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Cerca de $33 mil millones suma el daño fiscal generado por la Unidad de Protección durante el año pasado. Así lo determinó la Contraloría en un informe. Las deficiencias detectadas se centran en 17 hallazgos administrativos, de los cuales 13 tienen presunta connotación disciplinaria y 8 presunta incidencia fiscal.
En la auditoría, según el ente de control, “se encontraron deficiencias en el procedimiento de materialización de los desmontes de esquemas de seguridad, que no fueron formalizados de conformidad con los requisitos y protocolos establecidos”. Por ejemplo, 11 personas que ya no recibían protección tenían asignados 11 vehículos y 9 hombres de seguridad. “El desmonte de los esquemas generó pagos injustificados por $611,8 millones”, concluyó la Contraloría.
Otros pagos, que suman $16.126 millones y fueron denominados «Gastos Asociados Reembolsables», no cuentan con el respaldo contractual.
De acuerdo con la Contraloría, “los esquemas de protección en el país se convirtieron en la nueva vena rota de las finanzas públicas…Pese a que el incremento en el número de esquemas prestados entre 2013 y 2014, fue de 51%, el gasto por esquema se incrementó en 85%, lo cual está explicado especialmente por el aumento en los gastos por vehículos convencionales, lo cual afecta significativamente el presupuesto de la entidad”.
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