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En las últimas 72 horas, en los departamentos de Bolívar y Cauca, murieron el soldado Óscar Palacios Rivas y el subintendente Ronald Bedoya Rivero. Aunque el primero falleció a más de 900 kilómetros de distancia del segundo, la causa fue la misma: un ataque con drones cargados con explosivos. En el caso de Palacios, el ataque ocurrió en el municipio de Santa Rosa del Sur (Bolívar), en el que resultó herido otro uniformado. Los autores del ataque serían integrantes de la estructura 37 de las disidencias de las Farc. En el episodio de Bedoya, los hechos ocurrieron en Suárez (Cauca), seis hombres del Ejército resultaron heridos y detrás del atentado estaría la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.
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Ambos episodios son prueba del uso criminal de este tipo de tecnología, que no solo deja ya cifras letales, pues también está siendo utilizada en contra de la población civil. Uno de los casos más recientes ocurrió en marzo pasado, cuando dos drones, que cargaban megáfonos para difundir amenazas en la región del Catatumbo, obligó a por lo menos 166 familias a abandonar sus viviendas. La acción, atribuida por las autoridades a las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”, ocurrió en el El Tarra (Norte de Santander). Casos como estos, con víctimas mortales y comunidades aterrorizadas, ponen sobre la mesa un debate aplazado: ¿está el Derecho Internacional Humanitario (DIH) preparado para enfrentar estas nuevas formas de guerra?
Aunque es claro que estas normas contemplan que no se puede utilizar la violencia contra los civiles en contextos de guerra, sus normas fueron creadas hace más de 50 años y actualmente enfrentan nuevos retos ante el desarrollo de estas tecnologías. Los drones que se observaron ese día en zona rural de Catatumbo correspondían a unos industriales tipo DJI Matrice 350 que cargaban altavoces de 700 gramos. “Dejen de aguantar hambre, entréguense, los esperan. Dejen de aguantar hambre”, escuchaban las comunidades en bucle, alternado con el sonido de explosiones. En videos se registró cómo los aparatos sobrevolaron varios kilómetros hasta posicionarse un largo rato en la vereda Filo Gringo, en El Tarra.
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El mensaje, de acuerdo con el Ejército, estaba dirigido a miembros del Eln que se “mantienen en esa zona”. El pasado 18 de abril, en un bombardeo de las Fuerzas Militares contra este grupo, murieron dos de sus miembros expertos en el manejo y ataque con drones. Para entender el uso de estas tecnologías, El Espectador consultó a varios expertos en DIH que coincidieron en lo preocupante de este escenario en el que el uso de drones se sigue ampliando y, además de usarse para labores de vigilancia y lanzar artefactos explosivos, ahora también sirve para lanzar amenazas desde el aire. Una de ellas, es Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch, el DIH.
“No se puede usar la violencia o las amenazas con el objetivo principal de aterrorizar a la población civil. Hay una línea divisoria entre el miedo que genera cualquier combate y el intento deliberado de aterrorizar a la población. Lo que hace preocupante la situación en Catatumbo es precisamente esa distinción”, explicó la experta. En una región con uno de los focos de conflicto más álgidos del país, donde disidencias se enfrentan con miembros del Eln por el control territorial y las rutas para movilizar economías ilícitas, la experta explicó que este hecho violaría el DIH si “la intención era intimidar o atemorizar a la población civil, en lugar de alcanzar un objetivo militar concreto”.
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Agregó: “Incluso, si es cierta la afirmación posterior del frente 33 de que los mensajes estaban dirigidos a combatientes del Eln, la realidad es que, según informó la Defensoría del Pueblo, estos mensajes provocaron que más de 160 familias huyeran de sus hogares, lo que sugiere que los civiles se vieron directamente afectados”. En esa misma línea, la abogada Diana Guzmán, directora de Dejusticia, puso sobre la mesa un concepto fundamental: el principio de distinción, que obliga a respetar a los actores no armados en el conflicto. “Uno de los elementos fundamentales de ese principio es que los combatientes pueden ser atacados, pero la población civil, no. Por el contrario, tiene que ser protegida”, señaló.
Si bien Guzmán aclaró que las amenazas escuchadas por la población de Filo Gringo “no son una forma de violencia directa, lo cierto es que sí pueden generar vulneraciones a la dignidad de las personas por el sufrimiento psicológico grave que pueden acarrear”, recalcó la jurista. Frente a cómo las normas actuales del DIH necesitan adaptarse al uso de tecnologías como drones en manos de actores armados en Colombia, el analista de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Gerson Arias, señaló que “lastimosamente hoy el DIH no prohíbe el uso de drones. En el caso colombiano, como en otros, su uso genera una ventaja militar, pero puede ocasionar muchas víctimas”.
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El experto recordó que “el DIH sí prohíbe los ataques indiscriminados y desproporcionados con drones”, resaltó que este episodio en Catatumbo es clave para “evaluar si ese uso indiscriminado que afecta civiles abre la discusión para que el uso de drones sea prohibido por el DIH”. Otro de los retos, señaló la directora de Dejusticia, es la inteligencia artificial (IA). La experta explicó que, por ejemplo, en el uso de drones se podrían crear nuevas normas siguiendo los principios ya existentes, como el de proporcionalidad y precaución, que “no están atados a unos contextos tan concretos y hechos tan específicos. Por el contrario, ofrecen flexibilidad para adaptarse a los cambios tecnológicos que se han dado”.
Pero, en el caso de la IA, Guzmán aclaró que “cada vez vamos a tener sistemas y armas mucho más autónomas que no necesariamente requieren de la intervención humana directa para poder activarse y que van a implicar unos retos grandes, por ejemplo, en relación con la atribución de responsabilidad”. En paralelo a un futuro incierto de los métodos de guerra, la Defensoría del Pueblo ya evalúa los impactos de difundir amenazas a través de megáfonos en drones que, hasta ahora, habían sido empleados para vigilar y lanzar explosivos. La defensora Iris Marín le dijo a este diario que esta forma de “intimidación genera impactos devastadores en los derechos a la vida y la integridad personal”.
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Además, que “el impacto psicosocial es profundo, pues la mera presencia o amenaza de estos artefactos impone un régimen de gobernanza armada ilegal que fractura el tejido social y deriva en confinamientos masivos, lo que impide a las comunidades acceder a sus medios de subsistencia y a servicios esenciales”. “La guerra está evolucionando rápidamente” es la conclusión de Juanita Goebertus, quien también coincidió en la probabilidad de que sistemas de armas autónomas IA, “pasen a formar parte de los arsenales de los ejércitos y los grupos armados”. En ese contexto, advirtió la necesidad de “la adopción de un nuevo tratado internacional para prohibir y regular los sistemas de armas autónomas”.
A la espera de que el gobierno ponga en marcha el Escudo Nacional Antidrones, que habría costado alrededor de COP 6,2 billones, los registros se siguen acumulando. En lo que va de este año, las Fuerzas Militares tienen un registro de 107 ataques con drones, dos muertos (Óscar Palacios Rivas y el Ronald Bedoya Rivero) y más de 100 heridos. Esto, sin contar las poblaciones en donde los drones se estarían usando como herramienta para aterrorizar a los pobladores. Es en este contexto en el que Gerson Arias hace un llamado a la Fiscalía para dimensionar “los impactos que tienen estas prácticas y busque tipificar penalmente esas amenazas”. Un asunto que, agrega el experto, “más que tratarse de una reforma política, es fundamental para entender estos nuevos contextos de guerra”.
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