido del siglo 21. Judicial ciento por ciento (…) fue un rebuscador nato y, de ser el reportero de todos, logró avanzar hacia sus propias plataformas. Muy activo, muy arrojado”, expresó Jorge Cardona Alzate, periodista y exeditor general de El Espectador.
Durante un tiempo pudo hacer su trabajo sin ser blanco de amenazas, hasta que en 2014 de nuevo cayó en la mirada de los violentos incómodos con el periodismo riguroso. En esa oportunidad recibió un panfleto firmado por el grupo delincuencial Los Rastrojos, en el que lo declaraban objetivo militar por publicar información relacionada con los golpes de las autoridades a esa estructura ilegal, ligada en su momento al cartel del Norte del Valle.
También en octubre de 2014 recibió amenazas por publicar una entrevista con algunos jefes guerrilleros del frente Carlos Germán Velasco Villamizar, una estructura urbana del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Denunció la situación y recibió protección por parte del Estado.
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La noche del 12 de enero de 2017, una vez más, Cristian Herrera sintió que el horror le heló los huesos. En su diálogo de ese momento con este diario, el reportero contó que se dirigía hacia la cárcel de Cúcuta, en el sector de El Cerrito, porque le habían informado que cerca de allí una mujer taxista había sido asesinada.
Abordó el carro que le había asignado la Unidad Nacional de Protección (UNP) junto a su compañero Andrés González y salieron hacia el sitio. En el trayecto, dos motocicletas les cerraron el camino. El vehículo retrocedió y, a menos de un kilómetro de un CAI de la Policía, seis motocicletas los rodearon y golpearon el vehículo. El crujir del vidrio trasero del carro, roto por una ráfaga de disparos, les hizo creer lo peor.
Ese ataque tampoco logró silenciar al reportero. La UNP le reforzó sus medidas de seguridad con un vehículo blindado, dos escoltas, un chaleco antibalas y un celular que tuvo asignados hasta el mediodía del 6 de junio de 2026, cuando un sicario le disparó en nueve oportunidades en la cabeza y en la espalda mientras llegaba a almorzar en la casa de su suegra, en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta.
Ya no trabajaba en La Opinión. El 2 de octubre de 2024 renunció al periódico en el que laboró durante cerca de 23 años para dedicarse a los medios digitales. “Seguiré adelante en el periodismo y haciendo lo que más me gusta: investigar. Y ahora, si nadie me frena, vendrán cosas bellas”, escribió ese día en su cuenta de X.
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El periodista Camilo Picón acompañó a Cristian Herrera en los dos últimos años en los que se dedicó a hacer periodismo en dos portales digitales: Cúcuta Real y Cúcuta al Rojo Vivo. En diálogo con este diario, lo recordó como un hombre apasionado por el periodismo y defensor de la verdad. “Si uno lo llamaba a las 2:00 de la madrugada porque había un ataque a la fuerza pública o un homicidio, se levantaba e iba. Recuerdo que en 2025, cuando empezó el conflicto en Catatumbo, no había pasado una semana cuando alquiló un carro y nos fuimos para allá. Así de apasionado era, no se quedaba quieto”, narró el periodista.
En eso coincidió Jorge Cardona: “Entró y salió del Catatumbo las veces que quiso. Todos los ilegales y los legales sabían quién era por su personalidad expansiva y su serenidad a la hora de manejar las fuentes”.
Mientras hacían periodismo independiente en plataformas digitales, las amenazas no se detuvieron. Camilo Picón narró que en varias ocasiones fueron víctimas de seguimientos por parte de personas extrañas en los sitios en los que se reunían para adelantar reuniones de trabajo. Pese a que denunciaron la situación ante las autoridades, nunca recibieron respuestas.
“En Cúcuta hay una falsa percepción de que el periodista denuncia porque quiere esquema de la UNP. Quizás por eso no le están prestando atención a las investigaciones. Solo las reciben y las engavetan, porque no vuelven a hacer seguimiento. Solo es poner la denuncia como para dejar un registro de qué está ocurriendo”, expresó el periodista.
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Las escasas investigaciones por parte de las autoridades para proteger a los periodistas y garantizar el ejercicio de su labor retumbaron de nuevo con el asesinato de Cristian Herrera. Es el tercer comunicador asesinado en ese departamento en menos de dos años, pues la lamentable lista la engrosan también el periodista Jaime Vásquez, asesinado en abril de 2024 en Cúcuta, y el comunicador y líder comunitario Jorge Méndez, asesinado en junio de ese año en Tibú.
“La muerte de Cristian simboliza que debemos seguir adelante, que aunque hay miedo, los micrófonos no se pueden apagar. Hoy celebran los delincuentes y los políticos, pero los periodistas seguimos firmes por este bonito oficio de informar”, expresó Camilo Picón.
Para Jorge Cardona, el crimen contra este comunicador, quien además era reportero de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), abre una nueva grieta en un país azotado por la violencia. “El asesinato de Cristian deja a Norte de Santander sin una voz crucial. Es difícil para una sociedad lograr un periodista tan jugado por el oficio, y por eso es tan grave su silencio forzado”, expresó.
En eso coincidieron las voces del ámbito nacional e internacional que rechazaron el crimen. Desde las autoridades de Cúcuta y de Norte de Santander, hasta la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) y las Naciones Unidas en Colombia.
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La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en el país emitió un pronunciamiento en el que rechazó el crimen y pidió celeridad en las investigaciones para esclarecer lo sucedido: “Instamos a las autoridades competentes a investigar, judicializar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen que enluta al Norte de Santander y al país”.
En la misma línea se pronunció la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión IDH, que pidió concentrar esfuerzos para esclarecer el crimen: “Esto supone la existencia de unidades y protocolos de investigación especiales, así como la identificación y el agotamiento de todas las hipótesis criminales posibles que vinculen la agresión con el ejercicio profesional de la víctima”.
“El asesinato de un periodista constituye una de las formas más graves de censura. Genera miedo, propicia la autocensura y afecta el derecho de las comunidades a recibir información sobre lo que ocurre en sus territorios. La democracia se debilita cuando informar pone en riesgo la vida”, indicó la Defensoría del Pueblo. En la misma línea se pronunció la FLIP: “Cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable para sus seres queridos, para el periodismo y para la democracia”.
Para Camilo Picón, que trabajó junto a Cristian Herrera durante los últimos años y fue su amigo, este crimen es un motivo para seguir adelante. “Hay que ser valientes. Aunque hay miedo, tenemos que seguir adelante, porque nuestras regiones y nuestras ciudades nos necesitan”, concluyó.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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