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Ha sido una de las semanas más difíciles para el gobierno Petro. Las denuncias sobre los presuntos nexos de las disidencias con un general de la República y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) derivaron en un escándalo que no amaina. Al mismo tiempo, la Fiscalía le formuló nuevos delitos por presunta corrupción a Nicolás Petro Burgos, hijo del jefe de Estado, y llevará este lunes 1° de diciembre a imputación de cargos a dos poderosos exministros por el caso Ungrd: Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Y como si ya no fuera tanto, el jueves pasado el Consejo Nacional Electoral sancionó a la campaña Petro Presidente por violación de topes electorales.
En medio del temporal, los coletazos de la inclusión del presidente y su esposa Verónica Alcocer en la lista Clinton siguen protagonizando titulares extranjeros, mientras Petro se atrinchera en su cuenta de X y en las alocuciones presidenciales para denunciar lo que considera una persecución. Declararse un perseguido ha sido la respuesta ante los escándalos que han rodeado su administración. El Espectador reconstruye 23 momentos o procesos judiciales que han marcado la era del llamado “Gobierno del cambio”. A pesar de que el primer mandatario ha instalado el relato de que la prensa miente y no cuenta los logros de su gobierno, han sido los medios en buena medida los que han destapado estos casos.
1. El saqueo a la Ungrd
Los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior, Luis Fernando Velasco, serán imputados por la Fiscalía este 1° de diciembre por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y cohecho por dar u ofrecer por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Es el último capítulo del escándalo de corrupción más grave del gobierno Petro. El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González hoy es prófugo de la justicia por este mismo caso y obtuvo un asilo del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. La exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz ya fue acusada por estos hechos y está detenida por servir supuestamente como mensajera para repartir millonarios sobornos al Congreso.
Asimismo, el exdirector de la Función Pública César Manrique terminó procesado por haber recibido, al parecer, COP 3.000 millones en coimas, y también huyó de la justicia. Los protagonistas de las confesiones en el expediente son Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Ungrd, hoy en prisión y quienes negociaron con la Fiscalía. También ha sido clave el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del Minhacienda.
Sus delaciones han resultado claves para que la Corte Suprema haya enviado a prisión a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, llamados a juicio ya, y que se haya abierto otra investigación: esta vez contra cinco parlamentarios y un exrepresentante que habrían llegado a acuerdos ilícitos con el Gobierno para aprobar millonarios créditos internacionales a cambio de tres proyectos en Arauca, Córdoba y Bolívar por COP 92.000 millones.
Se trata de Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz. Igualmente, la Corte adelanta pesquisas contra el congresista Julio Elías Chagüi y falta que la Fiscalía resuelva los casos de Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre, así como Andrea Ramírez, asesora del exministro Bonilla. La gran mayoría de los investigados se han declarado inocentes.
2. Los escándalos de Nicolás Petro Burgos
En la madrugada del 29 de julio de 2023, la Fiscalía capturó a Nicolás Petro Burgos para imputarle los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por presuntamente haber desviado recursos de la campaña presidencial de su papá y contratos de la administración del Atlántico a sus propios bolsillos. Movidas como la compra de una lujosa casa en Villa Campestre, en Puerto Colombia (Atlántico), que estaría avaluada en COP 1.600 millones, están dentro de los negocios presuntamente ilegales, pues no tendría los recursos suficientes para justificar esa adquisición.
La testigo estelar en su contra es Day Vásquez, su expareja sentimental, quien conoció de cerca estas maniobras presuntamente ilícitas. Esta semana, la Fiscalía amplió la investigación y le imputó los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación. La tesis del ente investigador es que, en 2021, Petro habría intervenido en una contratación irregular con el fin de enriquecerse.
Una vez detenido, el hijo del presidente rindió un largo interrogatorio en la Fiscalía y afirmó que su papá y el gerente Roa “sí” sabían los detalles de la financiación de la campaña y que uno de sus grandes mecenas había sido el empresario Euclides Torres. Sin embargo, después se echó para atrás y denunció al fiscal Mario Burgos. Cuando empezó el ruido judicial en contra de Nicolás Petro, el jefe de Estado dio una entrevista cuyo titular causó polémica. En relación con Nicolás dijo: “Yo no lo crié”.
3. Las visitas de Juan Fernando Petro
En abril de 2022, durante la campaña presidencial, Noticias Caracol publicó una investigación sobre la visita de Juan Fernando Petro, hermano del entonces candidato Gustavo Petro, a la cárcel La Picota. Estuvo acompañado de Danilo Rueda, quien sería meses más tarde alto comisionado para la Paz. Según el informe, Juan Fernando se reunió con varios dirigentes políticos condenados por la justicia a los que, según testimonios recogidos por el noticiero, les habría ofrecido beneficios y mejores condiciones a cambio de que apoyaran la campaña de su hermano.
El candidato y Juan Fernando Petro negaron cualquier tipo de oferta, pero el episodio generó un revuelo político mayúsculo y pasó a llamarse “El pacto de La Picota”. El otro escándalo que lo rodea tiene que ver con alias “Papá Pitufo”. El exdirector de la DIAN Luis Carlos Reyes denunció que a su oficina fue Juan Fernando Petro acompañado del abogado César Valencia Mosquera, quien ha sido señalado como uno de los enlaces del contrabandista Diego Marín Buitrago, detenido en Portugal y solicitado en extradición por Colombia.
Según Reyes, el propósito de ese encuentro fue gestionar que John Freddy Restrepo Toro fuera designado como director de la DIAN en Buenaventura, uno de los principales puntos de ingreso del contrabando al país. Reyes se negó porque había mucho ruido alrededor de Restrepo Toro. Según registros de la Casa de Nariño, Juan Fernando Petro y César Valencia ingresaron allí en al menos cinco ocasiones.
Esa presunta presión para nombrar a agentes del círculo del zar del contrabando fue denunciada por Reyes ante la Fiscalía, la Corte Suprema y el presidente Petro. Dos meses después de la llegada de Petro a la Casa de Nariño, su hermano le pidió al entonces canciller, Álvaro Leyva, que les diera a él y a su esposa, Beth Levy Bethel, pasaportes diplomáticos. Sin embargo, su sucesor, Luis Gilberto Murillo, se los revocó al comprobar que no cumplían con los requisitos.
4. Ricardo Roa, el cuestionado presidente de Ecopetrol
Desde que Ricardo Roa, exgerente de la campaña presidencial, fue nombrado presidente de Ecopetrol lo han rodeado múltiples escándalos: el manejo irregular de dineros electorales sancionado esta semana por el Consejo Electoral, presuntos favorecimientos contractuales ligados a su expareja Julián Caicedo y la compra de un lujoso apartamento mediante una sociedad “offshore” que tenía una filial en Bogotá, en la que aparecía como representante Serafino Iacono, un conocido negociante del mundo de los hidrocarburos. En ese negocio también resultó mencionado un coronel retirado de la Policía, Juan Guillermo Mancera, quien es muy cercano al hoy presidente de Ecopetrol.
Asimismo, hay denuncias por el presunto direccionamiento contractual en la petrolera y sus filiales, hechos que, según analistas, han deteriorado la reputación de la estatal petrolera que ha venido cayendo en sus ganancias desde que Roa tomó la administración. Uno de los capítulos más graves tiene que ver con un contrato que firmó Ecopetrol con la firma Covington & Burling para analizar cómo las denuncias de corrupción en su contra están afectando a la compañía en Estados Unidos.
Dicho negocio, por más de USD 5 millones, se firmó sin el conocimiento de la junta directiva de Ecopetrol. Además, hay denuncias sobre la posibilidad de que la compañía consultora pudiera recopilar información privada de 70 funcionarios de la cúpula de Ecopetrol. La Fiscalía abrió varias líneas de investigación, pero no ha habido avances concretos.
5. Los fantasmas que acechan a Armando Benedetti
Armando Benedetti regresó al poder en la Casa de Nariño en noviembre del año pasado como ministro del Interior, luego de un accidentado paso como diplomático en Italia y Venezuela. Su desembarco causó revuelo por los audios que le envió a Laura Sarabia, en donde le maltrató y le reclamó a gritos que lo tenía aislado del presidente, que no se merecía ese trato y que Petro había llegado a la Presidencia por él, porque había “cuadrado” todos los votos de la Costa.
En términos desobligantes, misóginos y amenazantes, le dijo reclamándole un cargo en el alto Gobierno: “No es mamando gallo, no es amenaza, porque tú me conoces (…) Nos hundimos todos. Nos acabamos todos. Nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga”. Un episodio que causó profundo rechazo social y fuertes críticas de sectores del feminismo. Al margen de este capítulo, Benedetti retornó al curubito del poder y así se reactivaron sus cuentas con la justicia.
Aunque él insiste en que es víctima de una persecución, la Corte Suprema avanza en varios expedientes en etapa de instrucción y solo está llamado a juicio en uno por el delito de tráfico de influencias en el caso Fonade. Hoy el alto tribunal también investiga su relación con el empresario Euclides Torres y la compra de una lujosa casa en Puerto Colombia (Atlántico) por unos COP 3.600 millones. Torres ha sido beneficiario de millonarios contratos del Estado, y el propio Nicolás Petro confesó que había sido uno de los financiadores de la campaña de su papá. El 24 de octubre pasado fue incluido en la lista Clinton.
6. Laura Sarabia y Marelbys Meza
A pesar de ser una de las figuras más influyentes del Gobierno, Laura Sarabia protagonizó un escándalo propio. En marzo de 2023, tras denunciar el robo de USD 7.000 de su casa, la exniñera de su hijo, Marelbys Meza, fue sometida a una prueba de polígrafo en un sótano al lado de la Casa de Nariño por funcionarios de la Policía, y sus comunicaciones fueron interceptadas ilegalmente. Para justificar las chuzadas, su teléfono fue relacionado en una investigación contra el Clan del Golfo.
En medio de las pesquisas trascendió que el coronel Óscar Dávila, entonces coordinador de Protección Anticipada y jefe de los funcionarios salpicados en el caso de Marelbys Meza, se quitó la vida. El coronel Carlos Feria, jefe de Protección de la Presidencia en esa época, fue relevado de su cargo y enviado como agregado en la Embajada en Washington. Sin embargo, en junio de 2025, fue expulsado por Estados Unidos. Aunque la Fiscalía abrió indagaciones, no hay resultados para esclarecer qué papel tuvo en el caso la hoy embajadora en Reino Unido.
7. Las movidas de Álvaro Leyva
En 2023, cuando estaba por renovarse el contrato de impresión de pasaportes, la Casa de Nariño ordenó frenar la adjudicación a favor de Thomas Greg & Sons, la única firma que cumplía los requisitos. Aunque la instrucción fue del presidente, quien la ejecutó fue su canciller Álvaro Leyva, desatando una crisis que puso en riesgo la expedición de pasaportes. La Procuraduría concluyó que Leyva tomó decisiones que afectaron el patrimonio público y desconocieron principios de contratación y lo sancionó con 10 años de inhabilidad.
Este viernes 28 de noviembre la Fiscalía anunció que le imputará el delito de prevaricato por acción por este mismo caso. Ya fuera del Gobierno continuó en polémicas: apoyó sin sustento jurídico la idea de una Constituyente y luego acusó, sin pruebas, al presidente de protagonizar episodios bochornosos que dijo haber visto en algunos viajes internacionales que hizo con él. En junio pasado, “El País” reveló audios de Leyva sobre un supuesto plan para sacar a Petro del poder. Quien fuera uno de los escuderos más fieles del presidente terminó convertido en uno de sus opositores más enconados.
8. Los contratos de María Isabel Urrutia
La medallista olímpica y exministra del Deporte María Isabel Urrutia fue llamada a juicio por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Según la Fiscalía, la exministra sería responsable del trámite y la celebración irregular de al menos 104 contratos firmados en tiempo récord, que sumarían alrededor de COP 21.000 millones. Al parecer, dichos documentos se tramitaron luego de que el presidente Petro le pidiera la renuncia. Urrutia ha dicho que no hubo ninguna gestión ilegal y que lo único que hizo fue entregarles directamente el dinero a las federaciones de cada deporte, en lugar de hacerlo al Comité Olímpico.
9. Los títulos de Juliana Guerrero
En julio de 2025 el país conoció el nombre de Juliana Guerrero. Se trata de una exasesora del Ministerio del Interior que, con apenas 23 años, se movía en los despachos del poder de la Casa de Nariño. La revista “Cambio” denunció en su momento el presunto uso irregular de un avión y un helicóptero de la Policía. Pronto cobró notoriedad por la defensa enconada que hizo de ella el presidente, incluso, al punto de proponerla como viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad. Finalmente, se descubrió que había obtenido contratos con el Estado, a pesar de las múltiples irregularidades en la obtención de sus títulos universitarios. De hecho, la Fundación Universitaria San José ya le anuló sus diplomas, al constatar que nunca estudió, y el Icfes confirmó que nunca presentó la prueba Saber Pro.
10. El escándalo de uniformados y disidencias
Chats, correos, cartas, fotos y otros documentos en manos de la Fiscalía y la Dijín serían evidencia de un vínculo entre jefes de las disidencias de las FARC, un general del Ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Fueron obtenidos a mediados de 2024 en un retén en Antioquia, luego de que fueran detenidos alias “Calarcá” y varios guerrilleros que se movían en carros de la UNP transportando armas, dinero, lingotes de oro, artefactos electrónicos y a una menor de edad. A pesar de la flagrancia, la fiscal Luz Adriana Camargo dio la orden de dejarlos libres porque eran gestores de paz.
Los hallazgos contenidos en esos computadores y USB muestran la presunta cercanía entre el grupo de “Calarcá”, el director del comando de personal del Ejército, el general Juan Miguel Huertas, y Wílmar Mejía, de la DNI. En los mensajes incautados los jefes guerrilleros hablan sobre la creación de una empresa de seguridad privada para mover armas y hombres, y de la entrega de información de inteligencia para evitar controles.
La Fiscalía ya compulsó copias contra Huertas y la Procuraduría suspendió a los dos funcionarios tras la revelación de Noticias Caracol hace una semana. La fiscal Camargo confesó que las pesquisas contra los altos funcionarios apenas van a empezar y le echó la culpa a la Dijín por no trasladar estos graves hallazgos a tiempo.
11. La sanción del CNE a la campaña
Esta semana el Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó a la campaña presidencial de Gustavo Petro por violación de topes de gastos y el uso de fuentes prohibidas. Además, multó a la Unión Patriótica y Colombia Humana por más de COP 580 millones porque, a través de ambos partidos, trató de ocultar el origen de los recursos que usó para llegar a la Casa de Nariño y cuál fue realmente el monto que recibió. Uno de los sancionados es Ricardo Roa, como gerente de la campaña, quien deberá pagar COP 5.922 millones, así como María Lucy Soto, como auditora, y Lucy Mogollón, como tesorera. El capítulo sobre la presunta responsabilidad del entonces candidato en estas movidas irregulares lo tiene la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
En todo caso, en su cuenta de trino, el presidente escribió que ni un peso de la mafia entró a su campaña, que el proceso es respuesta de una persecución política y remató: “Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa”. Hace cinco años, sin embargo, en referencia a un informe de Noticias Caracol sobre el escándalo de la Ñeñepolítica en la campaña de Iván Duque y el poder de “Cayita” Daza, el hoy presidente trinó: “Nos robaron las elecciones. Necesitaban saltar los topes legales de la campaña, triangularon con donaciones al Centro Democrático, usaron recursos del extranejro y de la mafia”.
12. Las denuncias de Luis Carlos Reyes
El exdirector de la DIAN y exministro de Comercio Luis Carlos Reyes le ha contado a la justicia que, mientras estuvo al frente de la Dirección de Aduanas, recibió presiones de altos funcionarios del Gobierno para pedirle puestos para sus recomendados en la DIAN. Reyes se refirió al entonces senador Roy Barreras, aliado político del presidente, y a Armando Benedetti, hoy ministro del Interior.
En el caso de este último, Reyes entregó pantallazos de los mensajes de Benedetti por Whatsapp. Sobre Barreras, declaró que estuvo reunido en la casa de su expareja, la parlamentaria Gloria Arizabaleta, donde le entregaron un sobre con varias hojas de vida para cargos en Buenaventura y Cali. Por esas denuncias hay pesquisas en la Corte Suprema.
13. El regreso de los bombardeos
El sábado 15 de noviembre pasado el país volvió a quedar de frente a la polémica de bombardeos contra estructuras de disidencias donde había menores reclutados. La Defensoría del Pueblo alertó que eran cuatro los niños muertos, pero luego Medicina Legal confirmó que, en los cuatro bombardeos que ha ordenado este Gobierno en 2025, han muerto 15. Petro defendió la estrategia y, aunque había pruebas de que podía haber niños en su objetivo militar, aseguró que no violó el DIH, que en el caso de Guaviare tomó la decisión para proteger a un grupo de soldados que estaba en la zona y responsabilizó a los grupos ilegales del reclutamiento y la muerte de menores.
Una posición opuesta a la que durante años tuvo el jefe de Estado frente a bombardeos durante el gobierno Duque. En Twitter escribió: “Matar niños con un bombardeo no es un daño colateral. Es un crimen de guerra”. Y en otro trino señaló: “Acabar la guerra, acabar el genocidio por niños y niñas de nuestra patria. Ese es nuestro compromiso”.
14. Antonio Sanguino y el caso del carrusel de la contratación
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, enfrenta una acusación ante la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia. Su caso arrancó en los tiempos de la Alcaldía de Bogotá de Samuel Moreno, condenado por corrupción. En esa época Sanguino era concejal y, según la Fiscalía, habría cometido el delito de tráfico de influencias para que Liliana Paternina fuera nombrada como gerente del Hospital de Usme y, a su turno, ella le entregara un contrato de renovación de las instalaciones al contratista Julio Gómez, también protagonista de este escándalo. El ministro sostiene que es inocente.
15. Un pastor como jefe de gabinete
En junio de 2025 entró como jefe de gabinete al Palacio de Nariño el polémico pastor cristiano Alfredo Rafael Saade. Días antes de su nombramiento había dicho que el presidente debía convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reelegirse y que debía cerrar medios de comunicación. “Mientras no se pongan los pantalones y cierren un medio de comunicación tradicional, seguirán mintiendo y manipulando”, sostuvo.
Duró apenas dos meses en ese cargo y salió en medio del escándalo por las presiones que ejerció sobre funcionarios de la Cancillería para quitarle el negocio de los pasaporte a la empresa Thomas Greg & Sons y entregárselo a la Imprenta Nacional, que no tenía entonces la capacidad técnica. Fue nombrado embajador en Brasil, pero antes ofició como precandidato presidencial y llegó a trinar lo siguiente: “La transformación social, política y económica que comenzó el presidente Petro tendrá sin duda la continuidad debida en mi gobierno y si tengo que cerrar el Congreso, la Procuraduría y llamar a una Constituyente para que sea realidad ese sueño del poder popular, lo haré”.
16. El “tarimazo” en Medellín
El 21 de junio de 2025, en La Alpujarra en Medellín, el presidente Petro apareció acompañado en una tarima por varios jefes de algunas bandas del Valle de Aburrá recluidos en la cárcel de Itagüí. El jefe de Estado habló sobre la importancia de seguir las mesas de diálogo con esas organizaciones urbanas, en medio de su apuesta llamada paz total. El gesto de sacar de una prisión a hombres condenados por graves crímenes en un acto político causó roncha en diversos sectores del país que criticaron con vehemencia ese evento.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, fue una de las que llamó la atención: “Las tarimas no son un lugar propicio para los responsables de los crímenes. El lugar de los responsables es la sanción penal, el reconocimiento de su responsabilidad frente a las víctimas, dando y diciendo la verdad”. Algunos de los que aparecieron en tarima fueron tres de los herederos del narcoparamilitarismo: alias “Douglas”, “Carlos Pesebre” y “Tom”.
17. Petro y la lista Clinton
Después de un escalamiento de tensiones entre el gobierno de Estados Unidos y la Casa de Nariño, el Departamento del Tesoro, a través de la Orden ejecutiva 14059, incluyó en la llamada lista Clinton al presidente Gustavo Petro; a su esposa, Verónica Alcocer; al hijo mayor del jefe de Estado, Nicolás Petro Burgos, y al ministro del Interior, Armando Benedetti. Una sanción que históricamente se ha puesto a personas e instituciones relacionadas con el narcotráfico.
El gobierno Trump ha dicho que la decisión responde a la apuesta de Petro de paz total que, dicen, ha otorgado “beneficios a organizaciones narcoterroristas” y aumentado la producción de cocaína. El primer mandatario contestó: “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del Gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”.
18. La protección del “Mocho” Olmedo
La cabeza del frente 33 de las disidencias de las FARC, alias “Mocho” Olmedo, se entregó al Ejército en Catatumbo en febrero de este año, justo en una arremetida del ELN en contra de su grupo criminal. El jefe disidente, quien tiene una orden de extradición de Estados Unidos, fue designado como gestor de paz y trasladado a Bogotá. La Fiscalía reseñó su captura, pero inexplicablemente le entregó la custodia de la Dirección Nacional de Inteligencia, por solicitud de su director Jorge Lemus.
Es decir, en vez de enviarlo al pabellón de extraditables de La Picota, la entidad de inteligencia lo protegió durante meses en un apartamento en Bogotá, muy lejos de cualquier barrote. La Corte Suprema se enteró de este episodio y exigió explicaciones. La fiscal Luz Adriana Camargo sostuvo que el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, le había pedido que la DNI custodiara al “Mocho” Olmedo para salvar el proceso con esa facción de las disidencias. Tras la revelación del escándalo, el extraditable fue enviado a La Picota.
19. Las rectificaciones del presidente
“Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro y, si sabe acompasarlo, será una gran mujer”. Esto dijo el jefe de Estado durante un consejo de ministros en septiembre pasado. Un juez lo hizo rectificar esta semana, luego de que varias mujeres que se sintieron agredidas interpusieran un recurso legal. Igual ocurrió en la Corte Constitucional, que falló en favor de un grupo de mujeres periodistas que pusieron una tutela contra el presidente por la desobligante expresión “muñecas de la mafia” en referencia general a las comunicadoras.
El Consejo de Estado también ha ordenado al jefe de Estado rectificar varias veces: por decirles “criminales” a los directivos del Grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas; por tildar de “asesinos” a los ciudadanos que gritaban “fuera Petro” durante un partido de la selección Colombia; por asegurar que Bruce Mac Master y la Andi promovían el “odio” y el “esclavismo”; por llamar “nazi” a la tuitera Hanna Escobar y por haber dicho que la familia Vargas Lleras había ocultado dinero de la Nueva EPS.
20. El expediente contra César Pachón
El exsenador César Pachón, hoy director de la Agencia de Desarrollo Rural, está investigado por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación y concusión. El alto tribunal investiga denuncias sobre la supuesta contratación que hizo Pachón en su UTL para que esa persona, con su salario, saldara una vieja deuda con el dirigente político. Según los indicios de la Corte, con esos recursos Pachón le habría ordenado a su subalterno que le cancelara deudas personales con terceros.
21. Camilo Romero y su lío en la Corte Suprema
El exembajador en Argentina y exgobernador de Nariño Camilo Romero está en juicio ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la comercialización de licores en ese departamento. El caso se remonta a las posibles fallas alrededor de un proceso contractual para la distribución de aguardiente en el departamento por un valor de COP 18.000 millones. Además, el precandidato presidencial aparece en la matriz de colaboración de Pedro Rodríguez, quien fue secretario jurídico de la administración de Romero. El testigo señaló que tiene cómo probar que durante la campaña de Romero a la Gobernación en 2015 recibió la financiación de particulares que después obtendrían el contrato de licores. Camilo Romero siempre ha dicho que es inocente.
22. La fallida intervención de Sanitas
Uno de los temas más críticos y tormentosos de la era Petro ha sido el tema de la salud. Desde el principio, el Gobierno llegó criticando a las EPS, a las que ha acusado de robarse el dinero para la atención médica de los colombianos y de prestar un mal servicio. Por eso propuso una reforma a la salud que no ha logrado consenso en el Congreso. En la mitad de esa disputa, y de las denuncias de asociaciones de pacientes y médicos de la desfinanciación del sistema, la Casa de Nariño se ha mantenido en su tesis del atraco al erario por parte de los privados. A través de la Superintendencia de Salud, a inicios de 2024, el Gobierno intervino una de las EPS más grandes del país: Sanitas, del grupo Keralty. En junio de este año la Corte Constitucional tumbó la intervención, pues encontró que la entidad violó el derecho al debido proceso a la EPS y no respetó sus garantías. Tras la recuperación de la administración, los directivos de Sanitas señalaron que recibieron “una empresa devastada: altamente comprometida financieramente, con servicios deteriorados y con redes fragmentadas”.
23. Violencia de género en el gobierno Petro
Víctor de Currea, Hollman Morris, Armando Benedetti y Daniel Garcés. Cuatro personas del círculo cercano del presidente y la vicepresidenta Francia Márquez, que han tenido escándalos por violencia de género. En el caso de Currea, la revista “Cambio” publicó cinco testimonios de mujeres que aseguran haber sido víctimas de acoso sexual por parte de quien iba a ser el embajador de Colombia en Emiratos Árabes.
Entre ellas había una menor de edad. Sobre Morris, la revista feminista “Volcánicas” reveló en 2024 que el gerente de RTVC tiene denuncias desde 2016 por acoso sexual, laboral e incluso violencia intrafamiliar y económica. Sobre Benedetti las expresiones que utilizó con Laura Sarabia hablan por sí solas. Y de Daniel Garcés, exembajador en Ghana, la Fiscalía ya le imputó cuatro delitos, entre ellos acceso carnal violento y violencia intrafamiliar. Todos han dicho que son inocentes.
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