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El abogado, Iván Cancino quien defiende los intereses del exalcalde de Magangué, Jorge Luis Alfonso López, le solicitó a la Fiscalía General que investigue la supuesta existencia de un carrusel de testigos en el proceso que se le adelanta a su cliente por su presunta participación en el asesinato de un periodista y edil.
Según el jurista, llama la atención el hecho de que en los procesos que se adelantan contra su cliente y su progenitora, la empresaria del chance Enilce López, más conocida como ‘La Gata, “aparezcan los mismos testigos”.
Ante esta situación le pidió al fiscal General, Eduardo Montealegre que se tomen medidas urgentes con el fin de reevaluar el análisis y el peso jurídico de los “testimonios de delincuentes” puesto que en muchas oportunidades estos están buscando beneficios judiciales y económicos.
«El testimonio de delincuentes por más que hayan participado de las situaciones no pueden ser la única prueba que tenga en cuenta la Fiscalía», manifestó Cancino, llamando la atención sobre el hecho de que se deben confrontar con otros testimonios o pruebas documentales.
El abogado informó además que en los próximos días se adelantará la ampliación de la indagatoria a su cliente en las cuales se presentaran todas las pruebas para demostrar que no tiene nada que ver con los hechos por los cuales la Fiscalía lo investiga.
El pasado 9 de agosto un fiscal de Derechos Humanos y DIH cobijó con medida de aseguramiento a Alfonso López por su presunta participación en el delito de homicidio agravado en calidad de coautor.
La determinación del fiscal instructor se relaciona con el homicidio del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, registrado el 19 de febrero de 2005 en el mencionado municipio.
La Fiscalía tiene testimonios que apuntan a Alfonso López, como uno de los autores intelectuales de dicho asesinato ejecutado por paramilitares del Bloque Norte de las Auc.
Jorge Luis Alonso López también tiene investigaciones en la Unidad de Lavado de Activos y en la Unidad Antinarcóticos.
En febrero de 2010, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó 20 años para el ejercicio de funciones públicas al hallar serias irregularidades en la celebración de varios contratos originados en su administración, como burgomaestre.
La captura de López se produjo en una finca del corregimiento Pitalito, municipio de Polo Nuevo (Atlántico), donde fueron halladas armas de fuego y dinero en efectivo.
Jorge Luis Alfonso López se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.
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