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Por las irregularidades que rodearon el fallo que ordenó el embargo de los recursos para la educación en el departamento de Córdoba, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura destituyó e inhabilitó por 10 años a la jueza primero civil del circuito de Montería, Córdoba, Ana Cecilia Arias Moreno.
En el debate jurídico la Sala encontró que se presentaron graves falencias en dicho fallo judicial. La funcionaria judicial fue denunciada por haber librado mandamiento de pago tomando como base documentos carentes del requisito de exigibilidad y embargar dineros del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Estos recursos estaban destinados al pago de las mesadas pensionales sin que las mismas fueran susceptibles de tales medidas. El alto tribunal consideró que se utilizó la tutela como una tercera instancia, situación que motivo a la imposición de una sanción disciplinaria.
En la misma decisión se revocó el fallo de una Sala de Conjueces del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, que había accedido a proteger los derechos fundamentales al debido proceso disciplinario, defensa y contradicción de la funcionaria.
La Judicatura compulsó a la Fiscalía General para que se investiguen a los conjueces del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba que fallaron la citada acción de tutela para avalar la protección solicitada.
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