Desacuerdo entre autoridades carcelarias pone al Gobierno a definir futuro de preso

La renuencia de dos autoridades carcelarias a aceptar la reclusión de un hombre condenado a ocho meses de prisión por tentativa de hurto agravado, puso al Gobierno Nacional a definir, por primera vez, la situación de un preso. Un juez de ejecución de penas decidió remitir al sentenciado Pedro Jair Romero Amaya a la cárcel La Picota de Bogotá, pero el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, se negó a hacerlo, sosteniendo que se trataba de un delito querellable, es decir, que requiere ser denunciado para ser investigado, y de ahí que su lugar de reclusión debiera ser asumido por autoridades distritales. Sin embrago, la Cárcel Distrital objetó que sea un punible querellable, como lo aduce el Inpec, pues se trata de un hurto agravado en calidad de tentativa que, a su parecer, no obliga a abrirle cupo en esa penitenciaría. Ambas autoridades remitieron nuevamente el caso al juez, considerando que carecen de competencia en el proceso; el operador jurídico, por su parte, recurrió al Ejecutivo para que dirima el conflicto. El funcionario judicial envió una comunicación el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, para que éste determine cuál ha de ser el futuro del condenado. Mientras tanto, Romero Amaya se encuentra en la Sala de Retenidos de la Sijín de la Policía, a la espera de que se defina si debe ser remitido a La Picota o a la Cárcel Distrital de Bogotá.