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Para David Murcia Guzmán no ha sido suficiente la debacle y la intervención de su empresa DMG, que permanezca detenido desde hace dos meses y que sus socios Daniel Ángel y Margarita Pabón hayan aceptado hacer un preacuerdo con la Fiscalía por lavado de activos. Ayer, durante la audiencia de acusación en su contra, anunció que su negocio está comenzando a funcionar de nuevo con comercializadoras en países como Panamá, Ecuador, Venezuela y Colombia. Al frente de la nueva firma se encuentra el brasileño Alex Ventura, quien fue presentado como uno de los socios de DMG cuando la empresa fue intervenida por el Estado colombiano y quien es investigado por delitos contra el patrimonio en Panamá.
“Lo que queda claro es que el Gobierno no se puede meter con las nuevas empresas (…) pues comercializar no es un delito, posicionar una marca no es un delito. Fidelizar clientes no es delito y un medio de pago como las tarjetas prepago no es un delito”, sostiene Murcia en un comunicado que redactó en la cárcel. Por otro lado, pidió a sus ex socios Margarita Pabón y Daniel Ángel que retiren la petición de sentencia anticipada. “Háganlo por la causa y la gran familia DMG, sé que sus familias lo van a entender”, asegura. Asimismo, envió un saludo a su madre Amparo Guzmán y a su ex socio William Suárez, detenidos el pasado fin de semana en Risaralda, al igual que a su esposa Joanne Ivette León y a Marco Antonio Bastidas, a quienes les dijo que está confiado en ganar el juicio.
Entre tanto, el juez cuarto especializado de Bogotá rechazó la solicitud de Dagoberto Charry, abogado de Murcia, de declarar la nulidad de la acusación en contra de su cliente tras haber argumentado que la Fiscalía introdujo argumentos nuevos en el escrito que sustenta la petición, lo que calificó como una “emboscada” y que hubo bienes que la Fiscalía omitió con fines de decomiso que hoy se encuentran bajo jurisdicción de la interventora María Mercedes Perry y que podrían servir para futuras indemnizaciones a las víctimas. El juez aseguró en el primer caso que no puede evitar que la Fiscalía siga investigando y que el escrito de acusación se debe de conocer en audiencia, como efectivamente se hizo. Sobre el segundo punto sostuvo que es facultad de la Fiscalía decidir qué bienes incluye en sus peticiones. Sin embargo, suspendió por varias horas la audiencia al considerar que el ente acusador no fue claro al presentar la solicitud en contra de Murcia.