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El pasado domingo 22 de septiembre, El Espectador reveló en su edición impresa y digital el listado de los hechos que tiene en cuenta la Fiscalía para iniciar a depurar cerca de 700 archivos sobre quiénes se encargaron de costear grupos paramilitares con el fin de garantizar operaciones comerciales, políticas o financieras en diversas regiones. Se trata de 17 investigaciones que prioriza el ente de control contra presuntos financiadores del aparato paramilitar, y sobre las cuales ya se han emitido acusaciones entre febrero de 2016 y julio de 2024. Algunos casos, de hecho, se encuentran en etapa de juicio, y la Fiscalía, buscando evitar que se acumulen los procesos, espera que esa etapa acelere para pedir que a los responsables les caiga todo el peso de la justicia.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, señaló en julio pasado que esos 700 archivos llegaron al búnker directamente desde las salas de Justicia y Paz de todo el país, luego de las investigaciones realizadas por esa jurisdicción a los altos mandos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este diario investigó y encontró que ese número al que alude la titular del ente investigador se desprende de un total de 6.597 copias que están en manos de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, encargada de revisar todas las menciones a terceros financiadores, pues vale recordar que Justicia y Paz no tiene competencia para investigar ni juzgar a civiles. El ente investigador, entonces, se centró en 17 hechos principales como punto de partida para el análisis de los 700 archivos y los priorizó, además, por ser quienes contaron con un mayor poder económico frente a otros actores que entregaron dinero a paramilitares. Con esto, el ente dirigido por Camargo hace referencia a empresarios y agentes del Estado.
En la entrega publicada en la edición dominical de este diario se habló, principalmente, de algunos hechos que ya cuentan con varias acusaciones, sobre todo en contra de algunos empresarios que están en el ojo de la justicia, como el caso de los ejecutivos de la compañía de explotación minera Drummond Ltda, la petrolera anglofrancesa Perenco y hasta los dueños de terrenos Incauca. En esta oportunidad, además de hablar de otros actores que habrían financiado a grupos paramilitares desde el empresariado, se tienen en cuenta agentes del Estado que, de una u otra forma, se habrían visto beneficiados por la expansión paramilitar a finales de la década de los 90 e inicio de los 2000, y que habrían contribuido a la promoción de grupos contrainsurgentes.
Los 12 Apóstoles
Las acusaciones realizadas por la Fiscalía en este extenso proceso judicial se dan por cuenta de una compulsa de copias adelantada por la Fiscalía Décima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia desde el 29 de febrero de 2016, día en que se efectuó la captura en contra de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la ciudad de Medellín. El familiar del líder natural del Centro Democrático es señalado por la Fiscalía de ser auspiciador del grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’, conformado durante el inicio de la década de los 90, en la Hacienda La Carolina, en Yarumal (Antioquia). Santiago Uribe Vélez, o ‘el caballista’, como es conocido en Antioquia, enfrentó un juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, diligencia que terminó en 2021 y sobre el cual aun no hay fallo.
De hecho, en febrero pasado se cumplieron tres años desde que terminó el juicio en contra del hacendado, en el cual tanto la Fiscalía como la Procuraduría pidieron una condena en su contra por su papel en la creación de ese grupo paramilitar. Sin embargo, el juez del caso, Jaime Herrera Niño, quien dijo hace tres años que iba a darle celeridad a la decisión, pidió en enero que le fuera asignado un trabajador extra a su despacho para desenredar el expediente y emitir una sentencia, para lo cual pidió seis meses más al Consejo Superior de la Judicatura. Los seis meses ya pasaron y el asunto sigue sin moverse.
Tras las investigaciones en contra del hermano del también exsenador Uribe Vélez también aparecieron nuevos nombres en el expediente y, el 2 de septiembre de 2019, la Fiscalía emitió resolución de acusación contra los comerciantes Leonidas Pemberty Zapata, Óscar de Jesús Arango Palacio y Luis Ernesto Espinal Cano. El 11 de febrero de 2020 corrió con la misma suerte el comerciante Jader Ramiro de Jesús Pérez Lopera. Por estos mismos hechos también fueron acusados los exmiembros de la Policía Nacional Jairo Rodríguez Venegas, José William Ospina Castro y Alexander de Jesús Amaya Vargas. Este último, testigo estrella del caso, ha exculpado en repetidas ocasiones a Santiago Uribe de su participación en la creación de ‘Los 12 Apóstoles’ y cuenta con un acta de sentencia anticipada del pasado 21 de marzo de 2023.
El actuar delictivo de ‘Los 12 Apóstoles’ se extendió a los municipios de Santa Rosa, Valdivia, Campamento, Angostura, Briceño, Gómez Plata y Carolina del Príncipe. Su propósito, dicen las investigaciones de la Fiscalía, estaría encaminado a ejecutar una política de exterminio en contra de quienes eran considerados “indeseables sociales” (adictos a sustancias psicoactivas, extorsionistas, secuestradores, expendedores de estupefacientes, personas que atentaban contra el patrimonio económico ajeno, etc), “amén de eliminar a militantes y auxiliadores de los grupos subversivos que operaban en la región, todo ello con el concurso, por acción y omisión, de miembros de la Policía Nacional e integrantes de inteligencia militar”.
Armas de Bulgaria
Este expediente tiene sus orígenes tras la desmovilización de algunas divisiones de las AUC entre 2003 y 2006 que entregaron más de 11.000 armas de fuego y que fueron analizadas por expertos internacionales. Los estudios arrojaron que más de 7.000 fusiles AK-47 que estaban en poder de las autodefensas eran de orígen bulgaro e ingresaron a Colombia de forma ilegal a través de los puertos de Turbo y Buenaventura. Esta operación fue coordinada, de acuerdo con las investigaciones del caso adelantadas por la Fiscalía, por parte del capitán retirado del Ejército Jorge Ernesto Rojas Galindo, entre otros exmiembros de las AUC.
Entre los acusados por parte del ente investigador en este escenario se encuentran Humberto Agredo Espitia y Hans Agredo Caballero, quienes fueran representantes de la empresa Equipos y Repuestos Ltda, compañía encargada de la importación de armas a Colombia y que habría firmado un millonario contrato con la compañía Arsenal Co. de Bulgaria a nombre del Ejército para conseguir los fusiles. El 6 de agosto de 2020, la Fiscalía emitió resolución de acusación en contra de ambos investigados, quienes ya habían hablado ante la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en julio de 2012. “El proceso se encuentra en juicio y el delito imputado fue concierto para delinquir agravado en la modalidad de armar grupos armados al margen de la ley”, señalan fuentes cercanas al proceso.
Desplazamientos en Curvaradó y Jiguamiandó
Más de 844 víctimas de desplazamiento forzado se registraron en las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) entre 1996 y 1997 por cuenta del accionar paramilitar. Las primeras denuncias sobre el caso aterrizaron en la Fiscalía, precisamente, en 1997, cuando se inició una investigación para determinar el porqué de la presencia de las AUC en ese territorio. De acuerdo con las pesquisas, la incursión paramilitar estuvo soportada también por miembros del Ejército y respondiendo a intereses de empresarios de la siembra de palma y ganaderos de la región. Estas acciones, de hecho, dejaron una estela de muertos y desaparecidos en varias comunidades del Bajo Atrato que aun están bajo la lupa de la Fiscalía.
Entre el 1 de octubre de 2019 y el 23 de junio de 2023, la Fiscalía ha emitido más de 20 resoluciones de acusación en contra de ganaderos, narcotraficantes y personas reseñadas dentro de la investigación como “invasores de tierras”. También han quedado bajo el ojo de la justicia otros funcionarios como Ramsés Escobar Henao, notario de Chigorodó, y José Manuel Danies Pana, notario de Barranquilla; ambos fallecidos. También fueron acusados Alberto Jacinto Vásquez; notario de San Jacinto (Bolívar); Luis Carlos Legarda Ruiz, notario de Carepa (Antioquia) y Cecilio Moreno, exalcalde de Riosucio (Chocó). Según la Fiscalía, tantos los notarios como el exmandatario local se habrían valido de sus cargos para expedir resoluciones y tramitar escrituras de forma irregular en terrenos de especial protección en Curvaradó. Los delitos por los cuales fueron acusadas más de 20 personas en este caso fueron: desplazamiento forzado, invasión de áreas de especial importancia ecológica y concierto para delinquir agravado.
“El proceso judicial tiene varias líneas investigativas según la condición de cada una de las personas, así: empresarios que se asociaron con las estructuras armadas ilegales; funcionarios públicos que se prestaron para la legalización de los despojos; particulares que obraron en condición de comisionistas suministrando información al paramilitarismo para forzar ventas obligadas”, dice una persona cercana al expediente que prefiere no ser citada. Aun hay investigaciones en curso por estos casos de despojo, según conoció El Espectador.
Financiación Caramanta
Luego de varias denuncias anónimas en contra del empresario Hernando Mario Restrepo Osorio en 2001 por adquirir más de 10.000 hectáreas de tierra en el municipio de Caramanta, en Antioquia, la Fiscalía se dio cuenta que el también ganadero y caballista se habría aliado con su hermano, el también empresario Fabián Oswaldo Restrepo Osorio, para financiar y promover al Bloque Sureste de las AUC. Hernando Mario Restrepo, además, es amigo personal de Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y es salpicado en el escándalo de Odebrecht por haber prestado una de sus fincas para cuadrar millonarios sobornos por más de $4.500 millones. Además, su nombre retumba en expedientes judiciales desde hace más de 14 años pues, según el exjefe paramilitar Juan Carlos Sierra, alias el Tuso, Hernando Mario fue quien manejó las finanzas del narcotraficante Juan Carlos Ramirez Abadía, conocido como Chupeta. Ambos hermanos fueron acusados y llamados a juicio en 2021 por los delitos de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promover y financiar grupos armados ilegales.
Masacres en la cárcel La Modelo
Darle alas al proyecto paramilitar no solamente fue una estrategia por parte de empresarios. También la promoción de estos grupos estuvo orientada por parte de agentes del Estado desde diferentes esferas. Una de ellas se dio desde el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), en hechos ocurridos en la cárcel La Modelo de Bogotá, un centro de reclusión que vio, entre 1999 y 2003, tres masacres y 101 asesinatos selectivos al interior de sus instalaciones por órdenes de paramilitares recluidos. Versiones libres ante Justicia y Paz de Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, y Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata, señalan varios hechos que salpican directamente a varios exdirectores de La Modelo.
De acuerdo con lo mencionado por los ‘exparas’ a esa jurisdicción, al interior del penal se conformó una organización ilegal por parte de los paramilitares recluidos, quienes seguían delinquiendo con el beneplácito de los directores de la cárcel y otros funcionarios internos. Esto permitió que el aparato contrainsurgente trasladara sus dinámicas de muerte de la zona rural al interior de los muros de esa prisión capitalina.
Entre el 12 de junio de 2018 y el 7 de junio de 2022, la Fiscalía emitió resolución de acusación en contra de William Gacharná Castro, exdirector de La Modelo en 2001; Reinaldo Fierro Rico, exdirector de La Modelo en el año 2000; Fabio Campo Silva, exdirector del Inpec entre 2000 y 2001; Luis Bernardo Maldonado Bernate, subdirector del Inpec entre 1999 y 2001; Jaime Gallo Zuleta, exasesor interno del Inpec entre 2000 y 2001; así como contra los exparamilitares desmovilizados Juan Carlos Cadavid Vélez, Albert Narváez Mejía y José William Parra Arroyave.
Los exdirectivos William Gacharná y Fabio Campo Silva solicitaron voluntariamente su acogimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ambos han mencionado las prácticas que se configuraron durante esos cuatro años en los que, al interior del penal, se asesinaron y desaparecieron personas. El exdirector de La Modelo ha mencionado que en la cárcel ubicada en Puente Aranda hay, incluso, supuestas fosas con cientos de cuerpos y ha señalado ante la justicia transicional que, por órdenes de líderes paramilitares, algunos cuerpos habían sido desaparecidos en ácido clorhídrico.
Otros acusados por parte del ente de control por su presunta financiación a grupos paramilitares en otros hechos que son materia de investigación son Jacinto Alberto Soto Toro, por su presunta participación en el homicidio de tres investigadores del CTI entre 1997 y 1998. En etapa de juicio también se encuentra el proceso en contra de Roger Esteban Gutiérrez Córdoba, un comerciante que habría prestado su finca para reuniones del Bloque Sur del Putumayo de las AUC donde se movían grandes cantidades de dinero. Actualmente, también hay procesos en marcha por el robo de hidrocarburos a Ecopetrol con complicidad de terceros civiles. Así mismo, documentos probarían la fundación de la Cooperativa Promotora Agraria para la Sustitución de Cultivos Ilícitos en el Sur de Bolívar (Corpoagrosur) que, en un inicio, se mostró como una iniciativa de campesinos para la sustitución de cultivos ilícitos y se convirtió en una oficina ilegal de compraventa de terrenos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
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