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Nadie conoce el caso Odebrecht como el hoy exfiscal Andrés Jiménez Camargo. Así presentaron al exfuncionario en una emisora radial para una entrevista que dio hace unos días, tras dejar su puesto en la Fiscalía. Su último cargo fue el de delegado para las finanzas criminales, y se sabe que a la entidad llegó por su estrecha cercanía con el exfiscal general Néstor Humberto Martínez. Su aparición en medios se hizo notoria la semana pasada. Además de hablar de expedientes como el de la corrupción en el Invima, el rastreo de dineros del carrusel de la contratación en Estados Unidos, y los Papeles de Panamá, Jiménez Camargo, abogado de la Universidad Javeriana, también se refirió al de la multinacional brasileña Odebrecht.
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De entrada, Jiménez aclaró que a veces la memoria le puede fallar, pero que era importante recordar las investigaciones que ha hecho la Fiscalía. Además, que los fiscales reaccionaron rápido al enterarse del escándalo, logrando la captura del exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, y del exsenador Otto Bula, y que fue Colombia uno de los pocos países que no aceptó las condiciones que impuso Brasil para entregarle las pruebas que había en el capítulo nacional del escándalo. Asimismo, el exfiscal recalcó que esto permitió investigar las andanzas de los ejecutivos brasileños en el país y emitir órdenes de captura en su contra. Su memoria, sin embargo, omitió detalles claves de lo que ha sido la investigación por el escándalo de Odebrecht en Colombia.
Por ejemplo, Jiménez Camargo relató que desde que en diciembre de 2016 se conoció el acuerdo que firmó Marcelo Odebrecht, presidente de la multinacional, con la justicia de Estados Unidos, en el que confesó cómo funcionó el entramado de corrupción en el continente, la Fiscalía comenzó a investigar por su propia cuenta. La pista fueron dos párrafos de ese documento en le que se decía que los brasileños había pagado US$11 millones de sobornos a funcionarios colombianos para “beneficiarlos” en procesos de contratación estatal. El dato no duró más que unos meses pues, relató el exfiscal, al poco tiempo se supo que la cifra de coimas pagadas era muchísimo mayor.
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Además de las capturas del exministro Morales, ya condenado por hechos de corrupción, y del excongresista Bula, quien continúa procesado, Jiménez Camargo contó que a comienzos de 2017 él fue el encargado de viajar a Brasil para hablar con sus homólogos para negociar la entrega de pruebas. Pero, según explicó, nunca se logró un acuerdo, pues las condiciones eran que “no podríamos adelantar ningún tipo de acciones judiciales en contra de los brasileños, de sus socios o de cualquier otra compañía asociada a Odebrecht”. El exfiscal agregó que como ya sus colegas en Colombia tenían avanzada sus investigaciones, y básicamente era el mismo material probatorio, el acuerdo no se firmó.
Colombia quedó por fuera de los países que, como Perú, sí accedieron a esa información. Pero además, según el relato de Jiménez Camargo, todas las negociaciones se hicieron bajo la administración de Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía. A pesar de haber estado al mando de la entidad en esta época, y de saber que podía estar impedido para saber qué estaba pasando en Brasil y lo que sus funcionarios investigaban en Colombia, el exfiscal Martínez solo se apartó de todos los expedientes de Odebrecht en enero de este año. Lo hizo en medio de la controversia que generó la designación como Fiscal Ad-Hoc de Leonardo Espinosa, quien fue elegido para adelantar tres de las investigaciones en las que también participaba el exfiscal Jiménez.
El fiscal Espinosa en su labor encontró varios peros a las tareas que hicieron hombres de Martínez y denunció los tropiezos que tuvo con su administración para acceder a la información. Por mencionar algunos, el Fiscal Ad-Hoc reveló que hubo una demora de más de un año en activar las órdenes de captura contra tres exdirectivos de Odebrecht, entre ellos, Eder Ferracuti, quien alcanzó en ese tiempo a cerrar dos CDT con más de $900 millones. Jiménez, sin embargo, dijo en una de sus entrevistas: “Colombia fue el primer país en el que se ha imputado y librado órdenes de captura contra brasileros”, olvidando que esa imputación solamente fue proyectada por Espinosa en mayo de este año y no en 2017. Es más, ni siquiera se ha podido realziar esa audiencia todavía.
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El fiscal Ad-Hoc también dejó constancia en la Corte Suprema de Justicia de las inconsistencias en la investigación de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, y por eso ordenó desarchivar el expediente. Asimismo, que no entendía cómo se firmaron preacuerdos con empresarios que se prestaron para lavar dinero, como Eduardo José Zambrano, Gabriel Alejandro Dumar Lora, Gustavo Adolfo Torres Forero y Federico Gaviria Velásquez, sin que se les imputara el delito de lavado de activos. “El caso de Odebrecht en Colombia se ha movido bastante rápido”, agregó Jiménez. Pero en plata blanca, los avances en los estrados judiciales muestran lo contrario.
De los preacuerdos que con bombos y platillos anunció hace un año la Fiscalía, y que podían ser claves para aclarar los hechos de corrupción, como el de Federico Gaviria o Gabriel Dumar, los jueces no han aprobado ni uno a casi tres años de que estallara el escándalo. Ni el de Otto Bula, quien fue la segunda persona capturada por estos hechos hace ya dos años. Según datos de la propia Fiscalía, solo se han logrado seis condenas y, pese a que Jiménez aseguró que Colombia superó la cifra de personas judicializadas de Brasil, que es de 89, la realidad es que el ente investigador maneja otro número: 78. Y durante un año entero, se estuvo a la expectativa de qué pasaría con la investigación contra las exministras, la imputación de cargos contra los brasileños y los detalles de las pesquisas del dinero ilícito que habría entrado a campañas presidenciales.
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De estos tres casos, no hay fecha de imputación de cargos todavía y, a menos de dos meses de finalizar el año judicial, el 2019 tampoco parece ser el año en el que se avance con estos expedientes. Lo cierto es que Jiménez, quien ya había pasado por la Superintendencia Financiera y de Sociedades, es el primer funcionario de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez en salir del ente investigador desde su renuncia en mayo de este año, según le contaron fuentes de la entidad a este diario.
Se sabe también, que su reemplazo ya fue nombrado: Luz Ángela Bahamón, quien viene de la dirección contra el lavado de activos de la entidad. Aunque el ahora exfiscal contra las finanzas criminales dijo en las entrevistas que dio esta semana que renunció por irse a Europa, en los pasillos de la Fiscalía se escucha con fuerza que su salida estuvo más motivada por falta de resultados y por su reputación de ser “el viajero número uno de la Fiscalía”.
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