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El gobierno del presidente Gustavo Petro acaba de echar para atrás la orden de extraditar a Johan Michael García Rojas, alias “La Gallina”, jefe del Tren de Aragua capturado en 2024 en Cali. ¿La razón? Pese a que la Corte Suprema de Justicia le dio luz verde a su envío hacia Venezuela y el Ejecutivo le puso la firma a esa orden en 2025, este jefe criminal pidió asilo en Colombia y no puede ser extraditado hasta que se resuelva su solicitud.
Su caso no es único. En el grupo de personas que, como señalan expertos penalistas, usan el asilo más allá de su objetivo real, hay desde contrabandistas como Diego Marín Buitrago, más conocido como “Papá Pitufo”, hasta exfuncionarios como Carlos Ramón González, prófugo de la justicia en Nicaragua.
García Rojas es requerido por Venezuela por delitos como terrorismo, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas y financiación del terrorismo. Por estas conductas, el gobierno colombiano procedió con su extradición.
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Sin embargo, el Ministerio de Justicia tuvo que frenar el proceso porque su defensa pidió que se revocara el envío del ciudadano venezolano, hasta tanto Colombia no resuelva si le da el asilo que pidió. Los abogados de uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua lo señalan como un “perseguido político” debido a su condición de opositor al Gobierno venezolano, lo que, a su juicio, torna inviable ejecutar la orden de enviarlo en extradición.
Esa solicitud de refugio se realizó el 22 de enero de 2026, un mes y seis días después de que el gobierno colombiano avalara su extradición. Con este recurso sobre la mesa, Colombia tuvo que activar el principio del Derecho Internacional de los Refugiados de “no devolución” y, por ende, se frenó el envío del jefe criminal a Venezuela.
“Tras verificarse que el ciudadano requerido ostenta la calidad de solicitante de refugio y que está cobijado por el principio de no devolución (…) el gobierno nacional revocará la decisión impartida ordenará que se suspenda la entrega del ciudadano”, se lee en la resolución 103 de 2026 del Ministerio de Justicia, en la que, además, aclara que esa suspensión estará vigente hasta que se decida de fondo su calidad de refugiado en territorio colombiano.
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La extradición de alias “La Gallina” a Venezuela ya había generado controversia en el ámbito judicial. La primera vez que estuvo en el foco de la discusión fue en noviembre pasado, un mes antes de que el gobierno autorizara su extradición. La Corte Suprema de Justicia sostuvo un fuerte debate debido a los cuestionamientos de su envío a un gobierno “sin legitimidad”.
El magistrado Carlos Roberto Solórzano emitió un salvamento de voto y argumentó que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela estaba cargado de irregularidades, además por el poco respeto a los derechos humanos. Aun así, su envío al gobierno venezolano quedó en firme el pasado 16 de diciembre de 2025, pero, por ahora, su retorno está en veremos.
La estrategia de usar el asilo para dilatar procesos de extradición no solo la están usando personas que hacen parte de estructuras al margen de la ley. También lo han hecho exfuncionarios del gobierno actual, como Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
El exfuncionario, acusado en enero de 2026 por al parecer haber sido uno de los cerebros detrás del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), lleva alrededor de un año prófugo de la justicia en Nicaragua. Primero, logró una residencia exprés en ese país, caso por el cual la Procuraduría abrió en agosto de 2025 una investigación contra funcionarios de la Cancillería.
Luego, el 20 de ese mismo mes, el régimen de Daniel Ortega le cerró la puerta al pedido de extradición hecho por Colombia y le dio asilo político a González. Ahora, el exdirector del Dapre no tiene ni siquiera activa la circular roja de Interpol en su contra, porque a inicios de abril de este año la oficina central de ese organismo, ubicada en Lyon (Francia), revocó unilateralmente la orden y aún no se ha emitido la nueva circular pedida por la Fiscalía.
Para Camilo Burbano, abogado penalista y docente de la Universidad Externado, el centro del problema está en que, en algunos casos como este, la petición de asilo político no está justificada en la persecución política, que es su principal razón de ser.
“Es posible que en ciertos casos se esté utilizando la figura del asilo político para evadir la acción de la justicia. Sin embargo, ese instrumento no puede satanizarse por casos aislados”, dijo el jurista. Y agregó: “Si bien en casos excepcionales un gobierno ha otorgado asilo a una persona por razones diferentes de la persecución política, permitiendo su evasión de la justicia, han sido muy pocos eventos en comparación con aquellos en los que una persona ha visto protegida su vida”.
En eso coincidió Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia: “Quizás el asilo se ha estado utilizando de una manera muy expansiva, cuando está pensado solo para perseguidos políticos. En casos como el de González, donde hablamos de otro tipo de criminalidad, sí se está extendiendo mucho la figura”.
Otro caso similar es el de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, quien a finales de 2023 salió de Colombia hacia España, cuando la Fiscalía ya le seguía los talones. Las investigaciones señalan que, solo en un año, les habría pagado COP 1.019 millones en coimas y sobornos a policías colombianos que “miraran para otro lado” mientras él inundaba de contrabando los puertos de Cartagena y Buenaventura. Pese a que fue detenido y España le dio luz verde a su extradición, salió en libertad condicional y aprovechó para fugarse a Portugal, donde fue retenido, una vez más, el 3 de diciembre de 2024.
El Tribunal Supremo de Oporto ya le dio vía libre a su extradición, pero el zar del contrabando pidió asilo en ese país. Durante meses, esa solicitud fue un palo en la rueda para que el proceso penal en contra de Marín Buitrago, por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio por dar y ofrecer, avanzara en Colombia. Solo lo destrabó una decisión de una jueza colombiana, que en junio de 2025 declaró a “Papá Pitufo” en contumacia o rebeldía, por lo que pudo ser llamado a juicio en noviembre de 2025.
Sin embargo, las dilaciones han continuado. El inicio de las audiencias preparatorias al juicio estaba programado para el 23 de febrero de 2026, pero la defensa pidió un aplazamiento para prepararse mejor. Mientras tanto, se han seguido conociendo las movidas del zar del contrabando, que también han salpicado a funcionarios del gobierno actual.
Sobre el caso puntual de “Papá Pitufo”, el abogado Bernate señaló que, aunque las audiencias a las que tendrá que asistir durante su juicio se pueden adelantar de forma virtual, el verdadero problema será cuando sea el momento de conocer el fallo, pues con asilo, sería imposible hacer efectiva esa decisión judicial.
“Lo que se dificultará es el cumplimiento de la sanción si la persona no está en el país, pero los procesos avanzan aunque el implicado esté en cualquier lugar del mundo”, dijo el jurista. Coincidió además con el abogado Burbano en que Colombia y cualquier otro país no pueden hacer más que evaluar con lupa este tipo de solicitudes de asilo, porque aunque su regulación es internacional, es el Estado el llamado a evitar que por la puerta del asilo entre la impunidad.
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