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A Manuel* le robaron su celular en un bar de la 83 en Bogotá, mientras se tomaba unos tragos con unos amigos. Al ladrón solo le tomó unos segundos llevarse el celular que él, por descuido, había dejado en una silla a la entrada del bar. Por la rapidez con que todo pasó y por la cantidad de personas que había en el sitio, Manuel afirma que, sinceramente, pudo ser cualquier persona. Un evento desafortunado que pasó a mayores y lo llevó a toparse con una red que no solo se dedicaría al hurto, sino que también ofrece cédulas y contraseñas falsas para menores de edad. Un negocio que, a pesar de su solidez en el mercado ilegal, apenas es investigado por la justicia.
La historia de Manuel sucedió justo cuando la discusión alrededor de la falsa documentación en el país está en auge. La semana pasada fueron detenidos seis funcionarios de la Registraduría y la Cancillería, los cuales presuntamente estarían ofreciendo cédulas y pasaportes falsos a migrantes para salir del país. La Fiscalía confirmó que se tuvieron que anular 344 cédulas falsas y se identificaron 304 pasaportes de este tipo. La problemática en algunas zonas del país, como Medellín, sería tan alta que las autoridades han llegado a calificarlas como mecas para la producción de falsas identidades.
Manuel dio con este tipo de negocios en medio de su afán por recuperar las fotos y contactos que tenía en su celular. Activó la opción que tiene su iPhone para marcarlo como perdido y puso otro número de contacto para que se pudieran comunicar con él. Tres días después, el sistema de pérdida le notificó que su teléfono se encontraba en el barrio Ricaurte, al sur de la ciudad, y aunque le envió la dirección a la Policía, le respondieron que la ubicación tenía un margen de error y en el sitio solo había una droguería. Sin embargo, días después comenzaría a recibir mensajes y llamadas supuestamente de parte del soporte de Apple, pidiéndole que enviara su contraseña para poder compartirle la ubicación exacta del teléfono.
Pero él no cayó en esta trampa. Aun así, decidió guardar el número del que le escribían, en una mezcla de curiosidad y esperanza por recuperar su información. Fue justo allí que descubrió que estas personas no solo estarían tratando de desbloquear su teléfono, sino que este perfil se dedicaba abiertamente a la venta de documentos falsos. Nada más tuvo que agregar el número a WhatsApp, abrir la foto de perfil y ver que se trataba de un negocio. Incluso, a esa cuenta estaban vinculados dos perfiles de Instagram, en los que compartían experiencias de sus “clientes satisfechos”, como si vendieran postres o regalos del Día de la Madre. El Espectador investigó esta cuenta, como funciona su modelo de negocio y los delitos que rodean la falsificación de identidades en el país.
El contacto por WhatsApp
Tras escribir al número que nos compartió Manuel, nos encontramos con un negocio organizado vía WhatsApp. La cuenta nos daba la bienvenida con un mensaje automático y nos pedía que les informáramos si veníamos recomendados por alguien más. En ese momento decidimos explicarles que habíamos dado con su número gracias a un grupo universitario. Nuestros mensajes nunca tardaron más de 10 minutos en ser respondidos y, por el contrario, rápidamente nos compartieron otro mensaje predeterminado en el cual nos explicaban todos sus servicios. Los mensajes automáticos eran respondidos tal cual lo hacen los bots de las EPS.
Como el público objetivo de la cuenta era la población de colegio y universitaria, la cuenta nos compartió documentos de referencia que utilizaban el rostro del actor conocido como La Roca y del Ferxxo, el cantante de reggaeton colombiano. Tener una cédula digital como la del popular Ferxxo nos costaba 50 mil pesos y una contraseña como la de La Roca, tan solo 20 mil. Eso sí, desde el principio, nos prometieron rapidez, logos originales e incluso un correo funcional y un código de verificación en línea (QR) de la misma Registraduría. Mejor dicho, venden adultez. Para nuestra “tranquilidad”, explicaban que el pago era 50% para iniciar el proceso y 50% una vez recibiéramos el producto. Incluso podríamos obtener descuento si comprabamos ambos. Esa cuenta, en particular, nos aseguraba que ya contaban con más de 1.000 ventas.
Una vez nos decidimos por la contraseña, nos pidieron que les compartiéramos nuestro nombre y otros datos personales, junto con el comprobante de pago y una foto en fondo blanco. Precisamente, conseguir este último punto nos tomó más tiempo que el que ellos tardaron en editar y enviar el documento. Necesitábamos lucir como una joven universitaria de 17 años. Unas seis horas después recibimos un correo exacto al que envía la Registraduría con nuestra nueva contraseña en formato PDF. En él tenían los logos e incluso un enlace a la página web de la entidad. No solo podíamos irnos de “farra”, como promete la cuenta, también hubiésemos podido acceder a cualquier trámite del Estado cuya única condición sea ser mayor de edad.
Una nueva sorpresa llegó cuando decidimos verificar que número de cédula nos habían dado. Allí descubrimos que estábamos ocupando el documento de una mujer real, precisamente por este motivo los códigos de verificación QR eran completamente funcionales. Fue suplantación de identidad. De forma fácil, pudimos tomar el lugar de esta mujer, sin ninguna consecuencia aparente. El último mensaje que intercambiamos con la cuenta nos advertía que la idea era usar estos documentos solo para fiestas y eventos, pero que por favor evitáramos mostrarlos a las autoridades porque en ese caso, irónicamente, nosotros tendríamos problemas por falsificar documentos. Lo cual es un delito penalizable.
Tratamiento de las autoridades
Tan solo durante mayo de este año, la Fiscalía ha reportado dos grandes casos relacionados con la producción ilegal de este tipo de documentos. Uno de estos casos es la ya mencionada red de funcionarios de la Registraduría y Cancillería que también se estaría dedicando al tráfico de migrantes, el segundo de ellos es otra red delictiva que suplantaba personas para acceder a productos financieros. A los investigados se les imputaron delitos que inician con la falsedad ideológica en documento público, pero que escalan hasta enriquecimiento ilícito, violación de datos, personales e incluso concierto para delinquir.
Por ello, El Espectador consultó directamente con la Registraduría y la Fiscalía sobre los procesos que se encuentran en curso en el país relacionados con esta problemática. La primera entidad nos informó que este tipo de situaciones se registran como anomalías, las cuales son reportadas ante las autoridades judiciales. En los últimos cuatro años han identificado más de 220 situaciones de interés para la Fiscalía y en cinco de ellas se descubrieron expediciones irregulares por parte de funcionarios.
Por parte de la Fiscalía, logramos identificar que desde 2022, Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia son los lugares en donde más personas han sido imputadas por el delito de falsedad en documento público, con 80, 68 y 60 casos respectivamente. En este 2024, 16 personas fueron llamadas a juicio por este delito en Bogotá y 21 en el departamento del Meta. Aunque la falsedad ideológica en documento público es un delito que contempla hasta 12 años de cárcel, de acuerdo con las estadísticas del Inpec, solo nueve personas están presas en Colombia. Todos ellos son hombres.
“La producción de este tipo de documentos falsos está siendo tratada como un juego de niños y no lo es, porque está abriendo la puerta precisamente a que los menores vivan situaciones que no deberían vivir”, afirma Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Redpapaz, una corporación que aboga por los derechos de los menores de edad. Piñeros considera que las autoridades están siendo muy “laxas” con este tipo de situaciones, pues plantea que existen diversos riesgos a los que los menores se ven expuestos cuando habitan espacios que no están diseñados para ellos. Desde el consumo de sustancias psicoactivas, legales e ilegales hasta estados de vulnerabilidad frente a situaciones de abuso sexual o violencia.
Piñeros hace un llamado a la sociedad, los padres y el Estado frente a este tipo de situaciones. Afirma que “casos tan graves y tan tristes como las está viviendo nuestro país en este momento con menores de edad, no ocurrirían si ese tema de corresponsabilidad estuviera más presente y las personas estuviera alerta frente a su entorno”. Finaliza diciendo que pareciera que se nos olvida que la producción de este tipo de documentos es un delito, por más que se argumente que “todo el mundo lo ha hecho alguna vez”. La venta de cédulas falsas en línea para ser como un San Andresito, un lugar virtual donde, si bien no se rentabiliza el contrabando, se cometen delitos ante los ojos de todos.
Aunque El Espectador tuvo contacto con una página en particular, en la red proliferan centenares de otras cuentas de Instagram que ofrecen este servicio de manera completamente abierta, aun cuando esto es un delito. Sin contar aquellas que ofrecen títulos de grado, certificaciones de educaciones educativas y licencias de conducción. La falsificación de documentos en el país y el aparente poco control sobre esta situación parece iniciar con un grupo de menores que desean entrar a una discoteca, pero la facilidad con la que se crean estos documentos ha desencadenado también que se creen redes de tráfico de migrantes, robo de información y delitos financieros. Una actividad ilegal palpable en las redes sociales que, aparte, también estaría vinculado con el robo de celulares en la ciudad de Bogotá.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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