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Esta semana un video difundido por varios medios de comunicación volvió a poner el nombre de Dilan Cruz en el centro de la conversación pública. La grabación fue presentada como una pieza inédita capaz de esclarecer lo ocurrido el 23 de noviembre de 2019, cuando el joven de 18 años recibió el impacto de un proyectil disparado por un agente del Esmad durante una jornada de protestas en el centro de Bogotá. Si bien la pieza audiovisual resultó nueva y presentaba un ángulo no visto de la muerte del estudiante, lo cierto es que el expediente judicial lleva años acumulando reconstrucciones forenses, análisis técnicos y otras evidencias mucho más detalladas sobre lo ocurrido hace siete años.
La revelación la hizo Señal Colombia y la revista Raya el pasado 17 de mayo en una publicación en la que expusieron que el video había sido grabado por un camarógrafo del noticiero Red+Noticias y que el archivo había sido supuestamente censurado por el canal. Según el artículo, se trataba de “una prueba reina” que daba “un vuelco a la narrativa oficial, en la cual Cruz había sido presentado como un vándalo y el uniformado como un agente inocente que causó su muerte de forma accidental”. Sin embargo, buena parte de las preguntas sobre cómo ocurrió el disparo que acabó con la vida del joven ya han sido abordadas por investigadores, peritos, periodistas y organismos de control mucho antes de que el video se hiciera viral.
Los hechos ocurrieron en la tarde del 23 de noviembre durante una jornada de movilizaciones que se desarrollaban en Bogotá durante el Paro Nacional de 2019, una ola de protestas que reunió a estudiantes, sindicatos, organizaciones sociales, comunidades indígenas y distintos sectores inconformes con el gobierno de Iván Duque. Las manifestaciones cuestionaban, entre otros temas, las reformas económicas que se discutían entonces, el asesinato de líderes sociales, la lentitud en la implementación del Acuerdo de Paz y el manejo de la protesta social. Ese día fue el segundo del paro que se caracterizó por la represión excesiva de la Policía y que terminaría estirando las manifestación al menos dos años más. Cruz fue trasladado a un centro especializado, pero falleció el 25 de noviembre.
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Desde los primeros días posteriores al disparo, distintos medios, organizaciones de derechos humanos e investigadores independientes lograron identificar al entonces capitán Manuel Cubillos como el uniformado que accionó el arma. Las grabaciones de periodistas, cámaras de seguridad, fotografías y registros ciudadanos permitieron reconstruir buena parte de la secuencia que terminó con la muerte del estudiante. Pero la evidencia más robusta llegó años después. En septiembre de 2023, el colectivo Forensic Architecture, adscrito a la Universidad de Londres, publicó una reconstrucción tridimensional de los hechos basada en modelado espacial, sincronización de videos, análisis forense, testimonios y documentos judiciales.
La investigación buscó responder una de las preguntas centrales del expediente: si Cubillos disparó de manera indiscriminada hacia una multitud o si, por el contrario, siguió visualmente a Dilan Cruz antes de accionar el arma. Las conclusiones del estudio fueron contundentes. Según el análisis, el entonces capitán alineó el arma con el joven, siguió sus movimientos durante varios pasos y disparó cuando Cruz entró en su campo visual. La reconstrucción contradijo la tesis que durante años sostuvo la defensa del oficial, según la cual el estudiante se habría atravesado accidentalmente en la trayectoria de un disparo dirigido hacia una supuesta “turba”. Para los investigadores, la evidencia visual disponible era suficiente para cuestionar esa versión.
Buena parte de estas pruebas también fueron utilizadas por la Procuraduría en abril de 2024, cuando emitió la primera sancionó de la justicia en contra de Manuel Cubillos. En esa decisión revelada por este diario, el Ministerio Público sostuvo que la conducta del exagente del Esmad “produjo lesiones graves en la integridad física de un joven ciudadano que, aunque no estaba realizando la protesta de una manera pacífica, tampoco tenía porqué recibir las lesiones de gravedad que lo llevaron a perder la vida días después”. Se trató de una decisión judicial, pues por primera vez una autoridad dejaba claro que Cruz murió por el impacto de la escopeta tipo bean bag de gas lacrimógeno que disparó Cubillos y que impactó en su cráneo.
Aunque esa sanción está siendo revisada justamente por la Procuraduría que consideró que la multa de COP 14 millones impuesta al exagente habría sido muy poca en comparación al daño ocasionado, el fondo de la decisión sigue en firme. Ahora bien, la historia en la Fiscalía es otra. Aunque desde hace años tiene evidencias para avanzar en la judicialización del agente que disparó y causó la muerte de Dilan Cruz, en cinco meses se cumplirán siete años del hecho y no hay un solo imputado. El Espectador reveló en noviembre de 2024 que el ente investigador no ha podido resolver una duda que sería clave para poder avanzar: “¿Existió intención del policía en matar al joven o si fue simplemente una muerte fortuita?”.
En otras palabras: la principal discusión que hoy mantiene frenado el caso no gira alrededor de la identidad del responsable ni de la existencia del disparo que acabó con la vida de Dilan Cruz. El debate está en la intención. Los investigadores evalúan dos hipótesis opuestas: si Cubillos accionó su arma de manera negligente, lo que encajaría en un eventual homicidio culposo, o si, como sostiene la familia del joven apoyada en el informe de Forensic Architecture, siguió visualmente al joven, lo mantuvo en la mira y disparó de forma consciente hacia él. La decisión es determinante, pues de ella depende no solo la gravedad de los cargos que se imputen, sino también la lectura judicial de uno de los episodios más emblemáticos de las protestas de 2019.
Sin embargo, la ausencia de una resolución judicial definitiva ha alimentado cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para investigar violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas sociales. El problema, para muchos observadores del proceso, dejó de ser hace tiempo la escasez de evidencia y pasó a ser la lentitud de las decisiones. En ese contexto, señalaron fuentes cercanas al expediente, “la verdadera discusión hoy en día no debería ser la aparición de otro ángulo de video”, sino por qué, pese a toda esa evidencia, el caso continúa convertido en un símbolo de las dificultades de la justicia para responder frente a episodios de violencia policial ocurridos en plena vía pública.
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