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Esta semana, el Congreso conciliará el texto definitivo del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa de políticas públicas que contiene las estrategias sociales, ambientales y económicas que se implementarán durante los cuatro años de la nueva Presidencia. En pleno contrarreloj en la Cámara de Representantes por debatir cada uno de los artículos del PND, la Defensoría del Pueblo anunció que, de quedar tal cual la propuesta radicada por el Gobierno, se incrementará el costo de vida de los colombianos.
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“Frente a una situación de inflación y dificultades económicas como la que atraviesan miles de familias en Colombia, es fundamental revisar la impacto de medidas del Plan en sectores como el energético, en el que se eliminaría el subsidio para el estrato 3 y se reduciría para los estratos 1 y 2. Adicionalmente, si se elimina el subsidio a la gasolina se vería reflejado en el costo de vida y el acceso a los bienes y servicios de los ciudadanos, en consecuencia, el Plan terminaría agudizando las dificultades económicas y restringiendo los derechos de las personas más vulnerables”, señaló Carlos Camargo.
A renglón seguido, el Defensor pidió a los representantes a la Cámara que velen por la implementación de medidas que incentiven el desarrollo de actividades que aportan recursos a las comunidades. Es decir, que enfoquen los recursos del PND en infraestructura, transporte, proyectos viales y férreos y la consolidación de subsidios en los que la entidad denomina un “sistema unificado de transferencia”. Pidió, además, especial atención con el artículo de las remesas, dado que es un ingreso crucial para las familias colombianas, que alcanzan los $42 billones anuales aproximadamente.
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La Defensoría, por otro lado, le solicitó al Congreso incluir las súplicas de las víctimas reconocidas del conflicto armado, quienes solicitan fortalecer en un 20% el presupuesto para la entrega de tierras productivas. A Carlos Camargo le llama la atención que el PND tampoco incluya, según su lectura, el fortalecimiento de los programas y estrategias de acceso de jóvenes al empleo y a los sistemas de información, con miras a la generación de mayores ingresos. Y, por último, que las familias víctimas del conflicto sean reparas en grupo, y no alguno de sus miembros de manera individual.
Por otro lado, Carlos Camargo expresó su preocupación por el nuevo modelo de contratación pública propuesta en el nuevo PND, consistente en alianzas público-populares. “Si bien pretenden mayor participación de las comunidades en el desarrollo de los proyectos, no garantizan la idoneidad de quienes realizan las obras; esto pone en riesgo la ejecución de los proyectos, y puede atentar contra los principios de transparencia y competencia de la contratación pública, además no garantiza que existan menores costos para el Estado”, concluyó la Defensoría.
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