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El comandante de la I División del Ejército, general Luis Paredes, dijo que el sábado recibieron una orden de la Fiscalía General para detener a 29 militares.
Del grupo total de implicados por la Fiscalía, 24 siguen activos: un subteniente, dos cabos y el resto soldados que quedaron detenidos desde el sábado en sus respectivos batallones. Los otros cinco soldados requeridos por la justicia ya se retiraron de las filas y están siendo buscados, según dijo el oficial.
Funcionarios de la Fiscalía indicaron que el grupo de militares, pertenecientes al Batallón La Popa, mataron a tiros el 14 de mayo del 2005 a Enrique Martínez y Claudio Manuel Olmedo, y en un informe oficial explicaron que las muertes ocurrieron en un combate con subversivos de las Farc.
Tras los testimonios de parientes y al examinar las balas y las autopsias se concluyó que los disparos se hicieron a corta distancia y que las víctimas no eran guerrilleros, indicó el funcionario de la Fiscalía, quien declinó ser identificado alegando carecer de autoridad para hablar del caso. Las dos muertes se produjeron en un paraje del municipio La Paz, en el departamento del Cesar.
El Batallón La Popa tiene varias denuncias de abusos y uno de sus ex jefes, el coronel Hernán Mejía, es investigado por supuestos lazos con paramilitares.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado varios casos en que las ejecuciones selectivas de civiles, activistas humanitarios o sindicales, son presentadas injustificadamente por las Fuerzas Armadas como muertes en combate.
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