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El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado calificó como “absurdo” el hecho que las autoridades ambientales otorguen una licencia ambiental para la exploración y explotación petrolera en La Macarena y después del escándalo el presidente de la República la revoque.
En este sentido manifestó que se debe establecer si se presentó una irregularidad o improvisación por parte de las autoridades encargadas al momento de otorgar la citada licencia, teniendo en cuenta que el proceso de estudio para su entrega tuvo una duración de cinco años.
En estos años, indicó, debieron preverse durante el estudio y no después cuando se armó un escándalo en los medios de comunicación y diferentes sectores políticos. “La Procuraduría General tiene un sabor amargo. ¿Cuál fue la razón que determinó la revocatoria y que no se tuvo en cuenta antes?”
El jefe del Ministerio Público indicó que “habría responsabilidad del Estado al adelantar una actuación, para luego, ante la presión de la opinión pública, hacer lo contrario”. Debido a esto considera que hasta el momento no se conocen los motivos que llevaron a la revocatoria.
“Absurdo que la autoridad solo se percate del impacto que tendría el otorgamiento de la licencia en La Macarena cuando se desata el escándalo”, precisó Ordóñez Maldonado al manifestar que el Gobierno tiene la responsabilidad de velar para que la exploración y explotación se desarrolle con responsabilidad ambiental y social.
Agregó que “no puede por presiones de los medios y la opinión pública deshacerse de la forma alegre en que se hizo un negocio jurídico (…) Un acto administrativo que afecta las seguridad del Estado y es un pésimo precedente revocar la licencia de la manera en cómo se hizo”.
“De los textos de los acuerdos se desprende que el núcleo de la negociación con ese grupo está en tener un régimen jurídico especial y diferenciado al que se aplica al resto del país. Un punto clave de los acuerdos es el tema agrario”, señaló el procurador general de la Nación, a la vez que afirmó que al gobierno le ha faltado claridad en este aspecto.
Por otra parte, mostró su preocupación sobre el incremento de los cultivos ilícitos en Colombia porque todos los grupos al margen de la ley se están apoderando de estas zonas por la incapacidad del gobierno de controlar estos grupos como sucedió en el paro armado, grupos que se han fortalecido, según el concepto del procurador, por las falencias en los combates contra los cultivos ilícitos.
“Si no se adopta una política contra los cultivos ilícitos. No será posible la paz y esos territorios seguirán vedados para las actividades económicas, entre ellas las relacionadas con recursos no renovables”, aseveró el jefe del Ministerio Público sobre este aspecto.
El Procurador General manifestó que dicha decisión “alegre e irresponsable” que causa “admiración” deberá evaluarse. Para Ordóñez toda actividad minera en Colombia debe respetar un principio constitucional y de política pública