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Han pasado 1.232 días, casi tres años y medio, desde que el expediente por presunta manipulación de testigos y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez aterrizó en la Fiscalía de Francisco Barbosa. Sin embargo, a pesar de contar con una robusta documentación recopilada por la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad de la justicia penal que, cuando era competente, ordenó la detención domiciliaria del exmandatario, el ente investigador ha dedicado cada uno de esos 1.232 días a buscar que la justicia considere que Uribe no cometió delitos. Ahora, en nuevo fiscal es Gilberto Iván Villareal, quien es el cuarto funcionario en tener en sus manos el expediente y el designado para decidir si vuelve a pedir el cierre de la investigación o llama al investigado a juicio.
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La hipótesis inicial contra Uribe está definida, pero en el engranaje de la justicia no se ha hecho un solo procedimiento que signifique un avance real desde que el caso lo tiene la administración Barbosa. Desde agosto de 2020, la Corte Suprema aseguró tener pruebas de que Uribe Vélez habría intentado controlar testigos para que declararan a su favor en procesos por apoyo al paramilitarismo y, al mismo tiempo, enlodaran al senador Iván Cepeda. Con las mismas pruebas, el abogado Diego Cadena, quien representó al exmandatario, está en juicio por decisión de otros fiscales y le suspendieron su tarjeta profesional. Los fiscales del expediente Uribe, sin embargo, al unísono han considerado que no hay pruebas ni delitos imputables a Uribe y han solicitado el cierre de la investigación.
El primero de ellos fue Gabriel Jaimes, quien es uno de los servidores de máxima confianza de Barbosa, al punto que durante toda su administración fue el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema (el tercer cargo de más alto rango, luego del de la vicefiscal y el fiscal general). Una vez le fue asignado el caso, Jaimes realizó una serie de entrevistas a potenciales testigos y solicitó pruebas documentales que, sumado al material probatorio recopilado por el alto tribunal, lo llevó a solicitar la preclusión del caso en marzo de 2021, ante la jueza Carmen Helena Ortiz. Ese era el último día que tenía para definir si intentaba el archivo o, de otro lado, llamaba a juicio al exmandatario. Jaimes presidió largas audiencias explicando cómo, para él, punto por punto, Uribe ni siquiera debía haber sido imputado
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Tanto la argumentación de la Fiscalía, como de la defensa de Uribe y la representación de víctimas, duraron meses. La propia deliberación de la jueza Ortiz tardó otros días más hasta que en abril de 2022 le negó la solicitud a Jaimes y, de hecho, lo regañó por no investigar bien. Uno de los alfiles de Barbosa quedó retratado como un funcionario incapaz de darle un manejo justo al material existente contra Uribe. A Jaimes se le acabó el tiempo que, por ley, tenía para investigar mejor, y la vicefiscal Martha Mancera le entregó el expediente al fiscal Javier Cárdenas, otro de los delegados ante la Corte Suprema y subalterno de Jaimes. El encargo ocurrió en mayo de 2022 y entre sus primeras determinaciones, el nuevo fiscal llamó a interrogatorio a Uribe, quien, inexplicablemente, no fue citado por Jaimes.
El 10 de octubre de 2022, cinco meses después de que Cárdenas asumiera, la Fiscalía presentó el segundo intento de preclusión tras añadir 14 testimonios y siete inspecciones adicionales. La argumentación de Cárdenas no escapó de la polémica, pues en audiencias que tardaron horas reprodujo audios que favorecían al expresidente Uribe, pero que habían sido malinterpretados por él mismo. Por ejemplo, la diferencia más clara ocurrió en la trascripción de una grabación de una charla entre Diego Cadena y el testigo Juan Guillermo Monsalve, quien ha sostenido que Uribe ayudó a crear el Bloque Metro paramilitar. Mientras en el audio original y sin interpretación se escucha a Cadena decir: “Yo pienso que usted necesita un beneficio”, Cárdenas resolvió que el abogado solo había dicho: “Tengo un beneficio”. La reunión fue en La Picota de Bogotá, en 2018.
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El 23 de mayo de 2023, la jueza Laura Barrera le negó la solicitud de preclusión a Cárdenas y, de nuevo, el ente investigador se llevó un jalón de orejas y fue invitado a investigar más y mejor. Barrera, de hecho, señaló que la segunda preclusión fue un “desgaste” para el proceso. En respuesta, el fiscal Cárdenas presentó un recurso de apelación, el cual fue estudiado, con todo y las mismas pruebas ya desplegadas durante los procesos anteriores, por el Tribunal Superior de Bogotá. ¿La tercera fue la vencida para la Fiscalía? No. El tribunal volvió a rajar el trabajo de Cárdenas y de la Fiscalía de Barbosa, como lo argumentó el magistrado Carlos Guzmán, quien leyó el fallo consensuado por otros dos togados.
Para el Tribunal, la razón principal para no acceder a la preclusión fue que la Fiscalía, por tercera vez, se equivocó en la justificación que usó para tratar de cerrar el caso. Según el fallo, la Fiscalía de Barbosa no solo tuvo argumentos insuficientes, sino que además ignoró pruebas claves de la investigación en contra de Uribe. De entrada, la decisión señaló que cuando la Fiscalía busca precluir una investigación, su trabajo debe ser casi impecable, pues no puede dejar dudas sobre las pruebas o las teorías del caso. Una de las consideraciones más recordadas es que, a pesar de los intentos de Cárdenas y Jaimes, no es posible desvirtuar el testimonio de Monsalve, criminal condenado e hijo de un mayordomo que trabajó para la familia Uribe Vélez.
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La decisión del Tribunal se conoció el 6 de octubre de 2023 y, de ahí en adelante, todo se ha quedado en procesos administrativos. El 19 de octubre del año pasado, la Fiscalía nombró al fiscal Andrés Palencia Fajardo, quien debía definir, de nuevo, si solicitaba otra preclusión o enviaba a Uribe a juicio. La ley no define cuántas veces la Fiscalía puede quedar con esa decisión en sus manos. Hasta que el caso prescriba, que podría ser en 2025, puede presentar solicitudes de preclusión las veces que quiera. Aun así, sin conocerse pistas sobre su decisión y cuando le quedaban solo horas de plazo para tomar explicarle país que debía suceder con el caso, el pasado 9 de enero, Palencia Fajardo renunció a la Fiscalía, asegurando que su familia presentaba problemas de salud.
Entonces, la Fiscalía nombró a Víctor Salcedo para tomar el rumbo del caso Uribe. Sin embargo, el funcionario judicial se declaró impedido el pasado 12 de enero, pues en 2020 había escrito una columna de opinión en el portal Corrillos de Bucaramanga, de nombre “Ni Cristo se salvó de la Corte Vs Uribe”, criticando el trabajo del máximo órgano de la justicia penal en el expediente contra el exmandatario. Su impedimento se conoció solamente después de que el periodista Daniel Coronell revelara ese antecedente del fiscal Salcedo en el caso, historia que replicaron otros medios de comunicación, pues era un hecho de relevancia nacional y que necesita una respuesta a la pregunta: ¿Por qué la Fiscalía de Barbosa nombró a un fiscal que simplemente no podía conocer el caso?
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El fiscal Francisco Barbosa le aceptó el impedimento ayer, 16 de enero, y nombró al fiscal Gilberto Villareal, quien tiene 29 años de experiencia en la Rama Judicial y quien es el cuarto fiscal en decidir el camino del juicio o la preclusión, en casi tres años y medio. Por los tiempos que le quedan a Francisco Barbosa, quien termina su periodo el próximo 13 de febrero, todo apunta a que será el último de la era Barbosa y el primero de la nueva Fiscalía General, cuyas aspirantes fueron ternadas por el presidente Gustavo Petro. Villareal aproximadamente 90 días para emitir la decisión, un plazo que le impuso el Tribunal Superior de Bogotá a la Fiscalía, que en tres años no fue capaz de avanzar en una investigación como ninguna otra en la historia judicial del país.
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Por Jhoan Sebastian Cote
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