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En un 64.46 % las disidencias de las Farc son las responsables de afectaciones a niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional. En segundo lugar, se encuentra el Eln con 36.54 %, seguido de grupos armados sin identificar (23.36 %), grupos paramilitares y desmovilizados (19.09 %) y la fuerza pública con un 10.91 %. Las cifras fueron reveladas por Coalico, la Coalición que observa la afectación del conflicto armado en menores de edad.
El análisis se hizo en el día Internacional de las Manos Rojas, con el que se conmemora el aniversario de la firma del protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe que menores de edad hagan parte de los conflictos armados. El informe da cuenta que, durante 2021, se monitorearon 60 eventos relacionados con violaciones e infracciones contra el derecho a la vida e integridad personal. Del total, 43 eventos corresponden a homicidios, 13 casos a lesiones y cuatro relacionado con desaparición forzada. A juicio del informe, estos hechos se presentaron en Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Arauca y Norte de Santander.
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“En comparación con el año 2020 en el que se presentaron 25 eventos, se identificó un aumento de 35 casos. Preocupa de sobremanera que algunos de estos hechos se perpetraron en medio de masacres realizadas por actores armados en diferentes regiones del país, asesinatos con intención directa a niñas, niños y adolescentes, y por acciones del Ejército Nacional con bombardeos a lugares con campamentos de estructuras guerrilleras”, reposa en el informe.
De acuerdo con Coalico, los menores de edad que más tuvieron afectaciones durante 2021 se ubicaron en Valle del Cauca que tuvo 36 sucesos, seguido de Antioquia (33), Cauca (28), Arauca (23), Chocó (17), Nariño (16) y Norte de Santander (15). “Estos hechos evidencian el riesgo en que se encuentran los menores, dadas las acciones de los grupos armados en los diferentes territorios del país y que enciende las alarmas por las situaciones que se entrelazan, por ejemplo, el asesinato a líderes en los cuales también han sido asesinados y lesionados niños y adolescentes que pertenecen a sus familias”, denuncia el documento.
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A juicio de Coalico, los menores que se encuentran en zonas de vulnerabilidad se enfrentan a sucesos marcados por el recrudecimiento de la violencia. Las masacres que se convirtieron en una cotidianidad hacen parte de ese panorama, así como las disputas territoriales entre grupos armados ilegales y las operaciones que adelanta el Ejército contra estructuras guerrilleras.
La libertad personal y sexual
Durante 2021, Coalico identificó alrededor de cinco sucesos relacionados con secuestro y una detención arbitraria a menores de edad. Contemplaron que desde 2017 esas prácticas se han convertido en una serie de vulneraciones que requiere especial atención del Estado y autoridades locales. Misma alarma que debe generar la violencia sexual, ya que el informe da cuenta que durante el año pasado se presentaron cuatro casos que afectaron a por los menos seis menores en los departamentos de Antioquia, Bogotá, Meta y Valle del Cauca.
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“Si bien, el delito de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado es unos de los delitos más difíciles de rastrear, estas situaciones persisten en todo el territorio nacional. Lastimosamente las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas terminan siendo las más vulnerables frente a este delito. Una de las dificultades más frecuentes para monitorear esta situación es la desconfianza institucional para presentar la denuncia”, dice el informe.
Desplazamiento forzado
Otra situación que también estuvo bajo la lupa de la Coalición es el desplazamiento forzado al que se ven obligados los menores de edad para evitar que el conflicto se convierta en una cotidianidad en sus vidas. Para 2021, de acuerdo con el monitoreo, se presentaron 54 eventos asociados al desplazamiento forzado, afectando con ello alrededor de 13.265 niñas, niños y adolescentes. Los departamentos que presentaron mayor afectación en está categoría fueron Antioquia y Nariño con 10 casos cada uno, seguidos de Valle del Cauca (8), Arauca (7) y Chocó (7).
En comparación con el mismo periodo en 2020, la Coalición identificó un aumento de 9 registros, y se pasaron de 5.742 niños y adolescentes afectados a por lo menos 13.265 el año pasado. El desplazamiento forzado en Colombia sigue siendo una de las principales violaciones, de hecho, la Organización de Naciones Unidas mediante su oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) evidenció un aumento del 198% de los casos, es decir, se estima que 64.800 personas fueron victimas de ese hecho.
“Esta situación se combina con dinámicas asociadas a migración y refugio, lastimosamente en los eventos de desplazamiento también fueron victimas personas procedentes de Venezuela que han tenido que salir de su país y enfrentarse con una dinámica desconocida de confrontación y control territorial de actores armados. Lo que implica mayores desafíos para la atención y protección integral, miradas interseccionales más amplias y enfoques diferenciales que fortalezcan la respuesta a estas situaciones”, resalta el informe.
Los grupos armados y los niños y adolescentes
El reclutamiento forzado por parte de grupos al margen de la ley, es otra de las realidades a las que se enfrentan los menores de edad en Colombia. Durante enero y diciembre del año pasado se registraron 61 casos que afectaron a por lo menos 151 niños y adolescentes en los cuales se identificaron como posibles responsables a las disidencias de las Farc, el Eln y algunos grupos paramilitares. “En comparación con el año de 2020, se identificó una disminución de 19 eventos y una disminución importante del número de víctimas, sin embargo, esta disminución no está directamente asociada a que el fenómeno haya disminuido considerablemente sino al tema de verificación, pues esta situación evidencia el riesgo que implica la denuncia de la situación ante las autoridades institucionales”, resaltó el documento.
De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, de las 29 emitidas para 2021, alrededor de 20 tuvieron como referencia directa el reclutamiento forzado en por lo menos 15 departamentos del país. Según las estadísticas expuestas en el informe Norte de Santander encabeza esa lista con 10 casos, seguidos de Arauca, Cauca, Valle del Cauca con 7 registros y Caquetá y Antioquia con 5 reportes.
“El panorama aquí presentado muestra los riesgos a los que están expuestos las niñas y los niños; la persistencia del fenómeno en el país. Las alertas tempranas y advertencias de riesgo evidencian la necesidad de seguir monitoreando esta situación por parte de las diferentes organizaciones, así como la necesidad de establecer acciones concretas de prevención y denuncia de los casos verificados”, resaltó la Coalición e hizo un llamado a que se construyan medidas efectivas y rápidas que contribuyan a disminuir el riesgo y sobre todo a proteger la vida de los menores que siguen en medio del conflicto.
El llamado del Ministerio Público
A la iniciativa de la Coalición se sumó la Procuraduría que instó a fortalecer la prevención del reclutamiento forzado. El Ministerio Público reveló que el 50 % de los planes de desarrollo de los 170 municipios con altos indicadores históricos de reclutamiento forzado y más afectados por la violencia, no consideraron en sus instrumentos de planificación territorial esta situación como uno de los graves problemas que afectan los derechos de los menores en el país.
La Procuraduría recordó en un informe que “la prevención del reclutamiento se enmarca en un conjunto de planes, programas y proyectos que desarrolla el Estado, la sociedad y la familia para asegurar el ejercicio y goce efectivo de los derechos de los niños y adolescentes, y evitar que sean reclutados o utilizados por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados”.
El análisis del Ministerio Público concluyó que 29 municipios priorizados para el posconflicto de 12 departamentos no mencionaron en sus instrumentos de planificación la prevención del reclutamiento forzado. Así mismo, encontró que solo 10 de los municipios con Programas de Desarrollo y Enfoque Territorial (PDET) incluyeron en la planeación territorial, la prevención del reclutamiento. Se trata de Ituango y Zaragoza (Antioquia); Morales (Bolívar), Belén de los Andaquíes y Curillo (Caquetá); Argelia, Corinto y Santander de Quilichao (Cauca), y Cumbitara y La Tola (Nariño).
“Llama la atención que 29 municipios (17,1%) no consideraron el reclutamiento y 61 (35,9%) solo mencionaron la realización del diagnóstico, lo que supone que cerca del 50 % de los planes de desarrollo de los municipios PDET no consideraron la situación de reclutamiento”, advirtió el ente de control en el informe. En ese sentido, la Procuraduría advirtió que la ausencia de uno o dos componentes del plan de desarrollo limita la acumulación de las políticas públicas dirigidas a prevenir el reclutamiento ilegal.
El Ministerio Público hizo un llamado a fortalecer la prevención de este fenómeno y la atención, protección integral y restablecimiento de los derechos y la reintegración de los niños y adolescentes víctimas del conflicto armado interno.
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