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En la cárcel El Buen Pastor de Bogotá se ha vuelto hábito que las mujeres internas reciban alimentos en descomposición. Las más de 2.100 reclusas crearon hasta un mecanismo para avisarse cada que esto ocurre: cuando las primeras mujeres en ir al comedor comienzan a enfermarse, pueden alertar a las del siguiente patio para que no reciban la comida. Eso le dijo a El Espectador una mujer que estuvo en esa cárcel entre febrero y abril de 2018. Un documento que une su testimonio a más pruebas de posibles violaciones a los derechos de las mujeres presas en El Buen Pastor fue radicado este mes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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El documento, dirigido a la Sección de Seguimiento de Recomendaciones de la CIDH, asegura que las mujeres que “no tienen la capacidad económica para comprar un poco de dignidad” ―porque dentro de la cárcel, comida y celdas se venden― “están amedrentadas e intimidadas por el trato que reciben” y, cuando salen a denunciar las injusticias a las que son sometidas, reciben amenazas o retaliaciones por parte de los guardias del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), le contaron varias reclusas a este diario. La petición busca, entonces, que esa instancia internacional “realice un monitoreo especial y particular” a la situación del penal.
Alejandro Carranza, el abogado autor de esta petición, radicó quejas similares ante las secretarías distritales de Ambiente y Salud, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Justicia, Procuraduría, Corte Constitucional (que viene estudiando la constante violación de derechos humanos en cárceles del país desde 1998, cuando decretó por primera vez un estado de cosas inconstitucional), Presidencia, Vicepresidencia y hasta la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer. Según el abogado, la situación de El Buen Pastor es un tema de género. “Esto no pasa en las cárceles de hombres”, dice.
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En este punto coinciden, por ejemplo, las investigaciones del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, pues muestran que mientras las cárceles de Colombia están sobrepobladas en un 48 %, cuando se mira la reclusión de las mujeres, la cifra de hacinamiento asciende al 86 %. “Las mujeres no cuentan con espacios suficientes para ellas, no cuentan con un trato específico acorde con sus necesidades, ya que en últimas el sistema penitenciario en Colombia únicamente tiene como enfoque el sistema penitencial de los hombres”, sostiene el último Informe de Derechos Humanos del Sistema Penitenciario en Colombia elaborado por los Andes.
Y es que las condiciones “inhumanas y degradantes” de esta cárcel no paran en la comida descompuesta, que ha llevado a la Secretaría de Salud de Bogotá a cerrar la cocina del penal con frecuencia. La última vez fue en la madrugada del pasado 19 de septiembre y, tras el cierre, a las reclusas las dejaron sin comer todo el día, hasta que les dieron pan y leche al final de la tarde. Asimismo, en la mayoría de patios de El Buen Pastor solo hay dos sanitarios y dos duchas que comparten unas 50 mujeres, con lo que las enfermedades pueden contagiarse con facilidad. Si eso ocurre, los guardias solo acceden a llevar a las mujeres al médico “si una se está muriendo”, según le dijo una interna a este diario.
Por otro lado, las reclusas deben recibir sus visitas ―incluso las de sus abogados― en cubículos de menos de un metro cuadrado separadas del visitante por una malla de acero y dos vidrios gruesos, cosa que no ocurre en otras cárceles. El único espacio alterno a este para recibir visitas es una mesa que queda en medio del salón donde están los cubículos, pero para que se les permita tener allí la reunión deben aportar un certificado médico de que padecen algún problema de oído. A lo que se suma que las mujeres no están separadas entre condenadas y sindicadas, como ordena la ley, sino que su ubicación en el penal y el con quién comparten celda obedece al criterio de los funcionarios de la cárcel.
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Uno de los funcionarios que está a cargo de las mujeres de El Buen Pastor es el capitán de prisiones David Alexánder Álvarez, quien fue denunciado por acoso sexual por cinco guardianas del Inpec en 2012 y tiene un proceso disciplinario por maltrato a una mujer y varias organizaciones de derechos humanos han denunciado supuestas irregularidades y excesos en sus acciones en los centros de reclusión que ha dirigido antes. A pesar de los señalamientos en su contra, Álvarez Cárdenas llegó trasladado en abril pasado al centro de reclusión, donde ejerce como el jefe de los demás dragoneantes en esta, una cárcel de solo mujeres.
Aunque existen esfuerzos por que las mujeres trabajen y puedan asegurar un ingreso periódico, allí también hay falencias. El Espectador habló, por ejemplo, con una mujer que trabajó alrededor de tres años en la cocina del jardín infantil de la cárcel esperando recibir la misma remuneración que sus compañeras de la cocina general: un salario mínimo mensual. Sin embargo, mes a mes, durante todo el tiempo que trabajó le pagaban $20.000, menos del 2% de lo mínimo que se le puede pagar a un trabajador en el país. Y, aunque el tiempo trabajado debería ser reconocido formalmente para que le rebajen su pena, la mujer aseguró que “siempre toca pelear por eso”.
Estas circunstancias han sido denunciadas en ocasiones anteriores y diferentes entes de control visitan con frecuencia la cárcel, pero “cuando viene alguien, muestran lo que no es y esconden la verdad”, le dijo una interna a este diario. “Por eso es que todas estamos calladas”, añadió otra reclusa, porque perdieron la esperanza en que algo cambie. Y a la que se atreva a exigir trato digno con quejas, tutelas u otras vías legales la cambian de patio, le inspeccionan la celda en la mitad de la noche, entre otros castigos que, dicen, se idean los funcionarios. “Vale más un cojín que ustedes”, es una de las expresiones que, dice otra mujer, los dragoneantes les repiten cada que se aventuran a exigir un trato justo.
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Por eso la petición a la CIDH tiene un asidero: la “papa caliente” de la población carcelaria no ha sido pensada desde las perspectivas y necesidades de las mujeres. Con esa consigna es que le piden a la Sección de Seguimiento de esa instancia internacional que revise el cumplimiento de las recomendaciones que le dio al Estado colombiano en 1998, cuando concluyó que las condiciones de vida en las cárceles del país “son subhumanas y violatorias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, pero que esta vez lo haga con el lente de la perspectiva de género.
Consultada por este diario, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) señaló que la ley los obliga a prestar el mismo tratamiento a toda la población carcelaria “indistintamente de su género” y que su hoja de ruta, presentada por el Gobierno en enero pasado, es el Plan de Transformación y Humanización del Sistema Carcelario en Colombia. Sin embargo, explicaron que, a raíz de un estudio reciente de la Universidad Javeriana, “donde se llama la atención en diversos temas que afectan a las mujeres privadas de la libertad”, están tomando medidas para garantizar, por ejemplo, el acceso a servicios ginecológicos de las mujeres privadas de la libertad.
Además, la Uspec indicó que están adoptando medidas para el mejoramiento de la infraestructura del penal. Por ejemplo, ya terminaron la adecuación de uno de los patios para madres y mujeres embarazadas, y están en ejecución obras de mantenimiento de baños y cubiertas de otros pabellones. Sobre el frecuente cierre de la cocina, la entidad aseguró que, desde el día del último cierre, implementaron un plan de contingencia y que, mientras adecúan la cocina del penal, la comida la están preparando “desde otras instalaciones que garantizan las condiciones requeridas (por la Secretaría de Salud)”.
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El Inpec, por su parte, sostiene que para las visitas de los fines de semana las mujeres cuentan con grandes espacios. También aclaró que, si bien la Uspec es la entidad que presta el servicio de alimentación, se tiene conocimiento que se contrató una interventoría con la Universidad Nacional para diagnosticar el problema de las cocinas en todos lo establecimientos carcelarios del país. Asimismo, señalaron: «En cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional nos encontramos ajustando los horarios de entrega de alimentación y además se incluyó un refrigerio nocturno para mejorar el aporte nutricional».
Y a renglón seguido, la entidad reconoció varias de las denuncias. Por ejemplo, que el capitán Álvarez sí está siendo investigado, pero “que actualmente no hay ningún fallo disciplinario, fiscal o penal en contra de este servidor penitenciario”; que las mujeres condenadas no están separadas de las sindicadas, porque en la ubicación de las reclusas inciden otros factores «como ideología política, condición socio-económica, enfoque diferencial, delito, entre otros», y que les pagan menos a las reclusas que trabajan porque la remuneración económica recibida es tratada como una “bonificación”, no como un sueldo.
Para atender las quejas de las reclusas, según el Inpec, se creó un «Comité de Derechos Humanos, donde hay un representante de cada patio», que analizan y elevan las peticiones que crean convenientes. Sin embargo, la entidad no se pronunció sobre si atienden, de manera diferencial, las necesidades de las mujeres. En cambio, señaló: “Es importante aclarar que los incidentes que generan algunas quejas obedecen a temas pasionales o de intereses particulares que afectan la convivencia intramuros”.
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