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El motivo de la sanción: se les halló responsabilidad en el montaje de acciones terroristas y haber hecho que se pagara con dineros del Estado la información sobre dichos falsos positivos.
El objetivo de Hermida Benavides, quien en ese entonces fungía como jefe de Análisis Operacional y director encargado de la Central de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares en Bogotá, y de Barrero Calderón, jefe del Blanco Eln de la misma unidad, era sembrar el pánico en la ciudad y demostrar su excelente desempeño como agentes de la inteligencia militar. Para ello se habían aliado con Lidia Álape Manrique, alias Jessica, una guerrillera de las Farc condenada a 10 años y 4 meses de prisión, luego de que la Fiscalía demostrara su responsabilidad en los delitos de rebelión, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones y explosivos.
Los hechos concretos que cometieron los miembros del Ejército fueron, entre otros, la ubicación de un carro bomba en el barrio Gaitán, el cual les causó heridas a varios militares y la muerte a un civil; colocación de un carro bomba en el Centro Comercial Caracas; ubicación de material explosivo cerca de la Escuela de Artillería y entre los barrio Danubio y La Fiscala; e intento de colocar un carro con explosivos en el Centro Comercial Gran San.
Según el fallo de primera instancia, que profirió una Comisión Especial Disciplinaria de la Procuraduría, los miembros de la inteligencia militar incurrieron en los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, lesiones personales y daño en bien ajeno. Esta conducta fue calificada como gravísima y cometida a título de dolo. En el fallo fue absuelto el coronel Horacio Arbeláez Sarmiento, director de la Central de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares en Bogotá.
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