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En el rincón más alejado del oriente boyacense colombiano, próximo a atravesar los límites con Venezuela, se encuentra Cubará, un municipio que recibe los últimos metros del Parque Nacional Nevado del Cocuy, y que está conformado mayoritariamente por el pueblo indígena U’wa. El pasado 9 de enero, más de 100 de ellos estuvieron reunidos para escuchar el fallo histórico que les dio la razón y ordenó la protección de sus derechos a la vida, al territorio y a la cultura. El 20 de diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Colombia por permitir durante años actividades petroleras, mineras y turísticas en el territorio ancestral del pueblo, lo que resultó en múltiples vulneraciones a sus derechos. La sentencia obliga al Estado colombiano a garantizar la protección de más de 13 de sus derechos humanos fundamentales.
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A las 2:30 de la tarde, el salón comunal de Asou’wa estaba repleto de mujeres, hombres y niños y niñas de todas las edades. Algunos viajaron más de un día, unos desde los Llanos Orientales y otros desde Santander, para estar presentes en la explicación de la sentencia, que significa un precedente para las luchas indígenas en Colombia y el mundo. Los cinco hombres que conforman los directivos de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa (Asou’wa) se sentaron en una mesa abajo de la tarima de concreto que sobresale unos metros. También estuvieron presentes dos abogadas de EarthRights International (ERI), organización que acompaña a los U’wa en este proceso jurídico. Laura Posada y Juliana Bravo tienen la tarea de explicarles, con las palabras más precisas y sencillas, cuál fue la decisión de la Corte IDH.
En el lugar, fue necesario que cada tanto, líderes y cabildos, caminaran hasta el escenario y tradujeran al idioma U’wa las palabras de las abogadas. Era fundamental que desde el miembro más pequeño de la comunidad, hasta la autoridad de más edad, entendieran las dimensiones de esta sentencia que tomó más de 26 años en llegar. De todos los casos en que la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado, el caso U’wa es el primero que reconoce las violaciones de derechos reclamadas por una comunidad indígena en Colombia. Esto es recalcado por Javier Villamizar, presidente de Asou’wa, quien agradeció a sus deidades por el fallo favorable a su pueblo y pidió un minuto de silencio por los U’wa que aportaron a la causa y murieron en la espera. Sesenta segundos en los que se escuchó más fuerte el chasquido constante de las muelas mascando hojas de coca.
La socialización de la sentencia comienza con una presentación proyectada con un videobeam en la pared. El primer recuadro contiene todos los derechos que fueron reclamados por los indígenas U’wa, de los cuales todos y cada uno fueron reconocidos como vulnerados por la Corte IDH, y adicional a estos, el tribunal condenó al Estado por dos más: no garantizar su derecho de reunión y a la niñez. Varias personas intervinieron en idioma U’wa, mientras las autoridades trataban de responder sus dudas y traducir a las abogadas para también pudieran contestar. Una traducción, no solo idiomática, sino jurídica, para que esos términos y conceptos abstractos tuvieran sentido en ese salón comunal. Un esfuerzo de parte y parte que además siempre estuvo atravesado por las creencias del pueblo protegido por esa instancia internacional.
Sira, el dios de los U’wa, los creó a cada uno con la misión de mantener y proteger la tierra, su territorio sagrado. Esta es su convicción más fuerte y la razón que los llevó a negarse desde el primer momento en que Ebaristo Tegría, el primer abogado de su pueblo, les habló de la propuesta del Gobierno para otorgar licencias de exploración petrolera en la zona. El interesado en 1994 fue la multinacional estadounidense Occidental Petroleum Corporation (OXY) en el Bloque Samoré, que hoy es conocido como la planta de gas Gibraltar, encargada de abastecer a toda Bucaramanga y varios municipios antioqueños y santandereanos. El Estado estaba obligado a realizar una consulta previa a los indígenas, pero esta nunca ocurrió. Si bien un fallo favorable de la Corte Constitucional ordenaba hacer un verdadero proceso de consulta previa, el Consejo de Estado otorgó la licencia a OXY.
Agotando todas las instancias judiciales en el país, Tegría llevó el caso al sistema interamericano en 1998, el cual tomó 17 años en llegar a la Corte IDH. En el tiempo que tardó en deliberar el caso, los indígenas U’wa siguieron manifestando su rechazo a la planta Gibraltar y otros proyectos como el oleoducto Caño Limón – Coveñas. Un enorme tubo capaz de transportar hasta 210.000 barriles diarios de crudo, el cual tiene un tramo que delimita con el resguardo indígena en Cubará e invade su territorio ancestral. Desde los 90 hasta hoy, a través de bloqueos en las vías y protestas, los indígenas exigieron entablar diálogos y acuerdos que fueron incumplidos por el Estado. Por eso, aunque autoridades ancestrales, cabildos y la propia comunidad reciben esta sentencia con alegría, las sospechas no pasan desapercibidas en los rostros de los presentes.
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La siguiente diapositiva expuso las medidas de reparación ordenadas al Estado y los plazos para su ejecución que varían entre un año, dos y hasta cuatro en el caso de la implementación de un fondo de desarrollo comunitario que financiará las acciones promovidas a la recuperación de la identidad indígena U’wa y que tendrá un valor de US$ 1.200.000. Un dinero que, para muchos, resulta insuficiente para los daños al ecosistema que los U’wa ven irreparables. Uno de ellos ocurrió el 25 de marzo de 2014, cuando el ELN voló una parte del oleoducto y el crudo derramado contaminó la quebrada La China, afectando el acceso al agua de la comunidad y su ecosistema. Cuántas voladuras y cuál fue el daño ambiental son preguntas que el Estado todavía no responde. Por eso, la Corte IDH le ordenó hacer estudios para tener evidencias de esas secuelas de la guerra.
En el salón comunal de Asou’wa, siete ventiladores hacían el esfuerzo por disipar el calor del ambiente, mientras iban y venían las traducciones. Los más de 100 indígenas seguían escuchando las explicaciones y la trascendencia de la decisión de la Corte, cuando un tema tensó el ambiente: la consulta previa. Aunque los U’wa exigieron la eliminación de este mecanismo para que pudieran decidir directamente sobre las actividades mineras y petroleras, esa pretención no prosperó. En contraste, la Corte IDH ordenó que se realice un proceso de participación entre los U’wa y el Estado, en el que este último deberá garantizar que los proyectos extractivos dentro y cerca del resguardo no generen impactos negativos en su derecho a la participación en la vida cultural. Una victoria a medias que abre el camino para que el Estado, de una vez por todas, escuche los reclamos de esta comunidad.
Aterrizar la sentencia de la Corte IDH en el resguardo indígena tomó más de 12 horas que se dividieron en jornadas de dos días. Sobre varios puntos, como el tema de la consulta previa y sus exigencias para “sanear” el territorio, fueron necesarias más de dos traducciones. Sin embargo, los indígenas ya tenían claro cuáles eran los puntos más complicados de la sentencia y los más difíciles de cumplir a largo plazo. “Nunca se va a ganar al 100% en un pleito internacional, pero ganamos el 90%”, señaló el presidente Villamizar. Además del asunto de la consulta previa, el presidente de Asou’wa se refirió a la decisión del tribunal internacional de aceptar que la comunidad administre con el Estado el Parque Nacional El Cocuy. Aunque habían pedido que fueran solo ellos los encargados de proteger la zona, la Corte IDH llegó a un punto medio.
En la reunión quedó claro que los indígenas mantienen su postura en contra del turismo en el Cocuy por las afectaciones que tiene en el ecosistema, pero también dimensionaron que deben ser creativos con las medidas de reparación que negociarán con el Estado. En esto fueron insistentes las abogadas que apoyaron el proceso y a todos les quedó la tarea de pensar cuáles serán los pasos a seguir para discutirlos en una reunión el próximo 24 de febrero en el mismo salón comunal. Luego de las abogadas, fue el turno para las intervenciones de los cabildos que, descalzos y con ropas empolvadas, dirigen a los U’wa palabras precisas que los hacen asentir. Mirándose entre ellos, parecieran recordarse que este proceso sigue y que lograron llegar al momento de mayor expectativa. Pero con esa victoria, también llega la incertidumbre.
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La comunidad sabe que, aunque el fallo salió a su favor y expertos y la comunidad internacional aplaudieron el triunfo, la verdadera tarea está apenas empezando. Aun así, lo que ocurrió ese día, en el que la justicia se escuchó en idioma U’wa, la comunidad espera que no sea ni el primero ni el último. “Esa reparación no va a hacer como el Estado quiere, sino a la medida que nosotros lo queremos hacer. El cómo es lo que debemos trabajar de aquí en adelante”, concluyó, en medio de aplausos, el abogado Ebaristo Tegría.
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