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Quienes conocen a Miguel Uribe Turbay coinciden en que es un hombre que tiene clara que la prioridad máxima en la vida es su familia. Por eso, hace unos meses, cuando empezó a leer mensajes en redes sociales en los que su hijo de cuatro años era el blanco de amenazas y comentarios agresivos, dio la orden a su equipo de borrar cualquier pista que sirviera para identificarlo. La instrucción también fue para que no quedaran fotos de “las niñas”, como así se refiere a las hijas del primer matrimonio de su esposa, María Claudia Tarazona. Uribe pidió seguridad para todos ellos e insistió, así no hubiera respuesta, que su familia debía estar protegida. Reiteró esa petición de reforzar ese anillo de seguridad para su familia, incluso más que para él mismo.
El terror de esas amenazas que él ya había identificado se materializó antes de las 5:30 de la tarde del sábado 7 de junio. Una ráfaga de disparos diluyó a una multitud que se concentraba en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en Bogotá. Decenas de personas se habían reunido allí para escuchar las propuestas que Uribe Turbay estructuró en su camino hacia la Casa de Nariño como precandidato presidencial del Centro Democrático. Todo se vino abajo cuando, a sus espaldas, un joven de 15 años desenfundó un arma glock de nueve milímetros. Disparó al menos ocho balas y tres de ellas impactaron al congresista: dos en su cabeza y uno en una pierna, un hecho que lo tiene, hasta el momento, en “estado crítico” en la Fundación Santa Fe.
Desde ese día, investigadores de la Policía y la Fiscalía avanzan a toda máquina para esclarecer cada uno de los sucesos que desencadenaron un atentado de tal magnitud. No obstante, con el paso de los días, varios elementos han quedado descartados en medio de las pesquisas, pues, como afirmó la propia fiscal, Luz Adriana Camargo, durante el desarrollo de las investigaciones se han “divulgado especulaciones e hipótesis apresuradas”. Lo que sí tiene claro el ente investigador es que el trabajo en este caso se debe manejar con cautela, pues las autoridades siguen indagando quiénes están detrás del atentado. Aunque ya cuenta con algunas pistas, aún no es claro quién dio la orden.
Si bien la Fiscalía no tiene registros de denuncias de amenazas en contra del legislador, ya está verificando si es cierto que a la familia Uribe Turbay la estaban siguiendo desde antes del atentado, al igual que a miembros de su equipo campaña. Estos detalles hacen parte del paquete de elementos que estudia la Fiscalía sobre el caso para dar con el paradero de quiénes podrían haber orquestado el plan criminal que tenía como objetivo atentar contra Miguel Uribe. Los posibles errores en la protección previa del candidato abrió otro capítulo judicial en toda esta maraña de sucesos. Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue denunciado por omisión por el abogado Víctor Mosquera, apoderado de la familia de Uribe Turbay.
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Según el jurista, en varias ocasiones previas al ataque, el senador había pedido aumentar el esquema de seguridad. Lo hizo al menos 23 veces, pero no hubo respuesta. Rodríguez aclaró que esas solicitudes se hicieron únicamente como apoyo a movilizaciones y viajes del congresista, y apuntó que el evento en Modelia fue improvisado. Sin embargo, asistentes a la concentración, como el concejal Andrés Barrios, y el edil de Fontibón, también llamado Víctor Mosquera, aseguraron esta semana que el encuentro estuvo planeado con al menos una semana de anticipación. Las versiones de Rodríguez, además de insistir en que el evento no fue planeado, indican que de siete escoltas que cuidan al senador y a su familia, cuatro pertenecen a la Policía, y tres a la UNP.
Quienes acompañaban a Uribe Turbay ese día eran los adscritos a su entidad. Luego de recibir tres disparos —inicialmente se habló de dos, pero días después del ataque la Fiscalía confirmó un tercero—, Uribe Turbay fue trasladado a la Clínica Medicentro y luego remitido a la Fundación Santa Fe. Momentos antes, el presunto sicario fue herido y aprehendido por los escoltas, quienes lo persiguieron por el barrio. “Yo doy los números, déjenme darles los números (…) Lo hice por plata, por mi familia”, se le escucha decir al adolescente tratando de evitar un linchamiento, una vez los uniformados lo esposaron. Aún no es claro si los ciudadanos que lo persiguieron, como se ve en las cámaras de seguridad del sector, tenían intenciones de ir más allá de los insultos o los golpes.
El menor que habría atentado contra Uribe Turbay fue conducido a la Clínica Colombia, pues tenía una herida de bala en una de sus piernas, luego del intercambio de disparos con miembros del esquema de seguridad del senador. El joven fue imputado por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, de los cuales se declaró inocente. Expertos consultados por este diario señalaron que esa decisión podría darse porque el menor busca un principio de oportunidad para negociar con el ente investigador, un escenario que, si bien es posible y se está estudiando, todavía no es del todo claro, según fuentes enteradas del proceso, pues ese tipo de negociaciones en el sistema penal para jóvenes es diferente al de adultos. En todo caso, con el menor ya procesado, a la luz comenzaron a salir todo tipo de especulaciones.
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Por ejemplo, en videos publicados en redes sociales ese sábado se ve al presunto sicario hablando con una mujer instantes antes de apretar el gatillo. Sin embargo, al día siguiente, a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Usaquén asistió esa persona en compañía de su abogado. Allí fue interrogada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Ella, según fuentes cercanas al proceso, negó rotundamente ser cómplice del ataque. Al final, los investigadores determinaron que su testimonio era cierto y que la mujer es ajena a cualquier tipo de señalamientos que la vinculan con el atentado.
En otras grabaciones publicadas en redes sociales se vio a otra mujer situada en dirección diagonal al atacante y, al parecer, le hizo señas con sus ojos. Hasta el momento, investigadores del caso no han determinado la responsabilidad de esta persona. La fiscal Camargo, durante una rueda de prensa esta semana, aseguró que todo ese material está siendo objeto de análisis, y el general de la Policía, Carlos Fernando Triana, aseguró que, en algunos casos, hay grabaciones que estarían siendo manipuladas. Lo que sí está claro es que el menor no actuó solo. En medio de noticias falsas e información sin confirmar, varios medios de comunicación reportaron la existencia de unos chats, supuestamente del adolescente, que luego fueron desmentidos por las autoridades, así como audios que señalaban que el legislador habría sufrido muerte cerebral.
En el transcurso de la semana, fuentes enteradas confirmaron que, entre las pruebas que se estudian sobre el día del ataque, no solo hay videos de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir el recorrido del menor desde su vivienda hasta el parque El Golfito, sino también su celular. Ese móvil, según fuentes cercanas al caso, no corresponde al que se le ve utilizando al menor en algunas grabaciones, que es de color blanco, pues ese teléfono se lo habrían proporcionado y, antes del atentado, se lo habrían quitado. Precisamente para no tener que entregar ningún celular en caso de ser capturado.
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Su teléfono personal fue hallado en su casa y la Fiscalía ya estudia información extraída de él, como contactos, chats y sus redes sociales. Las evaluaciones de las autoridades también determinaron que el arma utilizada para cometer el crimen es una glock de nueve milímetros que fue comprada en agosto de 2020 en el estado de Arizona (Estados Unidos). De hecho, quienes siguen de cerca el proceso indicaron que ese es el único país que se ha mencionado en las investigaciones. Fuentes enteradas señalan que, hasta ahora, no hay indicios de injerencia de personas ligadas al atentado que estén en otros países, como Ecuador.
En todo caso, el arma de fuego habría sido entregada al menor dentro de un carro en el que estaba Carlos Eduardo Mora González, el segundo imputado y quien, al parecer, habría planeado la logística del atentado. Mora González, al igual que el presunto sicario, se encuentra en calabozos del búnker de la Fiscalía por temas de seguridad, luego de que un juez de control de garantías avalara la medida de aseguramiento en su contra. Las investigaciones de la entidad en cabeza de Camargo indican que este segundo procesado habría estado días antes del atentado en el parque El Golfito, al parecer, en labores de inteligencia y, ahora en custodia de las autoridades, estaría buscando una salida negociada con el ente investigador.
Lo que se ha podido establecer por ahora sobre la presunta responsabilidad de Mora González es que, además de entregar el arma al menor en el interior de un Chevrolet modelo Spark de color gris —donde el adolescente también se habría cambiado sus prendas de vestir—, es que estaría relacionado con otros sospechosos del ataque: una hombre y una mujer que también estaban en el vehículo y, al parecer, descendieron de él para vigilar al menor en su camino hacia el parque donde ocurría el mitin político. Las autoridades también establecieron que al joven de 15 años le ofrecieron una suma de $20 millones, pero que nunca se los pagaron. Incluso, le dijeron, según conoció este diario, que le iban a ser transferidos luego de cometer el crimen.
Lo que sí tiene claro la Fiscalía en medio de las pesquisas que adelanta sin mucho ruido sobre el caso, es que el atentado fue estructurado y debidamente planeado. El ente investigador también analiza lo mencionado por el menor luego de ser aprehendido. “Fue el man de la olla”, aseguró estando en el suelo tras disparar contra el precandidato. Al parecer se trata de un expendio de microtráfico en el sector de Engativá. Todos estos elementos ingresaron a la carpeta de la Fiscalía durante esta semana, la cual revisa cuidadosamente cada detalle. Desde el búnker, incluso, se le pidió al Ejecutivo apartarse de las investigaciones, pues su presencia “desnaturaliza” las labores de la entidad.
Así pues, las averiguaciones de la Fiscalía y la Policía avanzan poco a poco para destrabar uno escenario del que han salido numerosas hipótesis. Sin embargo, esas labores persisten en búsqueda de quién o quiénes podrían estar detrás de los seguimientos iniciales a la familia Uribe Turbay, y luego de la planeación y ejecución del atentado. Por ahora, Miguel Uribe Turbay permanece en la Fundación Santa Fe bajo pronóstico reservado, aunque presentando una “respuesta al manejo instaurado reflejado en leve disminución de su presión intracraneal”, según el último comunicado del hospital. El expediente sigue abierto y las investigaciones, a su ritmo, avanzan.
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Por Santiago Díaz Gamboa
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