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Ante la pregunta del juez 65 de garantías el exsecretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo y el exjefe de prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez se declararon inocentes de los delitos imputados por la Fiscalía en el proceso que se les adelanta por su participación en el denominado escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS.
Los dos exfuncionarios del Gobierno de Álvaro Uribe no aceptaron su responsabilidad en los hechos materia de investigación, en los cuales se les vincula con haber obtenido y divulgado información privilegiada de los seguimientos e interceptaciones ilegales hechas desde el DAS a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Para el ente investigador, en diversas reuniones se ordenó la obtención de datos reservados con el fin de iniciar una campaña de desprestigio en contra de los magistrados acusándolos de aceptar invitaciones de personas relacionadas con el narcotráfico. Dichos datos fueron filtrados inescrupulosamente a los medios de comunicación.
Diferentes testigos aseguraron que en diversas reuniones en la Casa de Nariño se dieron instrucciones claras y precisas para obtener la información reservada. Ante esto se conformó un equipo con agentes del DAS para infiltrar la Corte Suprema para grabar las Salas Penales y obtener documentos que tenían reserva.
Además se le pidió a la UIAF un informe financiero sobre los magistrados que habían sido invitados a un viaje a Neiva por parte del polémico empresario Ascencio Reyes. Todos los reportes y la información obtenida era socializada en las reuniones en las que participaban Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez.
“Estuvieron al tanto de recopilar información privada de los magistrados y participación en la infiltración de esa información privada a los medios de comunicación”, precisó la fiscal del caso al manifestar que recibieron en sus respectivos despachos los datos recolectados. (Ver )
Igualmente hacían presencia la directora del DAS, María del Pilar Hurtado –condenada a 14 años de prisión por las ‘chuzadas’-el asesor presidencial José Obdulio Gaviria; el funcionario de presidencia Jorge Mario Eastman y delegados de la Uiaf. En las mismas se daban instrucciones para obtener otros datos.
Igualmente se buscó afectar la credibilidad de los magistrados auxiliares Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo de ofrecer beneficios judiciales a excomandantes paramilitares a cambio de vincular al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en un plan para asesinar al jefe de las AUC conocido con el alias de ‘Rene’. Para esto se presentaron denuncias y fueron publicados comunicados de prensa de la Presidencia sobre esta situación.
Tanto Del Castillo como Velásquez participaron en la reunión en la casa de Nariño a la que asistió el excomandante paramilitar Severo Antonio López Jiménez, alias ‘Job’. En dicho encuentro se presentaron inquietudes sobre los acuerdos firmados en el proceso de desmovilización de las AUC y el posible plan de extraditar a los comandantes paramilitares.
El origen de dicho plan se dio tras la apertura de una investigación preliminar en contra del senador Mario Uribe Escobar –primo de Álvaro Uribe Vélez- por presuntos vínculos con grupos paramilitares. Desde la presidencia se habría ordenado la obtención de manera ilícita de dicho proceso.
César Mauricio Velásquez, quien participó en la audiencia vía teleconferencia desde el consulado de Roma, no aceptó su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir. Por su parte, Edmundo del Castillo se declaró inocente de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones.