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“Las regalías representan un importante porcentaje de los ingresos del Estado y una gran proporción de los presupuestos de inversión de aquellas regiones que participan de las mismas”. Aunque Jennifer Arias escribió esta frase como suya en su tesis de maestría, en realidad se trata de la transcripción letra por letra de una cartilla del Departamento Nacional de Planeación de 2007. Según un peritaje solicitado por la Universidad Externado, ese fragmento es una de las más de 40 coincidencias, casi calcadas, encontradas en el trabajo de investigación que le permitió a la congresista graduarse de la maestría de gobierno y políticas públicas en 2016. El Espectador conoció el concepto de 135 páginas, con el cual la presidenta de la Cámara podría perder su título por plagio.
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El Externado, a principio de año, demandó ante el Consejo de Estado el título de maestría de Arias que consiguió, supuestamente, con el trabajo de investigación “Los OCAD y su contradicción con las teorías de elección racional”. Se trata de un texto sobre proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), presentado a la par con la coordinadora de Control Interno de la Cámara, Leidy Largo. Para sustentar su demanda, el Externado recurrió a Copyright Abogados & Asociados, una firma experta en propiedad industrial y derechos de autor. El concepto jurídico fue certero. Una de sus principales conclusiones es que hubo un posible plagio en 46 párrafos de la tesis.
Arias, según se evidenció, copió textualmente o parafraseó sin citar cientos de líneas. En síntesis, “concurren los elementos necesarios para la existencia de una infracción al derecho de autor, consistente en la reproducción o copia de elementos originales y protegidos”, como se lee en el concepto. En el “caso uno” se evidencia que Arias y su compañera, desde el principio de la tesis, copiaron ideas de otros documentos. En la introducción, quedó evidenciado, imitaron de una forma casi idéntica un párrafo de la ciudadana Íngrid Triviño Leal, cuyo trabajo le permitió graduarse de politóloga en la Universidad Javeriana en 2012. Bajo el concepto de la firma, “se hubiese tenido que citar la tesis para no incurrir en infracción”.
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En el “caso dos”, Arias plasmó en su texto cada una de las letras que contenía un párrafo de la cartilla del Dapre “Las regalías en Colombia: una herramienta para el fortalecimiento del control social”. En este punto, Arias y Largo quisieron adjudicarse una idea sobre la importancia de las regalías desde el punto de vista fiscal. En el “caso tres” se hicieron dueñas del concepto de “racionalidad” que el investigador Alain de Remes publicó en la Revista Mexicana de Sociología. Además, en el “caso cuatro”, la firma encontró que la congresista y la funcionaria posiblemente plagiaron ideas del norteamericano James M. Buchanan, premio nobel de economía en 1986. Y, aparte de no citarlo, sacaron sus ideas de una reseña que aparece “en un sitio de internet”.
En el último análisis, según el peritaje, ambas aprovecharon para sus conclusiones la obra del ciudadano Luis Barón en la Universidad Nueva Granada, sin darle crédito, y parafrasearon sus ideas. Al final, la firma concluyó que las autoridades judiciales podrían declarar responsabilidades ante la “evidente reproducción o copia infractora”. El peritaje está en manos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, dos instancias que investigan las presuntas irregularidades. Sobre la primera, se sabe que en noviembre pasado la alta corte citó a versión libre de Arias, luego de que el Externado admitiera el plagio públicamente, a raíz de una publicación de El Espectador sobre una investigación del portal Plagio S.O.S. Desde entonces, no hay avances.
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Sobre la investigación que adelanta la Comisión de Ética del Senado, el único adelanto es que el representante liberal Crisanto Pisso pidió ser apartado del caso, impedimento que le negaron el pasado 16 de diciembre. La primera autoridad en declinar la persecución judicial fue la Procuraduría, la cual argumentó el pasado 7 de marzo que pasaron más de cinco años desde la presunta falta disciplinaria, por tanto, el proceso fue destinado al archivo. Además de las revisiones que quedaron plasmadas en el documento que hoy revela El Espectador, el Externado incluyó en su demanda otras pruebas que serían claves para determinar qué pasó realmente con la tesis de Jennifer Arias y su compañera Leidy Largo.
Por ejemplo, aportó correos electrónicos y otros informes como el acta de sustentación, del 7 de abril de 2016, donde aparece la firma de dos docentes como los jurados. A raíz del escándalo, ambos les confirmaron a las directivas de la universidad que nunca leyeron una palabra del trabajo de Arias. La defensa de Arias, por su parte, insiste en que el texto revisado en el peritaje es un simple “borrador” del verdadero trabajo de investigación. “La versión definitiva no corresponde con el documento respecto del cual se hizo el análisis”, explicó en un reciente comunicado de prensa. El abogado agregó que no podía referirse a elementos puntuales del expediente, pues se trata de investigaciones reservadas.
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El Externado avisó, de hecho, que Arias, en noviembre pasado, intentó radicar una nueva tesis de grado. Es decir, seis años después de que le fuera otorgada la investidura de maestra. La defensa de la congresista y su compañera recalcó que la tesis cumplió con las directrices de la universidad y que las presuntas irregularidades en el procedimiento para optar por el título de grado son del resorte directo de los órganos administrativos de la universidad. Con las pruebas en los despachos de los magistrados, será en los tribunales judiciales en donde se definirá el caso del supuesto plagio de Jennifer Arias.
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