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Aunque el Gobierno de Gustavo Petro se ha ofrecido a negociar con múltiples actores armados ilegales, aún no está definida la figura para desarmar a las disidencias de las Farc y desertores del Acuerdo de Paz. La semana pasada, el Ministerio de Justicia hizo público el texto con el que pretende que bandas criminales y de narcotráfico se sometan a la justicia. El articulado aclara que ni los desertores del Acuerdo de Paz ni los disidentes de las Farc están contemplados para una negociación de ese tipo, porque tienen estatus político. No obstante, esa postura no parece ser universal en el gobierno Petro. Así lo deja ver un concepto en manos de la Corte Constitucional.
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El documento de 99 páginas firmado por Vladimir Fernández, secretario jurídico de la Presidencia, llegó al despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien conoce una demanda en contra del articulado que le dio vida a la denominada ley de “paz total”. La demanda, precisamente, dice que se incluyó un artículo de manera irregular en el que se le dio estatus político a disidentes guerrilleros. Y, también, a desertores del Acuerdo de Paz como el exjefe negociador de las Farc Iván Márquez, quien decidió apartarse de la implementación y alzarse en armas con lo que él mismo denominó la Segunda Marquetalia. La secretaría jurídica de la Presidencia tiene claro que una situación como la de Márquez debe tener un tratamiento diferente.
En el documento, el secretario jurídico aclaró que “no se puede confundir el término disidentes con desertores”. Por eso explicó que los disidentes pueden gozar de estatus político porque, incluso, antes de que se firmara el Acuerdo de Paz, ellos ya habían decidido no acogerse. En esa situación está el denominado Estado Mayor de las Farc, que está bajo el mando de Iván Mordisco. Para Fernández está claro que esos disidentes, como “rebeldes e insurgentes”, pueden llegar a una negociación de paz con el Gobierno. Para los desertores como Iván Márquez o los muertos Jesús Santrich y El Paisa, la secretaría quiere mantener un proceso de sometimiento. Es decir, que los desertores únicamente tienen el estatus de un grupo criminal y de narcotráfico.
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“En estos casos, estas personas pueden acogerse a las reglas del sometimiento a la justicia para obtener los beneficios que la ley otorgue por desmantelamiento y delación, de modo que la sociedad y ellos mismos, puedan pagar sus responsabilidades penales de una manera eficaz tanto para ellos mismos como para la sociedad”, dice el documento de la Presidencia. Resalta que estas personas no podrían acudir a la JEP, ni tramitar sus beneficios en el marco de un acuerdo de paz, sino en el escenario del sometimiento a la justicia ya que los desertores perdieron el estatus político una vez incumplieron los acuerdos pactados y se realzaron en armas.
Así las cosas, con la explicación que entregó el secretario jurídico de la Presidencia a la Corte Constitucional queda claro que el Gobierno Petro no parece estar del todo cohesionado sobre la forma en la que se negociará con disidentes y desertores. Aunque en la Ley 2272 del 2022 (de “paz total”) dice que se puede renegociar con desertores del acuerdo, en contraste, el proyecto de ley sobre sometimiento no los menciona. Por tanto, el concepto emitido desde la secretaría jurídica de Presidencia deja ver, no solo un posible rifirrafe en las determinaciones sobre la denominada “paz total”, sino que podría llegar a existir un limbo jurídico tanto para disidentes como desertores.
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El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, en diálogo con El Espectador, dijo no estar de acuerdo con la postura de la secretaría jurídica. Consideró que tanto disidentes como desertores deberían tener estatus político, dado que son hijos de una organización que, aunque ya está extinta, en su momento se alzó en armas para conseguir el poder a través de fines políticos. Estima que tanto disidentes como desertores “son organizaciones que han tenido un programa de transformaciones en la economía y el sistema político. Han emprendido su alzamiento en armas con carácter político. Eso no quiere decir que no tengan relaciones con el narcotráfico, pero su esencia, lo que prima en su carácter como organización, es su intención política”.
Cepeda, quien además hace parte de la mesa de negociación de paz con el Eln, agrega que el Gobierno revisará cuál es el mecanismo que usará para que cada organización (desertora y disidente) esté ante la justicia. Sobre el caso puntual de los desertores, el senador llamó la atención sobre el posible entrampamiento que hubo en su momento para sabotear la implementación del Acuerdo de Paz, situación que derivó, no solo en el realce a las armas de Iván Márquez, sino en avanzar con las investigaciones que anunció y solicitó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para verificar si, en efecto, hubo alguna irregularidad en todo lo relacionado con captura, recaptura y procesamiento judicial del desaparecido Jesús Santrich.
En una posición contraria, está el abogado penalista Iván Durango, quien en el diálogo con este diario dijo que el proyecto de ley de sometimiento se puede ir ajustando conforme pasen en los debates al Congreso. No obstante, solicita que a los desertores les caiga todo el peso de la ley, no solo por parte de la Fiscalía si no también de la fuerza pública. “Ya tuvieron su oportunidad y la desaprovecharon de tajo. Estoy de acuerdo con que se les dé otro trato en el que puedan sentir el rigor de la fuerza pública y del Estado. No deberían entrar en el sometimiento y tampoco deberían tener un acuerdo de paz”, resaltó.
El penalista Durango explicó que tanto disidentes como desertores decidieron mantenerse en la ilegalidad por lo que deben enfrentarse a un trato en la justicia ordinaria conforme a las leyes existentes. Aunque en este momento hay ideas diversas y confusas, lo cierto es que el Gobierno Petro puede ir ajustando su iniciativa de doblegar ante la justicia a los grupos armados que generan violencia en el territorio. La Fiscalía, según el proyecto de ley del sometimiento, es la que tendrá la batuta en este caso. Durante este lunes, el jefe de Estado y fiscal Francisco Barbosa se dieron cita, precisamente, para socializar la iniciativa. Por ahora, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Jurídica de la Presidencia parecen ir en contravía.
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