Decretos para la paz

“Hay que reconocer que se ha invertido en justicia más de $1 billón. Esta reestructuración cuesta $1,08 billones, que se desembolsarán entre 2014 y 2016. Se van a crear más de 3.000 cargos en la Fiscalía”, señaló el fiscal general. Desde la Constitución de 1991 no se había realizado ninguna reforma en el ente investigador y en esta oportunidad se crearon 993 nuevos cupos para fiscales especializados, municipales y del circuito. Asimismo, se abrieron 2.353 puestos de asistentes de fiscales para “fortalecer la justicia penal y además, institucionalizar un nuevo modelo de investigación”, añadió Montealegre.

Reajustes salariales; creación de nuevos cargos como los cuatro consejeros judiciales, que de ahora en adelante trabajarán de la mano del fiscal general; formación y especialización de los funcionarios de las distintas entidades —Fiscalía, CTI y Medicina Legal— para luchar contra las nuevas formas de delincuencia; el fortalecimiento de las regiones donde anteriormente no había presencia del ente investigador con la aparición de un director seccional en cada departamento; y las nuevas direcciones en la Fiscalía para la administración y gerencia del nuevos sistema acusatorio, son otras de las reformas que señalan los siete decretos.

“Una de las grandes deficiencias era que las investigaciones se llevaban individualmente y fraccionadas y no se estaba adelantando una verdadera política contra el crimen organizado. Ahora no se centrarán tanto en el caso particular, sino en desbaratar las grandes bandas criminales. Con estos decretos se crean cinco nuevas policías judiciales en el país, además del CTI. Muchas de estas policías judiciales estarán encargadas de investigar el crimen financiero y de cuello blanco”, puntualizó el fiscal general.

Estas cinco dependencias serán: policía judicial económico financiera para casos como Interbolsa; policía judicial de extinción de dominio para procesos que se adelantan contra el cartel de devoluciones del Iva en la DIAN, temas de narcotráfico y el desfalco a la Dirección Nacional de Estupefacientes; policía judicial de derechos humanos y de derecho internacional humanitario —clave para la investigación de los crímenes del posconflicto, especialmente de las Farc—; crimen organizado, como por ejemplo las investigaciones contra las bacrim; y policía judicial de aforados constitucionales como los casos de parapolítica.

Junto a la transformación de Fiscalía también se dio un giro de 180 grados a la Defensoría del Pueblo, organismo al que se le inyectó una importante suma de dinero. El objetivo principal es tener una mayor capacidad para agilizar los procesos sobrevinientes a la firma de los diálogos de paz en La Habana (Cuba) con las Farc. “La Unidad de Víctimas ha hecho un esfuerzo monumental en temas de reparación. Pero el hecho de que ahora la Defensoría tenga más capacidad para jugar ese papel, de atender las necesidades y los clamores de las víctimas, es un paso importante en la dirección que todos queremos entender: un país en paz, un país reconciliado y un país que ojalá en el futuro no vuelva a tener víctimas”, aseguró el presidente.

Entre los cambios más significativos está la creación del vicedefensor del pueblo y de delegados para asuntos Agrarios, derechos de los niños y el adulto mayor, entre otros. “Con estos decretos se fortalece la Defensoría, dado que desde su creación no había tenido ninguna reestructuración. Se fortalece en un 90% la presencia en las regiones donde actúan los grupos armados ilegales”, precisó el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora. Con radicación de estos decretos el Gobierno empieza a estructurar un plan de contingencia contra la avalancha de procesos que se avecinan, tanto de investigación penal como de reparación de víctimas, contra los miembros de las Farc y, asimismo, no abandonar las regiones más afectadas por la violencia.