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El abogado Jaime Granados Peña aseguró que existen presiones contra funcionarios judiciales para que se vincule formalmente al senador Álvaro Uribe Vélez y a su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez con la masacre de El Aro, ejecutada por paramilitares el 22 de octubre de 1997 en el municipio de Ituango (Antioquia).
El jurista indicó que tiene información sobre la aparición de nuevos testigos en contra de los hermanos Uribe Vélez por su participación y conocimiento en la masacre de 15 campesinos acusadas de ser colaboradoras de la guerrilla de las Farc. (Ver La relación entre el Ejército Nacional y los paramilitares en la masacre de El Aro)
Debido a esto manifestó que presentará las respectivas solicitudes para que se investiguen estas presiones indebidas para relacionar a Álvaro y Santiago Uribe Vélez “en actividades delictivas en las que nada tienen que ver”. (Ver Compulsan copias para investigar a Álvaro Uribe por masacre de El Aro)
Granados Peña aseguró que desde 2010 ha puesto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría General la existencia de “falsos testigos” que “se han empeñado en difamar a Álvaro Uribe Vélez y a su familia, así como a personas que han financiado y auspiciado a quienes mienten a la Justicia”.
Aclaró sin embargo que pese a estas denuncias no se han tomado decisiones de fondo “generándose un ambiente propicio para que estas graves conductas se repitan”. Por estos hechos reiteró su petición para que se investiguen lo que considera una falta a la verdad por parte de los testigos. (Ver La masacre de El Aro, un rompecabezas por armar)
En octubre de 2015 la Fiscalía General compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al senador del Centro Democrático por su presunta participación en la masacre. Igualmente le pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar a Uribe por el homicidio del paramilitar Francisco Villalba Hernández.
En el caso de Santiago Uribe, actualmente se encuentra con medida de aseguramiento en el marco de la investigación por la conformación y financiación del grupo paramiitar conocido como «Los 12 Apóstoles» en el municipio de Yarumal (Antioquia) en la década de los noventa.
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