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El abogado Luis Arturo Jiménez, quien defiende los intereses de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce, denunció que existen presiones para que su defendida siga privada de la libertad en el proceso que se le adelanta por su presunta participación en el delito de soborno.
El jurista señaló que desde el momento de su captura –el pasado 12 de febrero-se le han vulnerado todos los derechos a su defendida, hecho por el cual ha presentado diversas quejas ante la Procuraduría General y organismos internacionales.
En este sentido señaló que ya en una oportunidad el Tribunal Superior de la Judicatura ordenó que se resolviera la situación jurídica de la procesada puesto que ya habían pasado más de 200 días y no se había fijado una audiencia.
El abogado denunció además que no existen razones para que su cliente siga cobijada con medida de aseguramiento, sin embargo, denunció, hay presiones para que siga recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.
La audiencia que se tenía programada este viernes, en la cual se iba a solicitar la libertad de Gette Ponce tuvo que ser aplazada debido a la escases de jueces en el complejo judicial de Paloquemao. La diligencia fue reprogramada en tres oportunidades, finalmente la fiscal del caso manifestó que tenía otros compromisos profesionales.
Según la defensa, ya se cumplieron los plazos exigidos por la ley para iniciar el juicio en su contra. “Hasta el momento estamos en preparatoria por lo que argumentamos que se presentó un vencimiento de términos y se le debe otorgar la libertad inmediatamente”.
Además el pasado jueves la tutora de los cuatro hijos de Silvia Gette radicó una tutela en la que se pide que se le otorgue la detención domiciliaria alegando que es menester que ella esté al cuidado de ellos.
En la acción se indica que todos ellos son menores de edad y necesitan “su cuidado y amor”, por lo que además de estar vulnerando los derechos fundamentales de la procesada también se están afectando los derechos de los infantes.
“Se busca preservar las condiciones dignas de vida de los menores y personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta a cargo de ella”, precisa uno de los apartes de la tutela que será usada por la defensa de la exrectora.
Gette es investigada por presuntamente ordenar la entrega de 250 millones de pesos al excomandnate paramilitares Edgar Ignacio Flórez, alias ‘Don Antonio’ para que cambiara su declaración en el marco que se le adelanta por su participación en el crimen del ganadero Fernando Cepeda en 2005. De estos cargos la exrectora se ha declarado inocente en repetidas oportunidades.
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