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Aunque nadie lo dice abiertamente, en la Fiscalía no cayó nada bien la visita especial que llegó a hacer la Procuraduría la semana pasada por orden de un magistrado de la Judicatura. “Hemos hablado con el señor procurador general de la nación, a efectos de que tengamos una relación entre las jerarquías de las entidades y no se tomen decisiones por parte de los subalternos”, dijo, hace unos días, el fiscal general encargado, Fabio Espitia, cuando un reportero le preguntó al respecto en una rueda de prensa que había sido citada para hablar, principalmente, de las protestas de los últimos días. “Lo que me interesa es el diálogo fluido con el señor procurador”, insistió el fiscal (e).
La escena nunca antes se había visto: hacia las 9 de la mañana del pasado 19 de noviembre, 20 funcionarios que pertenecen a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales entraron al búnker por el parqueadero y se dividieron en tres grupos con el fin de recolectar información sensible relacionada con casos a cargo de los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur. Un grupo se encargó de ir al departamento de sistemas; otro, a los despachos de Hernández y Betancur, y el último, al edificio donde se encuentra la plataforma Esperanza, desde la cual el ente investigador lleva a cabo todas las interceptaciones telefónicas.
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Precisamente, esa es la génesis de este asunto: las interceptaciones. La razón por la cual el magistrado Alejandro Meza Cardales –miembro de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura– ordenó la visita especial fue un anónimo que se remitió a la Judicatura el 6 de septiembre de este año. En él se lee que Daniel Hernández y Álvaro Betancur han “ordenado interceptaciones ilegales respecto de objetivos institucionales (funcionarios de la FGN), políticos (periodistas, líderes sociales, etc.), jurídicos (abogados y magistrados), con el objeto de obtener información privilegiada respecto de las actividades y contactos de estas personas con fines personales fútiles”.
En la denuncia se dejaron consignados cuatro números que, se supone, corresponden a los expedientes que los fiscales Hernández y Betancur habrían usado como fachada para oír conversaciones ilegalmente, interceptando a personas que nada tendrían que ver con el proceso dentro del cual se habría aprobado la interceptación. Es decir, el mismo modus operandi que usaron algunos funcionarios de la Fiscalía para “chuzar” a personas como Julián Pinzón, miembro de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), cuyo teléfono fue intervenido irregularmente entre diciembre de 2017 y enero de 2018, en el marco de un caso de desaparición forzada en el que Pinzón nada tenía que ver.
El documento con el cual el magistrado Meza abrió la indagación preliminar contra estos dos funcionarios judiciales deja ver un dato esencial: que las supuestas interceptaciones ilegales que habrían solicitado Hernández y Betancur tienen relación con la investigación de Odebrecht y de las “chuzadas” desde la Fiscalía. Por eso, el magistrado Meza requirió una copia del informe final del fiscal ad hoc del caso Odebrecht, Leonardo Espinosa, cuyo mandato terminó en el momento en que el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, renunció: el 15 de mayo de este año. Seis días después de esa dimisión, Espinosa entregó a la Corte Suprema su último reporte de gestión.
Durante la Fiscalía ad hoc de Espinosa, que duró casi cinco meses, él y Daniel Hernández no se entendieron bien. En los informes que Espinosa entregó periódicamente a la Corte se lee, por ejemplo, que cuando él estaba apenas comenzando, pidió a Hernández fotocopias de carpetas correspondientes a las líneas de investigación que le asignó la Corte Suprema (la de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, la de Eder Ferracuti, Amilton Hideaki y Marcio Marangoni, y la de los empresarios Gabriel Dumar, Federico Gaviria, Eduardo Zambrano y Gustavo Adolfo Torres). Hernández, aseguró Espinosa, le dio el material incompleto y no le entregó los archivos digitales.
Por eso, en marzo de este año, Espinosa envió una comunicación al entonces coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema y hoy fiscal (e), Fabio Espitia, para que investigara en la que el trabajo que hicieron los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur frente al proceso de Otto Bula. Para Espitia, era inentendible que ellos no hubieran imputado a Bula, testigo estrella del caso Odebrecht, los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. Hernández se defendió en su momento, alegando que cuando Bula fue imputado ni él ni Betancur estaban a cargo del proceso y que, además, esos delitos se conocieron solo porque fue el propio Bula quien los confesó.
El magistrado Meza ordenó a la Procuraduría verificar la existencia no solo de los radicados que se mencionaban en la denuncia anónima, sino también de los expedientes “creados por el despacho del fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez dentro de los últimos cinco años”, de los cuales solicitó “copia íntegra”. Asimismo, pidió “copia espejo” del computador de Álvaro Betancur. En la Fiscalía, ambos requerimientos cayeron como balde de agua fría y, al final, no se cumplieron. “Hay (información) que no puede ser incorporada hasta que se hagan los correspondientes descubrimientos probatorios”, dijo el fiscal (e) Espitia. O sea, que está bajo reserva, dice la Fiscalía.
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La Procuraduría llegó al departamento de sistemas por el correo institucional del fiscal Daniel Hernández, del cual el magistrado Meza reclamó “copia del backup”. Igualmente, pidió “copia de todos los formatos de solicitud” radicados ante el Sistema Esperanza desde el despacho de Hernández: los que tuvieran que ver con los cuatro números de radicados mencionados en la denuncia y todos los demás que hubiera generado ese despacho en los últimos cinco años. Palabras más, palabras menos, el magistrado Meza solicitó todo lo que se le ocurrió que pudiera servir para confirmar o descartar que los fiscales Hernández y Betancur hayan cometido alguna irregularidad.
Sobre el papel, eran requerimientos osados desde el punto de vista “político” y, en la práctica, lo fueron aún más. Funcionarios de la Fiscalía que fueron testigos del procedimiento le contaron a este diario que sus ojos no daban crédito cuando los integrantes de Investigaciones Especiales de la Procuraduría llegaron a los despachos y a la sala donde funciona la plataforma Esperanza, con el propósito de llevarse los soportes de trabajo de los fiscales Hernández y Betancur de los últimos cinco años. Que quisieran sacar una copia espejo del computador del fiscal Betancur, sin siquiera él estar en su despacho en ese momento, les pareció inaudito.
La diligencia causó tanto ruido, que quien se apareció para suspenderla fue el propio vicefiscal general. El mismo día de la visita especial, el alto funcionario le confirmó a este diario que la Fiscalía bloqueó la entrega de cierta información, pues, explicó, los procesos que requiere el magistrado Alejandro Meza están bajo reserva. Y así lo confirmó el fiscal (e) Espitia, quien, al hablar de “descubrimientos probatorios”, quiso decir que la información solo podría estar al acceso de la Procuraduría cuando cada uno de los expedientes en cuestión lleguen a etapa de juicio. Lo planeado, por ahora, es que el Ministerio Público vuelva a la Fiscalía para terminar de recoger lo que se pueda llevar.
Lupa sobre cuatro procesos Este tema está lejos de generar consensos. El vicefiscal Jaime Camacho le dijo a El Espectador, que el magistrado Meza pidió copias “de unos radicados cuyos números no existen”, versión que fuentes de la Procuraduría, que conocieron de primera mano los resultados de la diligencia, refutan. “Los radicados sí existen, y sí corresponden a esos despachos”, afirmaron. Ese y muchos otros datos quedarán registrados en el informe preliminar que en la Procuraduría están preparando para el magistrado Meza y que le entregarán en cuestión de semanas. “La indagación está bajo reserva, pero hay avances positivos. Es todo lo que podemos decir por ahora”, dijeron las fuentes del Ministerio Público.
Los radicados sí existen. Es lo que se concluye de la tutela que presentó la defensa del capitán Julián Pinzón (de ACDAC), el pasado 21 de noviembre. Uno corresponde al caso del exfiscal Fabio Martínez Lugo, llamado a juicio en septiembre de este año por cinco delitos por, presuntamente, haber “chuzado” a cierta gente desde la plataforma Esperanza. Dos radicados más tienen que ver con los procesos de Laude Fernández, exdirector del Berkeley Research Group, a quien le leerán la acusación en su contra el próximo 6 de diciembre, también por “chuzadas”. En esos tres, el titular es Álvaro Betancur. En el de Odebrecht sobre el que indaga Meza, es Daniel Hernández.
La tutela de la defensa de los pilotos no es la única reacción que ha desatado la visita especial. El mismo 21 de noviembre, cuatro días después de la diligencia, dos tutelas más se radicaron también en la Corte Suprema de Justicia con una misma petición: que se tomen medidas provisionales para evitar “revictimizaciones”. Los abogados de Acdac pidieron que se cambiaran los radicados. Felipe Jaramillo, quien también fue interceptado anómalamente, pidió que se suspendan las acciones del magistrado Meza. Lucio Rubio, presidente del Grupo Enel, otra víctima de las “chuzadas”, expuso que entregar información reservada de su proceso puede poner en riesgo a los testigos.
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Daniel Hernández fue mano derecha del exfiscal Néstor Humberto Martínez. No en vano Martínez le asignó directamente procesos de Odebrecht, el caso de corrupción del sector privado más grande que haya conocido el continente hasta ahora. También maneja la investigación contra Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe, señalado de haber comprado testigos para favorecer al exmandatario –lo cual Cadena niega–. “Hernández y Betancur son de los fiscales más aguerridos que tiene la Fiscalía”, expresa un abogado litigante que se ha enfrentado a los dos. Mientras muchos los elogian, otros ven sus métodos de trabajo con reserva.
Que la Procuraduría, en apoyo a la Judicatura, ingresara al mismo búnker de la Fiscalía para sacar información de los procesos de sus fiscales no era una diligencia como cualquiera. Se sabía desde el principio. ¿Qué destino tomarán estas indagaciones? La respuesta está en manos del hombre que ordenó la visita especial: el magistrado Alejandro Meza Cardales.
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