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A pesar de que niega cualquier participación en los cientos de falsos positivos que cometieron hombres que seguían sus órdenes y que incluso dice ser una víctima, el coronel (r) del Ejército Juan Carlos Figueroa continuará gozando de los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decidió que el oficial retirado, que hace una década vive en Emiratos Árabes Unidos y no ha atendido los llamados de la justicia especial, puede continuar al interior de la jurisdicción y en libertad. Él ya anunció que va a comparecer y entregó una lista de 25 puntos sobre el conflicto de los que va a hablar.
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En su escrito, Figueroa se despachó: “los verdaderos y únicos criminales que asesinaron y desaparecieron forzadamente a personas para presentarlos ilegalmente como bajas en combate, ya fueron juzgados por la justicia ordinaria por sus conductas individuales en sus respectivas condiciones de tiempo, modo, y lugar, así mismo de las 13 personas que ya participaron en las audiencias públicas de la JEP, ellos mismos aceptaron su responsabilidad”. Figueroa comandó el Batallón La Popa, en Valledupar (Cesar), entre 2004 y 2005. Fue el sucesor del coronel (r) Publio Hernán Mejía, condenado por falsos positivos, y desde julio de 2021 la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP los imputó a ambos.
Desde ese momento, se conoció que Figueroa no había comparecido a las citaciones que le hicieron los magistrados, ni siquiera para defenderse de las acusaciones que hicieron quienes fueron sus hombres de fuertes presiones para reportar resultados. Y, en efecto, como asegura el coronel retirado en su escrito, ya una docena de militares de menor rango aceptaron su responsabilidad en audiencias públicas en Valledupar, donde además pidieron perdón a las víctimas. Él, por su parte, deberá enfrentar un juicio y si es hallado responsable, podría pagar hasta 20 años de cárcel.
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Aunque se rumoraba que estaba en oriente medio, en pocas palabras la JEP no sabía dónde estaba el coronel (r) Juan Carlos Figueroa. Hasta que él mismo apareció desde Emiratos Árabes. Mientras se define su futuro judicial, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas debía determinar qué tipo de medidas imponerle y organizar la manera en que aportaría verdad a la justicia especial. En el caso del coronel (r) Mejía, por ejemplo, esta sala le concedió la libertad. No obstante, como contra Figueroa nunca prosperaron las investigaciones en la justicia ordinaria, no había ninguna condena y la JEP no podría detenerlo.
Así las cosas, la Sala procedió a preguntarle por la verdad que está dispuesto a aportar sobre el conflicto armado y cómo piensa reparar a sus víctimas. Juan Carlos Figueroa contestó con una lista de 25 puntos. Además de elementos de contexto sobre la región y las normas del momento, llaman la atención algunos temas sobre los que prometió hablar, como “explicación y diferencia entre el ciudadano fariano y el militar de honor al servicio de la patria” o “la omisión del staff en el cumplimiento de sus funciones y falta de asesoramiento afectando la oportunidad de restablecer la disciplina”.
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Además de estos, el relato de Figueroa se centrará en: “el seguimiento de la unidad de derechos humanos seccional Barranquilla al Batallón La Popa 2004-2005″; “las respetuosas relaciones, cariño y amistad con las comunidades indígenas kankuamos, por parte del comandante del batallón”; “la omisión de la fiscalía en la judicialización del frente 59 de las Farc”, “reflexiones sobre las dimensiones del ser humano y un ser imperfecto por naturaleza; el hecho de ser militar y ser comandante, no nos faculta de poderes sobrenaturales para el cumplimiento de la función pública”.
Frente a la reparación de las víctimas, el coronel Figueroa le dijo a la JEP que, como se considera inocente, no está obligado a adquirir ese tipo de compromisos. Incluso advirtió que escribirá un libro “para escribir el momento final de nuestro proceso histórico y poder decir que de manera definitiva llegamos al fin de nuestra historia”.
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A pesar de que el coronel (r) Figueroa insiste en su inocencia y en que los falsos positivos que se dieron en La Popa ocurrieron a sus espaldas, la Sala de Reconocimiento encontró algo totalmente distinto. En la imputación en su contra reza: “Figueroa Suárez, se valió de su cargo y rango para impartir órdenes que se materializaron en asesinatos y desapariciones forzadas de personas que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate (…) Figueroa Suárez se aseguró de que sus órdenes de reporte de bajas fueran cumplidas, sin importar la forma en la que se dieran las muertes y, en ese marco, estableció un complejo dispositivo de estímulos y presiones”.
Ahora el proceso en su contra está en manos de fiscales de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). Sin embargo, el coronel retirado deberá comparecer a los llamados que le hagan la Sala de Definición y otras instancias de la JEP, como la propia Sala de Reconocimiento que lo imputó. De lo contrario, podría ser expulsado y toda la investigación que ha hecho la justicia transicional podría convertirse en el motor de un proceso penal ordinario, donde las penas por los delitos que lo acusan ascienden a mucho más que 20 años.
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