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ris Marín Ortiz fue elegida por la Cámara de Representantes como la primera mujer líder de la Defensoría del Pueblo. En diálogo con El Espectador, la defensora habló de su reciente paso por la Corte Constitucional y el cambio de enfoque que le dará al ente de control. Se describe como una defensora de Derechos Humanos y feminista que, aunque convenció a 170 congresistas de que votaran por ella para hacerse con el cargo, promete que no politizará la entidad y que la mantendrá libre de cualquier poder político.
Usted es la primera mujer que toma las riendas de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál es el sello que quiere dejar en su paso por la entidad?
Llego como la primera mujer en ocupar este cargo. Es inaudito que en más de 30 años que tiene la Defensoría del Pueblo funcionando, pues no hubiera habido una mujer al frente, porque de hecho, excepto en la Presidencia de la República, todas las otras altas instituciones del Estado habían tenido una mujer: presidenta del Congreso, procuradora, fiscal, contralora… Mi primera apuesta es ser coherente con el hecho de ser mujer y trabajar fuertemente en contra de la discriminación y la violencia contra nosotras. Es muy triste que sea tan necesario trabajar en contra de la discriminación contra la mujer.
Entre mayo del año pasado y mayo de este año hubo 630 feminicidios. Yo pido que se reflexione, porque, por ejemplo, firmantes del Acuerdo de Paz han matado a más de 430 desde 2017. Este año 116 líderes sociales han sido asesinados. Y en un año 630 casos de feminicidios. No quiero minimizar los otros hechos que son igualmente muy graves y la Defensoría del Pueblo les va a dar toda la importancia. Solo quiero llamar la atención sobre la magnitud de la persecución de género que hay en contra de las mujeres y que esto, por ejemplo, si fuera un grupo étnico sería un genocidio, es supremamente grave.
¿Cuál será la prioridad en su agenda?
Mi agenda tiene dos ejes: uno, el de la paz y otro, el de la igualdad. Entonces la paz es el tema de cumplir el Acuerdo de Paz de 2016, seguir trabajando en estos procesos que he emprendido en el gobierno nacional, para que ojalá termine en una mejor protección de la población civil, porque desafortunadamente la gente no está bien actualmente y la situación de derechos humanos ha empeorado. Por otra parte, el tema igualdad social y de igualdad, así como la racial y la igualdad entre campo y ciudad. La Constitución del 91 tuvo una apuesta de paz, pero la paz no es solo el desarme y ahí acaba.
La paz es la sostenibilidad en el sentido de que haya igualdad en socioeconómica, que los niños y niñas no tengan como su mejor opción de futuro tomar un arma e irse a un grupo armado. Todo el tema de desigualdad socioeconómica, desigualdad entre el campo y la ciudad, y por ejemplo, hemos visto que en el Acuerdo de Paz, uno de los temas más graves y retrasados es la implementación del punto uno (Reforma Rural Integral), que esa es realmente la fuerza de sostenibilidad del acuerdo. Digamos que se sabía que no iba a haber sostenibilidad, ni un desarme, si el Estado no llegaba a hacer presencia en esas zonas, no solo militarmente, sino una presencia social y de legitimidad integral dentro de los territorios, que es el tema de igualdad socioeconómica en nuestro país entonces.
¿Usted considera entonces que la implementación del Acuerdo de Paz fracasó?
Más que haber fallado o no haber fallado, yo creo que nos hemos demorado mucho. Ha habido muchos retrasos de todo orden y obedecen a diferentes circunstancias, yo no creo que haya fallado, todavía estamos a tiempo y no creo que nos sirva mucho declararnos rendidos y fracasados. De hecho, la Constitución dio tres periodos presidenciales para el cumplimiento del Acuerdo, para que fuera obligatorio para las autoridades en su cumplimiento, vamos en el segundo. Lo que toca es redoblar esfuerzos.
Durante su paso por la Corte Constitucional hizo seguimientos a tutelas en las que se evidenciaban vulneraciones a los derechos humanos. Con esa experiencia, ¿cuáles son las problemáticas en donde deben ponerse los mayores esfuerzos?
Yo tengo un decálogo de prioridades. El primer tema es la violencia contra la mujer. El segundo es la prevención de la violencia generada por el conflicto armado y la criminalidad organizada, ahí está todo el tema de sistema de alertas tempranas, el rol humanitario de la Defensoría del Pueblo, etcétera. Un tercer tema es el cambio climático y el medio ambiente sano. Estamos teniendo una crisis muy seria de desplazamiento ambiental, de emplazamiento, de la necesidad de reubicar comunidades afectadas por el cambio climático y no tenemos una legislación o una política pública acorde a las necesidades que se están, entonces mi idea es desde la Defensoría acompañar a las comunidades de una parte, y de otra parte promover la política pública, para que podamos mejorar la adaptación al cambio climático y toda la respuesta a los fenómenos migratorios relacionados con desastres y cambio climático.
El otro tema está relacionado con la niñez y la juventud y lo que he llamado el derecho a un buen futuro, porque ese derecho es un derecho emergente de derechos humanos y básicamente me pareció muy linda la denominación y creo que representa muy bien lo que quiero plantear y es la posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes se sientan acogidos por la sociedad y sientan que pueden tener un proyecto de vida.
Otro tema es la crisis carcelaria. Hay un Estado de Cosas Inconstitucional alrededor de este tema, he hecho en estos días un recorrido con los defensores y defensoras regionales y he encontrado que efectivamente la Corte Constitucional ya lo manifestó así y la el tema es dramático en prácticamente todas las regiones del país, el hacinamiento no solo carcelario, sino sobre todo en centros de detención transitoria, es decir, en estaciones de policía que están hechas para que alguien pase la noche mientras que le resuelven la situación, se están volviendo centros de hacinamiento, donde tenemos hacinamientos muy altos en unas regiones más que en otras, pero en todo el país.
El último es todo el tema de crisis migratoria y especialmente en el tapón del Darién donde hay migrantes que están pasando la frontera y no tienen acceso a atención humanitaria, hay desaparición, niños no acompañados, no hay registros de entrada y salida del tapón del Darién, es decir, entran 10 y salen cinco, ¿y qué pasó con los otros cinco?, nadie lo sabe. La idea es promover algún tipo de respuesta para búsqueda de personas desaparecidas, registro, atención humanitaria de estas personas.
Los problemas los tiene identificados, pero, ¿cuáles serán las acciones que van a emprender desde la Defensoría para hacerles frente?
En cuanto a los derechos humanos de las mujeres, la primera es fortalecer las duplas de género, que son una abogada y una psicóloga que acompañan a las víctimas de violencia sexual y de violencia de género. Segundo, acompañarlas desde la defensoría pública en los procesos penales por los diferentes hechos de violencia que sufren.
Tercero, que es fundamental, es fortalecer los esfuerzos de capacitación de funcionarios y funcionarias públicas, porque hay mucha violencia institucional, que no solo es la gravedad de que a la mujer le pegue el marido, la acosen sexualmente, la niña que sufre abusos en su casa, sino que llegan a la Comisaría de Familia, y la Fiscalía, la Policía y no le dan la importancia ni la relevancia al caso, le piden pruebas imposibles de tener, les piden que concilien con sus maridos, porque supuestamente van a dañar la familia. No se están protegiendo a las mujeres desde las instituciones y las revictimizan. Muchas mujeres dicen que el agresor más fuerte es la institución cuando no las respalda.
En el tema ambiental, acompañar a las comunidades es fundamental y promover políticas públicas, porque hay un tema de falta de desarrollo legislativo y de política pública para atender el cambio climático y los diferentes fenómenos de migración forzada. En el tema carcelario y penitenciario, la idea es contribuir a hacer censos de personas. Uno de los problemas es que en las estaciones de centros de detención transitoria en donde pernoctan personas que ya están condenadas, que deben estar en centros penitenciarios. Hay que ver que otras accedan a mecanismos sustitutivos de penas, por ejemplo, hay una ley reciente del 2023 que permite la sustitución de penas de mujeres cabeza de familia para que salgan en libertad, la idea es promover mucho su implementación para que descongestionen los centros carcelarios de una parte y, por otra parte, puedan acceder a estas medidas que les ofrece la ley, sobre todo acompañar mucho la implementación de las órdenes de la Corte Constitucional.
En cuanto a la niñez, allí hay mucho por hacer, creo que hay que trabajar en la política pública de salud mental, porque hay que ir más allá y es todo el tema de entornos protectores, ese es un tema que vamos a trabajar, tenemos que hacer una planeación estratégica para los cuatro años de la gestión y tenemos que ser muy creativas en cómo vamos a abordar ese tema.
Usted llegó al cargo ternada por el presidente Gustavo Petro, pero en la Cámara de Representantes fue elegida con 170 votos. ¿Cómo logró todo ese apoyo en el Congreso?
Habría que preguntarle a ellos por qué me vieron como la mejor opción, pero la percepción que yo tengo es que desde el primer día que fui ternada le envié un correo electrónico a todos los miembros de la Cámara de Representantes, desde el Pacto Histórico hasta los del Centro Democrático y a todos sus intermedios. Desde el principio quise que me eligieran todas las bancadas para tener la mayor legitimidad posible para desempeñar mi labor. Les traté de transmitir, y creo que lo logré, la importancia que la Defensoría del Pueblo no le perteneciera a ningún sector político.
Yo llegué ternada por el Presidente de la República y por eso estoy muy agradecida y creo que tuvo un gesto con las organizaciones de derechos humanos y un gesto feminista en la medida en que garantizó que fuera una mujer la primera defensora del Pueblo. Pero también me proclamé como una candidata independiente, que no hubiera trabajado con el gobierno y yo venía de la Corte Constitucional. Quise decirles que yo iba a ser independiente en el sentido de que mi única lealtad iba a ser, es y será con los derechos humanos que no pertenecen a un partido político ni a un grupo de poder. Lo que ofrecí es que la Defensoría del Pueblo fuera un espacio de alivio para las diferentes posiciones políticas.
Cuando me preguntaban, yo les decía “miren mi hoja de vida”, mi hoja de vida lo que muestra es que he trabajado con todo el mundo en aquel lugar donde se puedan definir las causas de derechos humanos, cuenten conmigo, yo no soy sectaria. Y creo que se sintieron tranquilos y tranquilas de ver una candidata que realmente iba a trabajar por los derechos humanos y no por un sector específico de poder también.
¿Cómo garantizar que la Defensoría del Pueblo no se vuelva un fortín político como lo dicen de administraciones pasadas?
Hay unos criterios que yo he compartido públicamente, al interior de la Defensoría del Pueblo, están en las redes, en mi discurso de posesión y es que me he comprometido, primero, a que todas las personas que trabajen en el directivo de la Defensoría del Pueblo deben ser personas comprometidas con los derechos humanos y este compromiso no lo mido exclusivamente por los cartones, sino por el corazón. Yo creo que el tema de trabajar por los derechos humanos es un tema de que a uno le duela la injusticia, venga de quien venga y afecte a quien afecte. Segundo, la independencia, esto quiere decir que no obedecemos a ningún sector de poder, solo nos debemos a los derechos humanos y ese es nuestro trabajo exclusivo.
Tercero, la incorruptibilidad. A veces me decían que deben ser personas que no tengan antecedentes penales, pero no es solo que no haya corruptos, sino que seamos incorruptibles, que es un estándar mayor y es realmente ser intolerantes con la desviación de los recursos públicos de la entidad para causas que no sean las de los derechos humanos. Nosotros tenemos el privilegio de tener los recursos públicos de los impuestos de los colombianos para ejercer esta labor, entonces tenemos que ser absolutamente responsables en el uso más eficiente de sus recursos y no admitir ningún tipo de desviación. Esos son los criterios que voy a tener y he manifestado públicamente de que no se politice en un sentido de entregar la entidad a grupos específicos de poder. Cualquier persona que entre a trabajar en la entidad se debe a la Constitución, a las comunidades y a los derechos humanos.
Justamente después de su posesión, el presidente Petro llamó “muñecas de la mafia” a un grupo de mujeres periodistas y usted saltó a la defensa de ellas. ¿Cómo hacerle frente a esos grandes poderes que llegan a vulnerar los derechos humanos de alguna manera?
La Defensoría del Pueblo ante todo es una voz. Es decir, no va a meter a la cárcel a nadie, no va a sancionar a nadie, es una voz de legitimidad en favor de los derechos humanos. La manera de hacer frente es diciendo las cosas como son, rechazando aquellos hechos que de alguna manera desconocen los derechos humanos, decirlo claramente, no con el ánimo de caer en la polarización que nos invade en este país, sino de que no perdamos el centro de nuestro trabajo y llamar a las autoridades, no importa qué autoridad, si es derecha, izquierda, si es el presidente de la República, del Congreso, no importa quién.
¿Cómo conectar a distintos actores en un contexto donde se intenta llegar a la paz, pero con grupos que se alejan del diálogo e intensifican los ataques armados?
Soy amiga y defensora de que la violencia del país se termine por medios dialogados y por acercamientos que es la vocación de paz de la Constitución del 91, una paz amplia que no es solamente el fin de la violencia política o el conflicto armado, sino cualquier tipo de violencia que afectará a los derechos humanos de la población. La mejor forma de hacerlo es por medios pacíficos y dialogados, sin embargo, esto no puede pervertirse y es importante que estos diálogos y acercamientos puedan redundar en la protección de la población que está sometida al poder violento de estos grupos armados y ahí yo creo que hay un reto que tenemos en este momento como país y es que estos diálogos no desmejoren la situación de derechos humanos.
Desafortunadamente, la situación de derechos humanos en este momento es muy crítica y de derecho internacional humanitario. Está subiendo el reclutamiento forzado, las economías ilícitas se han venido expandiendo, la violencia sexual contra mujeres y niñas, el desplazamiento forzado, el confinamiento, etc. Lo que yo he ofrecido a esas mesas de diálogo es que la información de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de la dinámica de la violencia en los territorios pueda ser considerada por ambas partes en esos diferentes acercamientos o negociaciones para que se adopten medidas humanitarias de protección de la población y disminuyan estos índices de violencia. De todas maneras, el presidente de la República conserva sus facultades de control del orden público a través del uso de la fuerza y la Fiscalía y la Rama Judicial también tienen sus facultades de judicialización y no las pueden dejar de lado.
¿Cómo hacer para que las instituciones sí le presten atención a advertencias como las que hacen en el Sistema de Alertas Tempranas?
El sistema de alertas tempranas es un patrimonio del país, son muy reconocidos los diagnósticos del sistema, es muy reconocido por todas las organizaciones e instituciones. Donde creo que hay fallas es en la implementación de las recomendaciones en que tengan un impacto real en la prevención de las violaciones de derechos humanos, que además es su finalidad. Pero tenemos un buen diagnóstico y actualizado, funciona bastante bien. La propuesta es primero priorizar las recomendaciones desde el 2017, el sistema de alertas tempranas ha producido unas 5.000 recomendaciones y eso no funciona porque son tantas que podría ser ninguna. Queremos hacer una priorización estratégica de cuáles son las recomendaciones centrales que deberían atender las autoridades.
Segundo, yo quisiera trabajar de la mano de las autoridades tanto del gobierno nacional como de los gobiernos territoriales para la implementación de las alertas tempranas. Hay unos comités que son la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) que desafortunadamente se han convertido en un formalismo, donde se reúnen, reciben la alerta, dicen que sí, pero realmente no pasa mayor cosa. La idea es que la Defensoría del Pueblo tenga un rol de liderazgo en la implementación de las recomendaciones, no solo de denuncia y decir “esto está mal”, sino de trabajar desde el territorio con las alcaldías y con las gobernaciones en la implementación de estas recomendaciones.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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