Cumbre de poderes en Procuraduría por balas perdidas

Con miras al desarrollo de una propuesta, el Ministerio Público convocó a los ministerios del Interior y de Justicia, de Defensa y de Protección Social, así como a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, el Instituto Nacional de Medicina Legal y las secretarías de Gobierno de Bogotá y Cundinamarca, entre otros organismos.

La entidad recordó que el porte ilegal de armas es el tercer delito de mayor ocurrencia en estos momentos en el país, lo que da luces entorno a una problemática que requiere ser solucionada con urgencia, pues la esencia del daño causado a la sociedad con ese punible radica en el uso indebido de esos artefactos.

“Revisando las estadísticas de delitos en el país, el porte ilegal de armas es el tercer delito de mayor ocurrencia, por tanto es un tema que también exige ser evaluado en este comienzo de año. (…) El tema no es solamente el porte ilegal de armas, sino el porte legal y su uso indebido”, sostuvo la procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos.

En el mismo sentido, la funcionaria pidió cuentas a las autoridades, frente a los 256 casos de quemaduras de menores ocasionadas por manipulación de la pólvora en las fiestas de fin de año. Para Hoyos, hay que revisar el tema desde la legislación existente frente a los adultos que deben responsabilizarse de evitar que los niños tengan contacto con la pólvora.

“La cifra de niños quemados con pólvora en el mes de diciembre y lo corrido del mes de enero, plantea que debemos examinar seriamente la legislación actual con relación al tema de la pólvora, porque si bien es cierto la ley establece que los alcaldes tienen unas funciones específicas respecto de la venta ilícita de pólvora, las medidas han sido totalmente insuficientes”, señaló.