“Demanda contra acto legislativo para la paz no tiene fundamento jurídico”: Mininterior

De acuerdo con el jefe de la cartera política, la acción judicial que presentó el uribismo en agosto pasado –en la que se piden tumbar las facultades especiales otorgadas al Presidente de la República y que aceptó para su estudio el alto tribunal– es más una demanda política que jurídica. (Lea: Corte Constitucional admitió demanda contra el acto legislativo para la paz)

«Esta es una demanda política que no tiene fundamento jurídico. Este proyecto de acto legislativo no sustituye la Constitución Política del 1991 y no tiene, de ninguna manera, vicios en lo que tiene que ver con la competencia del Congreso de la República”, declaró Cristo.

El ministro del Interior explicó que alcanzar la paz con el aval de la Corte se constituye como un mecanismo especial excepcional y transitorio, «con un total respeto y un profundo apego a las funciones constitucionales en defensa de todos los colombianos».

En la acción judicial presentada por el uribismo se reclama que las facultades otorgadas al presidente Juan Manuel Santos van en contravía de la Constitución y la ley, puesto que el jefe de Estado no tendrá control o vigilancia para emitir dichos decretos. Debido a esto pide que se declare inexequible el artículo 2 del acto 01 de 2016.

El artículo manifiesta que “dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, facúltese al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por facilitar y asegurar la implementación del desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y duradera”.

Sin embargo, se establece una restricción para que las facultades especiales sean utilizadas para expedir actos legislativos, leyes orgánicas y estatutarias, ni para decretar impuestos. “Los decretos con fuerza de ley que se dicten en desarrollo de este artículo tendrán control de constitucionalidad automático posterior a su entrada en vigencia”.

Cita el demandante que en el mismo artículo se señala que será la Corte Constitucional la que deberá adelantar el procedimiento de revisión de constitucionalidad de las disposiciones establecidas.

«La paz no puede ser un premio a los criminales acondicionando el orden constitucional»: senador Duque

También ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, el senador del Centro Democrático, Iván Duque Márquez, aseguró que no se pueden conceder beneficios a los integrantes de las Farc, sustituyendo a la Constitución Política, como –según él– se está haciendo con la entrada en vigencia del acto legislativo para la paz.

«La paz no puede ser un premio a los criminales acondicionando el orden constitucional. La paz que se merece Colombia es una en la que los criminales se sometan al orden constitucional, que estén dispuestos a darse cuenta de su error (al alzarse en armas) «, manifestó Duque Márquez.

Según advirtió el congresista, el delito del narcotráfico es amnistíale en el acuerdo legislativo para la paz. «Es un acuerdo entre el gobierno Santos y el grupo terrorista de las Farc que contempla cosas como delitos conexos al narcotráfico», dijo el legislador a los magistrados de la Corte Constitucional.

Duque insistió en que la naturaleza jurídica del acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc no puede convertirse “en el tomo dos de la Constitución». «El poder de las armas en una mesa de negociación puede abrir toda la Constitución a la negociación, eso no puede ser», aseveró.

Por último, el senador manifestó que los colombianos deben saber cuánto es el costo del acuerdo de paz, de cara a que ello no le implique al país una incertidumbre fiscal por 20 años.