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Es uno de los momentos más críticos en la historia reciente de las cárceles. Hace un mes, el director de la cárcel La Modelo de Bogotá, el coronel Élmer Fernández, fue acribillado sin contar con esquema de protección. En lo corrido del año, contando a este funcionario, criminales han asesinado a seis trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, aun cuando en febrero pasado el Ministerio de Justicia anunció el estado de emergencia carcelaria. Una medida que, como lo reconoce el director Daniel Gutiérrez, no ha podido materializarse por falta de recursos. En entrevista, también revela lo que podría haber fallado a la hora de atender las amenazas contra el coronel Fernández, y más temas de la coyuntura penitenciaria.
Se supone que estamos en emergencia carcelaria, sin embargo, a pesar de que se prometió una destinación de recursos, más funcionarios fueron asesinados y el coronel Élmer Fernández muere desprotegido. ¿Fue un fracaso?
Hay que seguir evaluando, pero no es una estrategia milagrosa. Es una declaratoria que no venía cargada de 20.000 soluciones o de 16.000 chalecos antibalas y una cantidad de carros blindados. Es una facultad que tiene el director del Inpec para solicitarle recursos al Ministerio de Justicia para varios propósitos, entre ellos, una destinación especial de dinero para poderlo invertir de manera más rápida a la seguridad de nuestros funcionarios.
Otra facultad que nos permite la emergencia es trasladar internos entre cárceles de una manera más rápida. Potenciar ese pilar de nuestra Operación Dominó. Y la otra era trasladar funcionarios entre cárceles. Más allá de preguntarse si fue un fracaso, es una estrategia que aún seguimos evaluando.
¿Qué sabe sobre el crimen del coronel Fernández?
La función del Inpec es la custodia y vigilancia de personas privadas de la libertad, y en últimas la resocialización que es el fin de la pena. Como tal, no tenemos acceso a la información de cómo va la investigación. Sabemos que la Policía y la Fiscalía están avanzando y que llevan un 65% de avance frente al esclarecimiento del hecho punible. En lo que respecta a nuestro rol funcional, hicimos 15 traslados desde La Modelo a otras cárceles del país, entre ellos alias Pedro. La persona que aparece en la amenaza contra el coronel Fernández.
Desafortunadamente, en todos los patios de las cárceles de Colombia, hay líderes positivos y negativos. Al momento de hacer traslados, hay un reacomodamiento otra vez. Así mismo pasa con las estructuras criminales en las calles. Las hipótesis, por ahora, son materia de investigación y no puedo salir con imprecisiones. Lo que me corresponde es generar más operativos y requisas para evitar que se den órdenes criminales, que entren celulares y que haya armas.
Sin embargo, sí era función del INPEC conocer la situación de amenazas del coronel. En la UNP nos dicen, desde dirección, que nunca se acercó a esa entidad y que sí hizo el trámite con ustedes ¿Qué falló?
Las amenazas en el Inpec han venido siendo muy recurrentes, constantes y bastantes. Hay más de 500 amenazas desde 2022, que llegan a todos los niveles. Tenemos 27 directores amenazados, personal de la guardia, y hasta administrativos. Al tener un flujo tan grande de amenazas, se creó un paso a paso para que, cuando se presente la amenaza, se hiciera un trámite de supervisión en el Inpec.
Sobre todo porque, si a mí me ponen una amenaza y necesito solicitarle a la UNP un estudio de nivel de riesgo, me piden unos requisitos y una documentación. Y empezamos a detectar que si el trámite se hacía con la UNP, se demoraban un tiempo mientras la resolvía, y a veces era cuestión de un documento o dos.
Regresando al caso del coronel Fernández, si hacemos una línea de tiempo, la amenaza fue un jueves. Al día siguiente pone la denuncia en la Fiscalía y él se acerca al Inpec hasta el martes. Todo es materia de investigación, pero lo que me dicen es que faltaba una que otra documentación, que él no tenía a la mano. Luego, Pasa el martes, el miercoles y el jueves es el evento. El asesinato.
Las personas que lo leen se preguntaran, ¿por qué la falta de un documento en el Inpec es una talanquera para que alguien no cuente con algo urgente como el esquema?
En relación con los protocolos y los procedimientos, esos no los establece el Inpec, los establece la UNP. Yo ponía el ejemplo mío. Yo tengo esquema de seguridad porque recibí una serie de amenazas, pero cuando quedé nombrado como director, hace año y medio, no tenía esquema de seguridad. Ya cuando hay una serie de amenazas, tuve que hacer los trámites y las denuncias. La pregunta es muy válida y da mucha rabia y tenemos ese sinsabor muy grande nosotros. Todas esas lecciones aprendidas hacen que se revisen los protocolos y que sean más ágiles.
Un ejemplo palpable de este problema lo representa el nuevo director de La Modelo, Édgar Iván Pérez, quien todavía tiene en trámite su esquema de seguridad. Porque tener determinado cargo, sea alto o medio, no amarra los esquemas dispuestos por el Estado. Por ser director de un establecimiento no tiene establecido un nivel de riesgo para asignación de un esquema de seguridad.
¿De quién depende cambiar eso?
De la UNP. Se está hablando con ellos. Ministerio de Justicia está ejerciendo una acción. Hemos visto una voluntad de cambio. De hecho, me llamaron la semana pasada para iniciar el trámite con el nuevo director de La Modelo, así no tenga amenazas. Yo creo que en todas las instituciones hay burocracia.
Los expertos valoran su llegada en lo social y los comentarios son buenos en el Ejecutivo, pero justo en su administración le toca tener la muerte de un director de establecimiento. ¿Cómo lo toma personalmente?
Siempre prevalecen las personas. Para mí ha sido muy frustrante tener que vivir una situación como esta. Independiente del cargo del funcionario, impacta muchísimo la muerte de un compañero de trabajo. Esa familia tiene esposa, tiene hijos, tiene padres, tiene sueños. Cuando estaba en la Policía viví esas situaciones. Pero llegar aquí a una institución tan difícil, con muchísimos problemas y padecer el tema de funcionarios muertos, impacta mucho en lo personal. No es pensar en mi carrera, es pensar en que no sigan matando los funcionarios. Qué podemos hacer para salvaguardarle la vida a los personales del Inpec, donde no debería haber una sola muerte.
Volviendo a la emergencia carcelaria, usted decía que uno de los pilares fue lograr recursos para un sistema judicial que ya está bastante recortado, ¿en qué gastaron ese dinero?
El propósito era buscar recursos o mover recursos, pero no han llegado. Se proporcionaron unos estudios y diseños, se proyectaron unas necesidades como la creación de dos pabellones de máxima seguridad, en Girón y en Valledupar. Además, se proyectaron 300 escudos, 300 chalecos, 4.000 equipos antimotines, 2.000 tonfas y 15.000 máscaras antigases. Esas eran las necesidades, pero no fueron asignados los recursos.
Entendemos que el país está pasando por una situación de recaudo en la que se están recortando recursos de todas las entidades del Estado. Aun así, también quisimos buscar llamar la atención en lo político y mediático, para que el resto de la sociedad volteara a ver al INPEC. Qué se den cuenta de que es una institución con muchas dificultades y con funcionarios asesinados de manera violenta, por un crimen organizado que se ejerce desde las calles.
En este proceso de emergencia carcelaria, ¿se sintió abandonado?
Hubo una voluntad política interesante porque también se hablaron de nuevas pólizas de seguros de vida o de la primera de nivel de riesgo para funcionarios administrativos. Seguimos trabajando en la adquisición de esos recursos. Eso tiene que ir a Congreso, al Ministerio de Hacienda y a la Presidencia. Pero también es cierto que muchas personas creyeron que invertir en cárceles más de $100.000 millones en cupos carcelarios, o $32 millones en la custodia y vigilancia de una persona recluida, que es lo que vale, es mejor invertirlos en una escuela, en un centro de salud, en un puente o una vía terciaria.
Usted está administrando pobreza…
Sí
Usted se reunió con alcaldes del país donde se ubican las prisiones más peligrosas para obtener protección en los perímetros, ¿lo logró?
En todas partes hace falta gente. Nosotros ya hemos hecho una priorización de 15 establecimientos en todo el país, entre ellos Valledupar, Cómbita y Bogotá, y la Policía nos está ayudando allí con mucha voluntad. En sitios como Tuluá se han establecido unos perímetros más seguros. Sobre Bogotá, quizás el primer resultado fue la captura de una persona cuando estaba ingresando unos panfletos amenazantes hace 15 días en La Modelo. El funcionario se dio cuenta de que debajo de la puerta ponen unas amenazas y la Policía le da captura a esta persona.
Algunos sindicatos dicen que usted toma medidas improvisadas. Usted ahora hablaba de su estrategia de traslado de jefes criminales, ¿cómo se mide el éxito de ello?
Ahí hay dos temas. El primero, la responsabilidad que tenemos con funcionarios públicos y como administradores de un sistema, donde tenemos que evitar que haya delincuencia desde las cárceles. Ahí nace la Operación Dominó, que se crea como resultado al llamado del gobierno y la sociedad para que evitemos que haya más extorsiones y fenómenos criminales en las cárceles.
El segundo, los sindicatos tienen todo el derecho de protestar, exigir, monitorear, controlar y supervisar, porque para eso están constituidos. Para velar por los derechos laborales de los trabajadores. Aceptamos las críticas. Pero, sí, debo decir que nosotros tenemos que responder frente a esa situación de inseguridad. El hecho de hacer traslados es nuestra función. No podemos decir que ha sido un fracaso o que haya generado las muertes de los guardianes.
Alias Pipe, el verdugo de Tuluá y líder de La Inmaculada, sigue ordenando homicidios, amenazas y extorsiones desde la cárcel, ¿esa es una derrota del Estado colombiano y su sistema de prisiones?
Son retos que tiene el sistema. Ese tipo de personas entran a las prisiones muy jóvenes. Alias Pipe creo que entra con 18 años a la cárcel y ahora tiene una condena de 30 años, siendo una persona aún joven. En otras administraciones también consideraron trasladarlo, porque la tarea ha sido pensar cómo podemos contener ese delito y esa persona. Pero, solos no podemos. El sistema solo no puede. Estos delincuentes están en la cárcel, pero quienes cometen los hechos criminales están en la calle. Ahí es donde viene la articulación con la Fiscalía, la Policía y los entes territoriales.
El gobierno inició conversaciones con él y hay algunas propuestas en el aire, como la entrega de los jóvenes cooptados por La Inmaculada, ¿a usted le suena la idea?
Es importante ir a un diálogo. Hay que tener la fuerza del Estado, porque no nos podemos arrodillar ante ningún delincuente. Pero debemos abrir un espacio para escuchar las posibilidades. Entre ellas, saber qué pueden dejar de hacer ellos para el beneficio en temas de sociedad. Vamos a ver como avanzan los diálogos y si realmente hay una voluntad de abandonar la criminalidad. Desafortunadamente, hay antecedentes de procesos de paz, donde lo que han es aprovechado los diálogos para fortalecer sus capacidades criminales.
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