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El procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, reabrió la investigación contra Sabas Pretelt de la Vega (embajador en Italia), Diego Palacio (Ministro de la Protección Social), Jorge Noguera Cotes (ex director del DAS) y José Félix Lafaurie (ex superintendente de Notariado y Registro) por el presunto ofrecimiento de prebendas a la ex parlamentaria Yidis Medina a cambio del voto favorable para la aprobación del proyecto de reelección presidencial inmediata. Dicho proceso se había emprendido el 24 de junio de 2004 y se cerró el 9 de abril de 2008 “por ausencia de pruebas”. Igualmente, abrió investigación preliminar contra Bernardo Moreno (actual secretario general de la Presidencia de la República), Alberto Velásquez (ex secretario general de Presidencia), Iván Díaz Mateus (ex congresista conservador), Luis Hernando Angarita (ex viceministro del Interior), César Guzmán (asesor de Yidis Medina) y Manuel Guillermo Cuello Baute (ex superintendente de Notariado y Registro).
El Espectador conoció el auto de apertura de investigación de la Procuraduría y encontró que la decisión de reabrir la investigación la asume el jefe del Ministerio Público luego de considerar que las declaraciones de la ex congresista Yidis Medina, arrojaron pruebas suficientes para abrir un proceso contra los funcionarios que incurrieron en “faltas disciplinarias por infracción a los deberes, prohibiciones y por extralimitación de funciones”. Se conoció también, que se investigará a Iván Díaz Mateus por “presión indebida” sobre Yidis y, contra Bernardo Moreno y Hernando Angarita, por su “presunto interés de obstruir las pesquisas de los hechos con posterioridad a las declaraciones públicas conocidas”. Ellos deberán rendir versión libre.
La ‘yidispolítica’ ha desatado toda suerte de controversias jurídicas y políticas que parecen no cesar pronto. El Espectador dialogó con algunos congresistas sobre la decisión del jefe del Ministerio Público de reabrir una investigación contra varios de los más cercanos alfiles uribistas. El senador Arturo Char, de Cambio Radical, indicó que “todos los funcionarios públicos son sujeto de observación permanente” y que él “no puede tener una opinión distinta de que la Procuraduría General de la Nación haga su trabajo”. Luis Fernando Duque, del Partido Liberal, expresó que al caso aún le faltaban elementos jurídicos por evaluar y que el proceso se había cerrado antes de tiempo, “a mí me parece que el Procurador hace bien, ya que la señora Yidis ha reconocido la culpa y tiene derecho a que se reabra su caso y se evalúen mucho mejor los elementos jurídicos”.
Por su parte Jaime Dussán señaló que “el hecho de que se reabra el caso de la señora Medina, no quiere decir que se le condene ni que se pruebe su inocencia. Con respecto a los funcionarios, yo pienso que todos los empleados del Estado debemos estar prestos a colaborar con la justicia”. Finalmente, el representante Ángel Custodio Cabrera manifestó que la Procuraduría tiene todas las facultades legales para investigar “en aras de que la justicia brille y se esclarezcan todos los hechos”.