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Desde este viernes, y por los próximos dos años, Roberto Vidal será el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Con una carrera fundamentalmente académica, Vidal es el tercer magistrado en llegar a este cargo y en su período seguramente se conocerán las primeras sentencias del Tribunal para la Paz, las primeras sanciones a los máximos responsables del conflicto y se definirá qué rol tendrá la JEP en las propuestas de “paz total” que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro. De todos estos temas habla con El Espectador, así como de los macrocasos que investigarán hechos de violencia sexual (el 11) y la relación de miembros de la Fuerza Pública con grupos paramilitares (el 08), en el que se involucró directamente.
¿Qué rol puede tener la JEP en la propuesta de este Gobierno de la “paz total”?
Ese es un gran interrogante en este momento. Con el anuncio de “paz total” del Gobierno estamos ocupándonos de las vías por las que vamos a poder contribuir. Lo estamos construyendo todos, comenzando por ellos y por el Congreso. Primero diría que los procesos de paz en las últimas dos décadas ya muestran un camino que viene: se deben cuidar los derechos de las víctimas y la garantía de la verdad, justicia, reparación y no repetición. Cualquier esfuerzo de paz hacia el futuro debe tener un componente de justicia. En este momento nosotros tenemos una competencia muy definida, muy circunscrita y no es solo legal, sino de los recursos que disponemos. No es tan fácil como decir que ahora podemos juzgar a cualquiera.
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Recientemente, nos decía Pablo de Greiff en una conferencia que uno de los riesgos de la justicia transicional es ser víctimas de su propio éxito. Ahora tememos es la aplicación mimética de fórmulas: pretender que las cosas que hace bien la JEP solo deben ampliarse y que, con nuevos sujetos, eso va a funcionar. No es tan simple. Pero tenemos toda la voluntad de contribuir. Este tribunal se preocupa por la paz del presente y la paz del futuro. Y, finalmente, no hay que perder de vista que la respuesta a las víctimas en el Acuerdo es muy compleja, no se le atribuye solo a la JEP encargarse de todo, es un sistema: la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas; más entidades como la Unidad de Víctimas, de Restitución de Tierras.
¿Ya hay algo en desarrollo de cómo serían esos cambios para sumarse a la “paz total”?
Claro, seguimos al detalle lo que ocurre en el Congreso y lo que manifiesta el Gobierno. Nuestros expertos están mirando en qué consiste la propuesta, que sigue en construcción. Ahora bien, creo que el gran aporte que en este instante puede hacer la JEP a las iniciativas ambiciosas de una paz tan general es demostrarle al país que la justicia transicional sí puede cumplir las promesas hechas.
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La Sala de Reconocimiento presentó la primera resolución de conclusiones, por falsos positivos en Catatumbo, y unas organizaciones de víctimas manifestaron su inconformidad, ¿qué respuesta se les puede dar?
Esta resolución es importantísima porque muestra la capacidad investigativa de la JEP. Ahora, las demandas de las víctimas, legítimas e históricas, también dejan ver que todos los esfuerzos de investigación que hagamos van a ser insuficientes por la dimensión de los daños. En la literatura siempre nos han dicho: los tribunales transicionales lidian con lo irreparable. ¿A qué podemos aspirar? A cerrar esa brecha. Por eso insisto en que la resolución de conclusiones solo culmina la investigación. Ahora comienza el juicio. Los grandes momentos de participación de las víctimas están allí y vienen debates como: ¿la verdad sí fue suficiente?, ¿aquí sí están quienes dieron las órdenes?
También hay expectativas con la resolución de conclusiones del caso de secuestro, ¿hay alguna fecha prevista para esa decisión?
Más que una fecha, que es imposible fijar en procesos judiciales, sí hay procesos caminando. Ya la magistrada Julieta Lemaitre, relatora del caso, presentó la resolución de conclusiones a la Sala. Estas son decisiones colectivas, muy cuidadas por todos los magistrados y eso hace que no tengan un compás exactamente igual. Pero por el procedimiento, es previsible que la primera resolución del caso 01 se conozca este año.
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¿En qué va el proceso de abrir el macrocaso 11, sobre violencia sexual? Desde el anuncio inicial no hemos sabido mucho más…
Abrir un macrocaso requiere una investigación previa profunda. Para nosotros este tema es prioridad, movilizamos unos recursos y eso nos permitirá abrir el caso, pero no le puedo poner fecha. Llamaría la atención de que el caso 11 también tiene atrás los otros diez casos. Yo estuve trabajando particularmente en el 08 y nos tomó tres años solo diseñar la apertura del caso. Con el anuncio del caso 11 se establecieron los bordes investigativos de la JEP, respondiendo a una cosa que se preguntaban desde La Habana: ¿Cuántos casos va a investigar la JEP? Ya la respuesta está: son 11.
Precisamente sobre el caso 08, ¿cómo asume las expectativas que ha generado, cuando este tema lo ha trabajado académicamente y también se involucró de forma directa en la apertura del caso?
El primer logro es esa expectativa. Es lograr que la nación colombiana concentre su mirada en ese fenómeno. Este trabajo no intenta sustituirlos, sino que es complementario de lo que ha hecho Justicia y Paz, porque su competencia era aún más restrictiva. Cada vez que un paramilitar involucró en sus versiones a otras personas, esas investigaciones terminaban en la Fiscalía. Entonces, hay al menos 16.000 funcionarios, políticos, gente de la sociedad civil y actores económicos denunciados. La Fiscalía ha trabajado con eso, y hoy es la base de este caso. Es decir, nosotros aquí completamos una verdad y, sin duda, los procesos de paz por venir completarán las que nosotros hagamos.
Frente a la necesidad de la JEP de concentrarse en los hechos más representativos, el crimen con más víctimas siempre es el desplazamiento ¿Va a haber componentes que investiguen estos hechos en los casos 8 y 10?
Esa fue una discusión muy grande: cómo se organizan los macrocasos. Hay muchos modos de agrupar. Ahora estamos haciendo un trabajo con Acnur (el Alto Comisionado Naciones Unidas para Refugiados) con la que la investigación por desplazamiento aparezca en casi en todos los casos: el desplazamiento que se produjo por secuestro de las Farc, por falsos positivos, en ciertos territorios; el que fue motivado por la asociación de Fuerza Pública y otros actores. Yo defendí la idea de que tuviéramos un caso de desplazamiento, pero me pareció muy convincente entenderlo como un crimen transversal, vinculado a todos los casos que investigamos.
¿Por qué la JEP mantiene a personas como Iván Ramírez Quintero, Jesús Armando Arias Cabrales o Mario Montoya, que son renuentes a aceptar su responsabilidad, y las víctimas sienten, en cambio, que están justificando lo que hicieron?
Eso es objeto de preocupación permanente: con qué herramientas promovemos el reconocimiento de responsabilidad. Allí el resultado para nosotros es muy satisfactorio porque, el 100% de los exmiembros de las Farc imputados están reconociendo responsabilidad y en la Fuerza Pública es el 95%. Eso es un logro enorme. Segundo, el gran desafío de la justicia transicional es la lucha contra el negacionismo. Nuestras audiencias empiezan a derrotar el negacionismo en puntos claves. Ya nadie en Colombia estaría dispuesto a decir que no hay falsos positivos.
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Expulsar a los comparecientes renuentes no es la panacea. Procuramos por el avance en la verdad dentro de nuestras medidas. De hecho, ya se remitieron los primeros comparecientes a nuestra fiscalía y estamos abriendo los primeros casos adversariales. En la opinión pública está la idea de que el gran castigo que se le puede imponer a alguien es sacarlo de la JEP. Eso no es tan claro. La expulsión no contribuye a nuestros objetivos. En los casos específicos que menciona, los magistrados están examinando, pero para nosotros el último recurso es sacar a alguien. O lo procesamos reconociendo, o sin reconocimiento, pero lo procesamos nosotros, en la medida de lo posible.
¿Cómo cree que se pueden mediar lo que espera el país que sea una sanción, con estas formas de justicia restaurativa que la JEP llama sanciones propias?
Este tema del sistema restaurativo es difícil de entender. Yo personalmente lo terminé entendiendo con este escenario. Usted y yo estudiamos en un colegio donde la herramienta fundamental era expulsarlo a uno, pero hace diez años en Bogotá se construyeron tribunales restaurativos en los colegios. Ante el consumo de drogas, el bullying, la violencia, la principal herramienta era la expulsión. Hasta que el sistema educativo se dio cuenta que desescolarizar a un muchacho es mandarlo a la calle, y crean estos tribunales, constituidos por profesores, estudiantes y padres de familia. En lugar de expulsar al estudiante, se preguntan qué está pasando en su casa, qué es lo que le pasa y llegan a compromisos. Así bajaron el nivel de reincidencia y desescolarización.
Yo he tenido la ocasión de hablar con muchachos de esos tribunales y usted no sabe lo que fue para mí, juez de la JEP, sentarme con un chico de primero de bachillerato preguntándome: ¿y ustedes cómo diseñan sus sanciones? Creo que lo que ellos hacen nos muestra un camino. Todos nosotros estamos esperando la venganza. En cambio, el sistema restaurativo procura, primero, restaurar a las víctimas ¿qué nos resuelve del conflicto armado enviar a los responsables a la cárcel? Nada. Aquí nos preguntamos: ¿Qué hacemos con los con los familiares, con el desaparecido, con el desplazado? Segundo, frente a los comparecientes, ¿cómo los traemos de vuelta a la vida legal? No los vamos a aislar en la cárcel, sino que les vamos a dar oportunidades.
¿Y los debates de sanciones propias pasan entonces al Tribunal para la Paz?
Claro. Un ejemplo es la resolución de conclusiones que ya llegó al Tribunal. Allí los comparecientes propusieron proyectos a la jurisdicción, para consultarlos con las víctimas. Eso hemos hecho y ha sido un debate dificilísimo. Mientras eso se decide estamos trabajando en una iniciativa, que involucra hasta a 30 entidades para construir proyectos que se conecten con el deber del Gobierno de reparación, con el trabajo de la Unidad de Víctimas, con los PDET. Nos involucramos en la construcción de proyectos complejos, en los que vamos a trabajar con víctimas y comparecientes en desminado, restauración ambiental, búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
¿A qué le va a apostar en su presidencia y qué desafíos ve?
Traemos una agenda que se ha venido construyendo en estos cinco años, y esta tiene que permanecer. Hay un rumbo claro. Hemos hecho una apuesta por cumplir las obligaciones y las competencias que tenemos. El impulso del presidente Cifuentes era por avanzar en las investigaciones en el tiempo que tenemos. Hay que resolver la situación de una cantidad de miembros de la Fuerza Pública que no fueron declarados máximos responsables y terminar de estudiar las amnistías de los guerrilleros rasos. Y el desafío que creo que viene: ya tenemos el conocimiento, las herramientas para profundizar la participación de las víctimas. Tenemos una luz que podemos arrojar sobre las víctimas para reivindicar su trabajo y demandas.
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