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El Espectador conoció un informe que le entregó la Fiscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que le puso el ojo a uno de los crímenes más atroces de la guerra: la desaparición forzada cometida por agentes del Estado. El ente investigador analizó 294 procesos ocurridos entre 1977 y 2015 que se concentraron fundamentalmente en Antioquia, Casanare, Santander, Meta, Magdalena, Bolívar, Bogotá, Chocó y Norte de Santander. El informe, de 215 páginas, encontró información de 675 víctimas, la mayoría de ellas hombres entre los 18 y 30 años. En cuanto a los oficios, la mayor parte de las víctimas eran campesinos (40 %), obreros (11 %) y comerciantes (8 %)”, reza el informe del organismo investigativo.
Sobre estos hechos la Fiscalía ha vinculado a 1.244 personas como posibles perpetradoras de retención y desaparición forzada. De ellos, “815 (son) integrantes del Ejército, 94 de la Policía Nacional, 14 miembros del DAS y 10 de la Armada. De igual manera, se encuentran vinculados dos integrantes del CTI, quienes -junto con agentes estatales- actuaron en operativos que hoy son investigados por la Fiscalía General de la Nación. Se registró también la información de doscientos veintiséis (226) integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley, quienes participaron en connivencia con agentes del Estado”, apunta el informe del ente investigador. (Los crímenes contra defensores de DD. HH. en que se involucraron agentes del Estado (I))
“Las dependencias más recurrentes en sus intervenciones como posibles perpetradoras fueron las secciones de inteligencia de la Policía y el Ejército. Dentro de la primera institución, resalta la presunta participación del antiguo F-2 y de la División de Información, y Policía Judicial. En cuanto al Ejército, se ha identificado la participación del Batallón Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Ricardo Charry Solano y el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia. A partir de 1986, la participación del Ejército aumenta considerablemente y reemplaza a la Policía como el perpetrador más importante, una tendencia que se profundiza en los últimos cinco años del período”, dice el informe.
En el primer período analizado, entre 1977 y 2005, la Fiscalía se concentró en Urabá, Magdalena Medio y Bogotá. “Casi la totalidad de las víctimas dedicadas a labores del campo se relacionan con la masacre de Pueblo Bello (Antioquia), perpetrada en enero de 1990 en Turbo (Antioquia), que secuestraron, asesinaron y desaparecieron a 43 campesinos. Según la Fiscalía, en esta incursión “para” habría participado el teniente retirado del Ejército Fabio Enrique Rincón. Otros de los hechos emblemáticos durante este lapso es el de la toma y retoma del Palacio de Justicia, caso por el cual se conmemoran 35 años de lo sucedido justo este viernes.
Los episodios que se resaltan en el informe como emblemáticos son las desapariciones del llamado Colectivo 82, de Miguel Ángel Díaz y Faustino López, de Nydia Érika Bautista y Guillermo Marín (quien sobrevivió y se exilió), de Alirio Pedraza, de Alcides Torres y de Ángel Quintero. De estos casos, de 1977 a 2005, la propia Fiscalía admite que son los que presentan menos avance judicial. “En los casos de este período no se ha logrado un avance importante en la judicialización de veintinueve (29) casos. De hecho, el 85 % del total de casos del primer período se encuentra en etapa preliminar”, admite el ente investigador.
La arremetida de las Auc
En el siguiente período que analiza el documento de la Fiscalía, que va de 1996 a 2005, hubo un cambio sustancial en el ajedrez de la guerra en Colombia: el fortalecimiento de los paramilitares, reunidos en las Autodefensas Unidas de Colombia, cuyas atrocidades desplazaron a los agentes del Estado del primer lugar de victimarios de la desaparición forzada, siendo los más afectados los campesinos, que resultaron poniendo el 51 % de las víctimas de desaparición en este período. “La victimización de este sector poblacional se relaciona con la estigmatización de los habitantes de ciertos territorios rurales que fueron señalados como auxiliadoras de la guerrilla”, dice el documento.
Y aunque disminuyó la participación de agentes del Estado, pues según la Fiscalía la desaparición comenzó a usarse para expandir el poderío paramilitar, a la par crecieron los casos que involucraron a miembros del Ejército. Algunos militares y funcionarios públicos “se beneficiaron de la presencia de las autodefensas en ciertos territorios para mermar la presencia de la guerrilla”, dice el documento. Pero ese contubernio, aunque era un secreto a voces, terminó siendo un motivo para desaparecer personas, pues “las autodefensas ocultaban los cuerpos con el fin de esconder su relación con los agentes estatales, así como la posible participación de estos últimos en los crímenes”.
Un fenómeno muy diciente ocurrió en Chámeza y Recetor, municipios del Casanare donde se presentaron el 16 % de las desapariciones forzadas de este período cometidas con posible participación de agentes del Estado. Al parecer, dice la Fiscalía, muchas de estas desapariciones ocurrieron porque cuando las autodefensas lograron incursionar en el departamento, en 2003, ya estaban buscando dejar las armas y reincorporarse como organización, y ya desde los altos mandos habían anunciado un cese al fuego unilateral a finales de 2002. Así las cosas, “el ocultamiento de los cuerpos ayudó a que las autodefensas encubrieran o negaran que se estaba violando el cese de las hostilidades”, y pudieron seguir matando, agrega el documento. (Las víctimas de masacres y desaparición forzada por las que peregrinan en el Alto Ariari)
Disminución
En los últimos años, el número de desapariciones forzadas disminuyó drásticamente con relación a los periodos anteriores: entre 2006 y 2015 el informe identificó 111 procesos con 175 víctimas, una reducción del 58 % en este crimen que habría comenzado a marcarse entre 2008 y 2009. Pero, a la par de ser expedientes más recientes y con menos víctimas, la Fiscalía encontró también menos información. “En la mayor parte de los casos, los avances en los procesos judiciales son pocos y no se ha podido verificar ni la ocurrencia de los hechos, ni los motivos que llevaron a los agentes del Estado a presuntamente efectuar la retención y ocultamiento permanente de la víctima”, dice el documento.
A pesar de la precaria información, la Fiscalía sí halló algunas constantes: por un lado, que la impunidad aumenta, y, por otro, que la mayoría de los procesos son por “falsos positivos”. Por ejemplo, son menos los restos de víctimas que se han encontrado frente a otros periodos y apenas el 7 % de los casos ha pasado de la fase de indagación preliminar. Por otro lado, según el informe, “61 de los 111 casos del periodo, corresponden a víctimas que fueron retenidas y ocultadas para luego ser presentadas como bajas en combate”. Allí, las técnicas de ocultamiento incluyeron, por ejemplo, enterrarlos lejos de su lugar de residencia para sembrar duda sobre sus identidades.
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