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Luego de que se conociera que la Fiscalía llamó a juicio al presidente y expresidente de la Drummond Colombia, José Miguel Linares y Augusto Jiménez, respectivamente, por supuesta financiación de grupos paramilitares, entre 1996 y 2001, la acusación del ente investigador tiene varios detalles sobre uno de los expedientes más espinosos de una multinacional en Colombia. En el documento de 145 páginas conocido por este diario, el fiscal del caso resolvió declarar como crimen de lesa humanidad el presunto delito de concierto para delinquir que se les imputa a los reconocidos empresarios.
Más precisamente, lo que hoy está en discusión en los estrados judiciales es sí las cabezas de la compañía en su momento entregaron dineros al frente Juan Andrés Álvarez del bloque Norte de las Auc, que estuvo al mando de alias Jorge 40, quien volvió al país en septiembre pasado luego de que el gobierno de Álvaro Uribe lo extraditara a Estado Unidos por delitos de narcotráfico. Por todo lo visto, para la Fiscalía se impone catalogar el delito de concierto para delinquir agravado, como de lesa humanidad y declarar, en consecuencia, la acción penal imprescriptible.
Y añadió que “solo con el fortalecimiento militar y económico, el frente Juan Andrés Álvarez pudo ostentar el control territorial del centro y norte del Cesar, y cometer los delitos reseñados, pues, fue en esa línea de tiempo que se alcanzó el pico más alto de homicidios selectivos y masacres, bajo la comandancia de alias el Tigre y Tolemaida, comandantes respecto de quienes se predican los vínculos que sostuvo Drummond Ltd., a través de Jaime Blanco Maya, contratista de la multinacional, contra quien figura condena en firme, por este nexo paramilitar, bajo la presidencia en Colombia de Jiménez y Linares, quienes conocieron de ese contexto macrocimina (…)”.
En relación con las declaraciones rendidas por miembros del sindicato y trabajadores de Drummond, relataron la presencia del personal armado, adicionalmente, también enseñaron que los directivos no repelieron la presencia paramilitar denunciada, ni los nexos de Jaime Blanco con los integrantes de esta organización criminal. “incluso fue contratado Jairo Charris, quien, también sostuvo estos vínculos y se esperó hasta el homicidio de los sindicalistas, para rechazar la presencia armada y proveer una vigilancia regular. Siendo las instalaciones del casino también del resorte de la compañía, primero, porque sus empleados consumían los alimentos en ese lugar y, segundo, porque a su cargo estuvo la financiación de tal sitio”.
Una declaración clave en el proceso la dio Charris o Viejo Miguel cuando señaló que días antes de los asesinatos Tolemaida asistió a una reunión, a la que fue Blanco Maya, en la sede de la empresa para planear el crimen. Sin embargo, la explotadora de carbón ha dicho que las declaraciones del Viejo Miguel eran totalmente falsas y que este intentó, según la compañía, extorsionarlos con hacer declaraciones en su contra si no recibía dinero.
Contrario a lo que indicó la defensa, dice la Fiscalía, sobre que algunos de estos testigos cambiaron sus versiones posteriormente, en su conjunto son congruentes y coincidentes. Sobre las declaraciones de Blanco Maya no encuentran asidero los cuestionamientos de que no corresponden a la realidad. “(…) cada parte de lo declarado por Blanco Maya se acompasa con otros medios probatorios, desde la relación que sostuvo con Alfredo Araujo (alto directivo de la firma.; la incidencia de ésta en las instalaciones del casino y la mina de Drummond; su contacto con la Drummond; las condiciones favorables de terminación del contrato; la sobreestimación de precios; el contacto con los financieros del grupo armado”, dice el ente investigador
En lo que atañe a los testimonios de los paramilitares Salvatore Mancuso, Viejo Miguel, El Tigre, el Canoso, entre otros, la defensa dice que recibieron dinero a cambio de testificar contra la Drummond. Sin embargo, la Fiscalía señala que “la mera afirmación de que tales transferencias incidieron en lo que declararon, no minó el mérito de sus declaraciones, pues, al confrontar el contenido de los relatos, en la mayoría de los testigos, sus narraciones se armonizan y verifican con otros medios probatorios, teniendo en cuenta el tipo de conocimiento sobre los hechos, de acuerdo al rol y posición que ocuparon en la estructura”.
La Fiscalía en su acusación también se refirió al informe del Grupo Financiero de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, en el que le puso la lupa a una serie de contratos y transacciones financieras que celebró la empresa entre 1996 y 2001 con la empresa Industrial de Servicios y Alimentos (ISA). El representante legal de esa compañia era Jaime Blanco Maya, medio hermano del excontralor y quien fue condenado en 2013 por el doble homicidio de los empleados de la Drummond, encargado de proveer las comidas de los trabajadores de la compañía. La relación comercial terminó en 2001 (a pesar de que el convenio iba hasta 2002), cuando Blanco Maya empezó a ser relacionado por la Fiscalía con el crimen.
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El documento de 46 páginas de la Fiscalía concluye que, en ese lapso, las transacciones entre la Drummond e ISA estuvieron “sobreestimadas” en $3.755 millones, lo que para la época eran cerca de US$1,6 millones. La cifra cobra total relevancia ya que desde 2012, cuando Blanco Maya (también hermano de alias el Kiri Maya, condenado por sus nexos con paramilitares) confesó que a través de su empresa pasaron los dineros que financiaron al frente Juan Andrés Álvarez de las Auc. Para soportar lo que decía, ese año Blanco empezó a entregar documentación de los supuestos sobrecostos en cada ración de comida que recibían los empleados de la mina La Loma, en el municipio de El Paso.
“Respecto a la limitación de la información soporte del dictamen contable, se precisa que, ello se predica, por cuanto esto fue suministrado, precisamente, por Drummond y no por los terceros contratistas, con todo, la documentación incluyó facturas, boletas de consignación del proveedor contratado y registros contables de la multinacional, los cuales el perito tuvo como suficientes, para enseñar toda la operación contractual y emitir un concepto, debidamente respaldado en los soportes contables, como se sintetizó, previo a que el Despacho examinará la experticia”, añade la Fiscalía.
Y añadió que “del análisis integral de la misma coligió la sobrestimación. En lo que concierne al anexo 3, para lo que indica que no es atípico que se asuman las liquidaciones de los empleados de contratistas, se precisa que, Radicado: 45 127 en este contexto, sí llama la atención del Despacho las condiciones favorables de indemnización que tuvo Jaime Blanco a la terminación del contrato, sin reclamar el seguro, cuando bien se pudo alegar una justa causa, dada la cuestionada y reiterada calidad de la alimentación, lo que fortalece la prueba indiciaria, sobre la responsabilidad penal de los sindicados”.
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