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En noviembre de este año, Colombia tendrá que presentar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un examen para saber si se está o no rajando en la protección de los derechos humanos. Aunque para esa evaluación el Estado tendrá que presentar un informe sobre qué tanto ha acatado las recomendaciones de los 193 países que hacen parte de la organización, más de 580 organizaciones sociales han creado un informe alterno en el que dan cuenta de que, como ha pasado durante los últimos 15 años, Colombia se rajará a nivel internacional.
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La prueba que tendrá que presentar Colombia es el Examen Periódico Universal (EPU), un test que valora en qué situación está la protección de los DD. HH. Y que fue creado por la ONU como una herramienta para mejorar la situación global de garantía de estos derechos. El EPU evalúa las recomendaciones que hayan sido acatadas o no por los países a los otros 192 países, en este caso, en el último examen, el de 2018.
Dentro de todo lo que presenta el documento alternativo realizado por organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR), Colombia Diversa y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (PAIIS), resalta lo recopilado sobre todo en el gobierno de Iván Duque (2018-2022) y deja recomendaciones para la administración de Gustavo Petro sobre quien pondrán la lupa para hacer el informe en el próximo EPU.
Los principales puntos que recoge el informe son:
Implementación del Acuerdo Final de Paz
Según el informe alterno, desde 2018, cuando los países de la ONU le entregaron a Colombia las más recientes recomendaciones, hubo retrasos y corrupción en la implementación de todos los puntos del Acuerdo de Paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las FARC en 2016. “Han sido asesinados 361 firmantes del acuerdo hasta el 9/12/2022″, señala el informe, en el que se agrega que según la Misión de Verificación de la ONU “la reincorporación de firmantes de paz está amenazada por desafíos considerables como la inseguridad y otros de orden económico y social”.
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Las organizaciones también hablan sobre el trabajo que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aunque reconocen que se han dado avances y se han abierto 10 macrocasos, sostienen que “hay insatisfacción por parte de algunas víctimas por la falta de reconocimiento de responsabilidad y aportes a la verdad en este escenario judicial”. También hacen énfasis en que durante el gobierno Duque se hizo mal uso de los dineros destinados para la aplicación de los acuerdos. “Durante el empalme con el nuevo gobierno se encontraron graves indicios de distintas formas de corrupción, pues los gastos registrados no tenían ninguna relación con la implementación del Acuerdo (agregar esto clarifica la idea) y agotaron la mayor parte de las fuentes dispuestas para su implementación”, sostienen las organizaciones.
Conflicto armado y DIH
En este punto, el informe señala que las recomendaciones hechas por la ONU en 2018 no fueron acatadas por Colombia y provocó que” entre 2018 y 2022 el conflicto armado en el país se intensificara, generando una grave crisis humanitaria”. De acuerdo con la recopilación hecha por las organizaciones, en al menos 15 regiones del país “las comunidades étnicas y campesinas han sido las principales víctimas”.
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Por otra parte, señala que durante este tiempo ningún grupo armado respetó el Derecho Internacional Humanitario (DIH). El documento da cuenta de que en los últimos cuatro años el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC expandieron su presencia y control territorial. Adicionalmente, las organizaciones piden a la nueva administración nacional que “pueda disminuir progresivamente los recursos para seguridad y defensa e incrementar los recursos destinados a la implementación del Acuerdo FP y otros programas que garanticen condiciones de dignidad para las comunidades, inclusión social de género y reconciliación.
Derechos civiles y políticos
“La sistemática violación de DDHH en el país, aunado al desequilibrio de poderes y la cooptación de instituciones de control por la modificación de competencias institucionales y el desajuste en el equilibrio de poderes que tiene efectos dañinos para la democracia, recrudece este panorama”, sostienen las organizaciones en el informe. En el documento señalan que existe un “hiperpresidencialismo” y un “desacato reiterado de fallos judiciales, falta de independencia de funcionarios judiciales, organismos de control y una intromisión constante de la Justicia Penal Militar”. Con esta problemática, dice el informe, se ve comprometida la capacidad del Estado “para investigar las graves violaciones a los DD. HH.”.
Adicionalmente, se señala que entre 2017 y el primer semestre de 2022 se registraron 3.376 casos de muertes por violencia sociopolítica y de eso, solo en 1.120 se conoce al presunto autor, se le ha atribuido el 36,16 % al Estado, el 30,98 % a grupos paramilitares y el 26,52 % a guerrillas.
Violación a los DD. HH. en las protestas
Desde 2018 se incrementaron las movilizaciones sociales, asegura el documento, siendo su punto máximo el paro nacional de 2021 al que “el Estado respondió con estigmatización y uso desproporcionado de la fuerza por parte del ESMAD, que ocasionaron muerte y graves lesiones, destacándose como sistemático el disparo de armas de supuesta letalidad reducida a la cara o el cuerpo de los manifestantes, infringiéndoles lesiones graves como pérdidas oculares”. De igual manera, señalan que además hubo un gran número de “víctimas de tortura, violencia sexual y detenciones arbitrarias”.
La impunidad, dice el informe alterno, ha sido notoria ya que, según su recopilación de información, “las investigaciones de la Fiscalía a delitos cometidos por la fuerza pública no han sido adecuadas. Las investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría tampoco han tenido un desarrollo eficaz, las mismas vienen siendo archivadas en razón a que no se logra individualizar al agente del Estado que percutió el arma que ocasionó la lesión”.
Este es el informe alternativo completo:
Las organizaciones concluyen que a pesar de los anuncios que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro en sus 11 meses de gestión, “Colombia sigue teniendo una gran deuda en materia de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el EPU”. Esperan que, con el cambio de posturas ideológicas con las que llegó Petro al poder, se puedan reducir las brechas en todos los aspectos, especialmente en “materia de paz”. Aunque aseguran que hay altas expectativas, manifiestan que hay dudas sobre la capacidad “institucional y el manejo transparente de los recursos. Es más evidente que nunca que la garantía de los DDHH es necesaria para que la paz sea sostenible”.
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