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A partir de este martes, y durante tres días, los máximos líderes de la exguerrilla de las Farc van a encarar a las víctimas del crimen que más se les enrostra a los firmantes del Acuerdo de Paz: el secuestro. Con la mediación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quienes vivieron en carne propia las “pescas milagrosas”, los plagios con fines políticos y otros vejámenes podrán increpar a quienes tenían voz de mando sobre sus captores. Un espacio inédito, que la justicia transicional ha llamado audiencia de reconocimiento y que solo tiene un antecedente: la realizada en Ocaña, a finales de abril, con militares que aceptaron su participación en falsos positivos.
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Luego de que se aplazaran las audiencias por amenazas a los ex-Farc, los días 21, 22 y 23 de junio, los siete exguerrilleros que quedan vivos del secretario y un grupo considerable de sus víctimas se encontrarán en la Biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá. La JEP ya les imputó como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad por haber privado de la libertad a, por lo menos, 21.396 personas entre 1990 y 2016; es decir, 2,25 plagios al día en ese período. Ya la justicia especial determinó también con qué finalidades lo hicieron y qué otros delitos cometieron en el camino. Con la realización de estas audiencias comienza el camino hacia la primera sentencia contra los firmantes del Acuerdo. Así será la jornada.
¿Quiénes hablarán?
Julieta Lemaitre, magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, quien está al frente del macrocaso 01 en el que se investiga el secuestro, tomará la palabra para instalar la audiencia. Explicará lo que se ha hecho y en qué consiste la audiencia, que no es necesaria judicialmente, pero sí como parte del proceso restaurativo pactado en el Acuerdo. Luego, hablarán los exmiembros del último secretariado, que siguen vivos: primero intervendrá Rodrigo Londoño (Timochenko); también hablarán Jaime Alberto Parra (Mauricio Jaramillo), Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda.
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Será la primera vez que pidan perdón, ante la justicia, por sus crímenes. Ya en 2021, la JEP determinó que las Farc cometieron este delito bajo tres modalidades: primero, para exigir dinero de rescate, financiar su guerra y lograr el plan que tenían de tomarse Bogotá. En segundo lugar, secuestraron a militares y políticos para buscar canjearlos por guerrilleros presos. Y, finalmente, como una forma de afianzar el poder que tenían en las zonas del país que fueron su retaguardia, pues en esas regiones, quien les llevara la contraria o levantara sospechas podría terminar privado de su libertad. En estas audiencias se dedicará un día al reconocimiento de cada patrón.
Así ocurrirá también con las víctimas. Gonzalo Botero, exalcalde de Magangué, será una de las personas que hablará por los secuestrados con fines de financiamiento. Susy Abitbol, viuda del general Édgar Yesid Duarte, secuestrado por trece años y asesinado en cautiverio; el excongresista Óscar Tulio Lizcano, y el exdiputado Sigifredo López, único sobreviviente del secuestro masivo de la Asamblea del Valle, están entre quienes tomarán la palabra por las víctimas de secuestros políticos. También hay sobrevivientes de La Guajira, Caquetá y otros lugares que darán cuenta de cómo sus secuestros aleccionaron las regiones en las que las Farc tenía fuerte influencia.
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¿Qué van a decir?
No se sabe con certeza qué van a decir. La JEP no tiene un filtro sobre las intervenciones de los firmantes ni de las víctimas. Ahora bien, desde abril de 2021, el exsecretariado admitió por escrito los cargos que les imputó la Sala. Pastor Alape, por ejemplo, escribió: “Sostengo que las conductas determinadas en el auto no fueron un error, sino graves actos cometidos por nosotros y que son sancionables a la luz del Derecho Internacional Humanitario”. Por su parte, Pablo Catatumbo reconoció: “El fallido intento de canje humanitario se presenta hoy día en mi memoria como un trágico desentendimiento de las partes que estábamos en guerra”.
Allegados al caso han dicho que serán intervenciones sentidas. Víctimas y victimarios han recibido preparación emocional y han tenido encuentros previos. Las víctimas podrían preguntar: “¿Quién ordenó mi secuestro?”. Y, aunque los jefes de la exguerrilla pueden no conocer cada caso, han recogido información entre excombatientes. Por ejemplo, Joaquín Gómez se anticipó en su reconocimiento escrito a que los aborden así. Escribió: “Es apenas lógico que sobre quienes hoy estamos llamados al compromiso de la construcción de paz recaigan los interrogantes de familiares y amigos que no tienen todavía cercanía ni certeza de la ubicación de sus seres queridos”.
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¿Qué viene en el caso?
Después del 23 de junio, la Sala debe emitir una resolución de conclusiones y enviarla a la Sección de Reconocimiento, una instancia superior. Serán los magistrados de esa sala quienes impongan sanciones, según las propuestas de reparación que presenten los exguerrilleros y las observaciones que les hagan las víctimas y la Procuraduría. Mientras tanto, el macrocaso seguirá avanzando hasta llegar a más espacios como este, pero en las regiones, con los comandantes de bloques y frentes, que pueden darles respuestas concretas a los interrogantes de las víctimas. Al final de ese camino, la JEP pasará la página del secuestro para concentrarse en las demás atrocidades de la guerra.
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