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Ya tenemos estas dos primeras sentencias en firme, que no solo significan el inicio de su cumplimiento por parte y la definición de su situación jurídica, sino que representan un punto de inflexión para la justicia transicional en Colombia. Además, son decisiones que servirán de guía para las próximas sentencias de la JEP, una de las cuales, seguramente, conoceremos este mismo mes. ¿Por qué, en su criterio, son tan importantes?
Lo primero es que las sentencias de apelación confirman íntegramente las decisiones adoptadas en primera instancia. Eso significa que quedan en firme tanto las condenas como la verdad judicial construida durante el proceso: la verdad sobre los hechos, los responsables, las víctimas y la gravedad de los crímenes cometidos. También reafirman que, en ambos casos, se cometieron los delitos más graves que reconoce el derecho internacional: crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Esa conclusión no solo tiene un enorme valor para las víctimas, sino que demuestra que Colombia está cumpliendo la obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar este tipo de conductas, precisamente aquellas que son competencia de la Corte Penal Internacional. Hay otro elemento que considero histórico.
¿Cuál?
Es la primera vez que en Colombia quedan en firme condenas por crímenes de lesa humanidad. En procesos anteriores, como Justicia y Paz, los jueces habían señalado que determinados hechos podían constituir este tipo de delitos, pero el Código Penal colombiano no los tipifica expresamente. Solo el marco jurídico de la JEP permite que hoy existan sentencias firmes bajo esa calificación. Además, estas decisiones fijan criterios que orientarán todas las sentencias que vienen. La Sección de Apelación revisó todo el procedimiento y recursos e introdujo ajustes sobre la forma en que deben tramitarse los próximos casos. Esa revisión deja reglas mucho más claras y probablemente permitirá que las nuevas sentencias avancen con mayor rapidez.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la exclusión de algunos delitos. En la sentencia contra las Farc salió el delito de esclavitud y en la del Batallón La Popa se excluyeron tortura y persecución. ¿Cómo explicar que eso no significa que la JEP esté negando que esos hechos ocurrieron?
Es importante aclarar que la decisión no cuestiona los hechos. Lo que encontró la Sección de Apelación fue un problema estrictamente procesal. Esos delitos debían incorporarse durante la etapa adelantada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, porque es allí donde los comparecientes aceptan su responsabilidad frente a cada una de las conductas imputadas. Sin embargo, fueron incorporados posteriormente, cuando esa fase ya había concluido. La Sección de Apelación concluyó que la Sección de Reconocimiento ya no tenía competencia para hacerlo en ese momento procesal y, por eso, decidió excluir esas calificaciones jurídicas. Eso no significa que las conductas desaparezcan de las sentencias.
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¿Podría darnos un ejemplo?
Los hechos siguen plenamente reconocidos y hacen parte del contexto fáctico acreditado durante el proceso. Lo que cambia es la forma jurídica en que fueron calificados. Por ejemplo, en el caso de la tortura, la decisión explica que esas conductas continúan comprendidas dentro de otras figuras ya reconocidas, como los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es decir, la Sección de Apelación no está diciendo que esos hechos nunca ocurrieron; simplemente concluyó que no podían incorporarse como delitos autónomos en esa etapa del procedimiento porque la ley establece una secuencia procesal específica. En realidad, estas decisiones también cumplen otra función: dejan mucho más claras las reglas que deberán seguir las próximas sentencias para evitar que vuelvan a presentarse discusiones de este tipo. Eso fortalece la seguridad jurídica tanto para las víctimas como para los comparecientes y para la propia jurisdicción.
Es decir, además de cerrar definitivamente estos dos casos, la Sección de Apelación terminó fijando un precedente para todo lo que viene.
Ese quizá sea uno de los efectos más importantes de estas decisiones. No solo consolidan la verdad judicial y las primeras condenas de la JEP, sino que establecen parámetros procesales que servirán de guía para las próximas sentencias, que seguramente comenzarán a llegar durante los próximos meses.
Pasemos al escenario político. En pocos días llegará un nuevo gobierno y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha expresado su oposición a la JEP. ¿Cómo ve ese panorama, especialmente cuando la implementación de estas primeras sentencias dependerá, en buena medida, del respaldo del Ejecutivo?
Yo soy moderadamente optimista. Las declaraciones recientes del ministro de Justicia designado, Iván Cancino, me parecen una buena señal. Él ha reconocido que existen preocupaciones sobre el funcionamiento de la JEP, pero también ha planteado que la manera de abordarlas debe ser mediante un diálogo institucional con la jurisdicción. Creo que ese es el camino. La JEP está entrando en una etapa completamente distinta. Hacia finales de este año terminará la fase de investigación y comenzará la etapa de juicio para los macrocasos que siguen abiertos. Eso implica necesidades diferentes, prioridades distintas e incluso otra distribución de recursos. Por eso es razonable que exista una conversación entre el Gobierno y la jurisdicción. Lo importante es que ese diálogo respete plenamente la independencia judicial y las competencias de cada institución.
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Claro, pero durante la campaña presidencial el mensaje que escuchamos es que la siguiente administración sí buscaría eliminar la JEP…
No sería conveniente que el Ejecutivo pretendiera imponer decisiones que afectaran el cumplimiento del mandato constitucional de la JEP. Lo deseable es una conversación entre poderes públicos bajo el principio de colaboración armónica previsto en la Constitución. Al final, ambos comparten un objetivo común: que Colombia cumpla su obligación de investigar, juzgar y sancionar los delitos más graves y que las víctimas vean garantizados sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. No debemos perder de vista que esta sigue siendo una justicia concebida para contribuir a la paz y a la reconciliación.
Uno de los principales retos para esa nueva etapa será el presupuesto. La Contraloría ha calculado que implementar las primeras sanciones podría costar hasta COP 500.000 millones, mientras que la Agencia para la Reincorporación sostiene que esa cifra todavía no puede establecerse con precisión. ¿Cómo afrontar ese desafío en un contexto fiscal tan complejo?
Las sentencias de apelación aportan un elemento muy importante para responder esa pregunta. A diferencia de las decisiones de primera instancia, ahora ya existen proyectos concretos, cronogramas, indicadores de cumplimiento y mecanismos de seguimiento para las sanciones. En el caso del secretariado de las Farc, por ejemplo, la Sección de Apelación incorporó varias de las propuestas formuladas por las propias víctimas y definió parámetros para evaluar su ejecución. Eso permite calcular con mucha mayor precisión cuáles serán los recursos necesarios durante los próximos ocho años. Pero hay un aspecto aún más importante.
¿Cuál?
La ejecución efectiva de las sanciones no es únicamente una responsabilidad de la JEP. Es una obligación del Estado colombiano. Cuando organismos como la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos evalúan el cumplimiento de estas obligaciones, no examinan únicamente el trabajo de la jurisdicción. Analizan la actuación del Estado en su conjunto. Por eso este debate no puede reducirse a si el nuevo gobierno simpatiza o no con la JEP o con el Acuerdo de Paz. Colombia asumió compromisos internacionales muy claros frente a la investigación, el juzgamiento y la sanción de los crímenes más graves. Cumplir las primeras sentencias es una obligación del Estado, no del gobierno de turno.
Recordemos que cuando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cerró el examen preliminar sobre Colombia, lo hizo porque el Estado se comprometió a desarrollar estos mecanismos de justicia. Ese compromiso sigue siendo objeto de seguimiento internacional. Naturalmente existe un enorme desafío presupuestal y el país atraviesa una situación fiscal difícil. Precisamente por tratarse de obligaciones internacionales, el Estado debe hacer los esfuerzos necesarios para garantizar que esas sanciones puedan ejecutarse. Además, estas primeras condenas tendrán una duración máxima de ocho años. No estamos hablando de recursos para unos pocos meses, sino de compromisos que deberán sostenerse durante dos gobiernos.
Eso implica una planeación presupuestal de largo plazo.
Exactamente. Y esa planeación debería ser precisamente uno de los primeros temas del diálogo entre el nuevo gobierno y la Jurisdicción Especial para la Paz. Porque una cosa es discutir la eficiencia institucional, que siempre puede mejorarse, y otra muy distinta es poner en riesgo el cumplimiento de obligaciones que el Estado colombiano asumió frente a las víctimas y frente a la comunidad internacional.
Si eventualmente se produjera un recorte de recursos que impidiera a la JEP cumplir esas funciones, ¿podría interpretarse como una afectación a la independencia judicial?
Espero sinceramente que nunca lleguemos a ese escenario. Confío en que el nuevo ministro de Justicia conoce suficientemente bien las obligaciones internacionales de Colombia y la importancia del principio de separación de poderes. La independencia judicial es uno de los pilares del Estado de derecho. Cualquier decisión que impidiera a la jurisdicción ejercer plenamente sus funciones podría interpretarse como una afectación a esa independencia. Por eso creo que el camino debe seguir siendo el diálogo institucional y la búsqueda de soluciones conjuntas, siempre dentro del marco constitucional.
Durante la campaña presidencial volvió a instalarse el debate sobre cuánto cuesta la JEP. Incluso Humberto de la Calle, uno de los arquitectos del Acuerdo de Paz, ha dicho que se trata de una jurisdicción muy costosa. ¿Cómo analiza esa discusión?
Es una discusión legítima, pero muchas veces se plantea de manera demasiado simple. Si uno mira únicamente el número de sentencias y lo compara con el presupuesto de la JEP, puede concluir que la relación costo-beneficio es desfavorable. Esa es una lectura que resulta muy efectiva en el debate público, pero no refleja la dimensión real del trabajo que ha desarrollado la jurisdicción. La JEP no investiga casos individuales. Está reconstruyendo fenómenos de violencia masiva que involucran miles de víctimas, miles de hechos y centenares de responsables. Ese es precisamente el tipo de situaciones para las cuales existen mecanismos extraordinarios de justicia transicional. No estamos hablando de un proceso penal ordinario, sino de la reconstrucción judicial de décadas de conflicto armado.
Claro, y por eso tampoco sería correcto comparar el presupuesto de la JEP con el de otras cortes…
Exacto. La naturaleza de los casos, el volumen de información y la participación de las víctimas hacen que se trate de un trabajo completamente distinto. Ahora bien, la jurisdicción entra en una nueva etapa. Después de cerrar la fase investigativa es razonable pensar que sus necesidades cambiarán y que parte de los recursos destinados a esa labor podrán redistribuirse. Esa conversación debe darse, pero con estudios técnicos y no sobre la base de percepciones o eslóganes.
Al final, el centro del Acuerdo de Paz y de la JEP siguen siendo las víctimas. Si, por falta de recursos, las sanciones no pudieran ejecutarse, ¿Qué balance quedaría de todo este esfuerzo institucional?
Ese es probablemente uno de los dilemas más importantes de cualquier proceso de justicia transicional. Lo ideal sería que, al terminar este proceso, las víctimas sintieran que el Estado respondió adecuadamente y que sus derechos fueron realmente garantizados. Pero tampoco podemos reducir la justicia únicamente al momento en que se dicta una sentencia. Las condenas son fundamentales porque representan el reproche jurídico frente a las violaciones más graves a los derechos humanos. Sin embargo, una parte muy importante de la justicia ocurre durante el proceso.
¿Como las audiencias de reconocimiento?
La JEP ha construido escenarios inéditos en Colombia en los que los responsables reconocen públicamente su responsabilidad frente a las víctimas. Allí no solo se produce un reconocimiento jurídico, sino que también ocurre algo profundamente humano. Muchas víctimas pueden mirar por primera vez a quien les causó el daño y escucharlo reconocer lo ocurrido, asumir su responsabilidad y, en algunos casos, pedir perdón. Eso también produce justicia. Por eso me preocupa cuando medimos el trabajo de la jurisdicción únicamente por el número de sentencias.
¿Qué otras variables deberíamos tener en cuenta para medir sus labores?
La justicia transicional busca algo mucho más amplio. Busca reconstruir la verdad, reconocer a las víctimas, exigir responsabilidades, restaurar vínculos sociales y generar condiciones para la no repetición. Todo ese trabajo, aunque no siempre aparezca en las estadísticas, tiene un enorme valor para una sociedad que intenta salir de un conflicto armado. Esta no es simplemente una justicia para castigar. Es una justicia diseñada para contribuir a la paz. Todo eso hace parte de la justicia. Y justamente por esa razón sería un error evaluar el trabajo de la JEP únicamente con los criterios tradicionales de la justicia penal ordinaria.
Cambiando un poco de tema, durante el gobierno de Gustavo Petro hubo varias mesas de negociación con grupos armados que no produjeron los resultados que el país esperaba. Con los nombramientos anunciados por el presidente electo y el énfasis que ha puesto en una política de seguridad más fuerte, ¿cree que todavía existe espacio para buscar salidas negociadas al conflicto?
Si uno se guía por lo que el presidente electo dijo durante la campaña, parecería que su apuesta principal será el fortalecimiento de la respuesta militar. Sin embargo, las declaraciones más recientes del ministro de Justicia designado muestran algunos matices importantes. Él ha insistido en mantener abierta la posibilidad del sometimiento para determinadas estructuras armadas. Eso significa que, más que una estrategia exclusivamente militar, podría terminar consolidándose un modelo que combine presión del Estado con incentivos jurídicos para el desmantelamiento de esos grupos. Creo que ese matiz es importante.
¿Por qué?
Desde la experiencia colombiana y desde la justicia transicional hemos aprendido que la paz, la justicia y la seguridad no pueden verse como caminos excluyentes. Una política de paz que ignore la seguridad tiene enormes dificultades para consolidarse. Pero una estrategia de seguridad que desconozca los mecanismos de justicia y las posibilidades de negociación también termina mostrando sus límites. Por eso el desafío consiste en articular esas tres dimensiones. El nuevo gobierno ya ha anunciado una política de seguridad y también ha hablado de una eventual ley de sometimiento. Ese puede ser un punto de partida para construir una estrategia más integral. Al final, el objetivo no debería ser escoger entre seguridad o paz, sino construir condiciones para que ambas sean posibles.
Durante la campaña presidencial se habló insistentemente de “mano dura”. En un país con la historia de violencia que tiene Colombia, ¿esa sigue siendo una respuesta razonable?
Entiendo por qué ese discurso encuentra respaldo. Hay regiones donde los grupos armados ejercen control territorial, someten a la población y fortalecen economías ilícitas y mantienen vínculos con redes de crimen transnacional. Ese diagnóstico no admite discusión. Mi preocupación aparece cuando la respuesta se limita exclusivamente al uso de la fuerza. Ya conocemos los costos humanos de ese tipo de estrategias. Quienes terminan soportando las consecuencias son las comunidades que viven en los territorios, que llevan décadas atrapadas entre distintos actores armados, que han visto incumplidas muchas promesas estatales y que siguen esperando condiciones mínimas de seguridad y de presencia institucional. Por eso cualquier política de seguridad debería tener como prioridad la protección de la población civil.
Para terminar, ¿Qué mensaje les daría a esas comunidades y a los millones de víctimas que siguen esperando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición?
Lo primero es recordar que esta no es únicamente una causa de las víctimas. Debería ser una causa de toda la sociedad. Todavía existe una enorme distancia entre lo que ocurre en muchos territorios y la manera como ese conflicto se percibe desde las ciudades. Con frecuencia hablamos de la guerra sin comprender realmente cómo transforma la vida cotidiana de quienes la padecen. Por eso la exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición debe seguir siendo una demanda colectiva. La experiencia internacional y la propia historia de Colombia muestran que una paz construida sin verdad, sin justicia y sin reparación siempre será una paz frágil. Por eso quienes creemos en una solución política del conflicto debemos seguir defendiendo esos principios, independientemente del gobierno de turno. La paz necesita instituciones sólidas, pero también necesita una sociedad que no renuncie a exigir verdad, responsabilidad y reparación. Solo así será posible construir una paz duradera.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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