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Eduard Mattos, hermano del exsenador de Cambio Radical Alfonso Mattos y el exrepresentante de Hyundai en Colombia Carlos Mattos, lleva 16 días en los calabozos de Paloquemao. Desde el pasado 26 de mayo se encuentra en la capital del país, luego de rendir indagatoria ante la Fiscalía, que lo investiga por homicidio agravado y concierto para delinquir. El conocido comerciante cesarense fue capturado el pasado 24 de mayo por el CTI y el Gaula del Ejército en La Jagua de Ibirico, cuando salía de una finca. Portaba un arma de fuego sin salvoconducto y una cédula con otro nombre.
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Mattos, quien desde hace un año tenía circular azul de la Interpol, es investigado por su presunta participación en los homicidios del también ganadero Disnaldo José Perpiñán y su ahijado, Carlos Alberto López, perpetrado el 28 de noviembre de 2001 en Codazzi. El Espectador conoció testimonios de exparamilitares que narran cómo, dónde y por qué se cometió este crimen. Antiguos miembros del frente Juan Andrés Álvarez, que pertenece al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), sitúan a Mattos en al menos dos reuniones con la cabeza de ese grupo criminal, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 y su mano derecha, Óscar Ospino, alias Tolemaida.
El Espectador conoció que, en noviembre de 2018, Mattos pidió entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz; el expediente por el asesinato de los ganaderos ya está en estudio en la justicia transicional. Su abogado, Víctor Salcedo, señala que el aporte a la verdad que ofreció está relacionado con la colaboración o financiación de terceros a estructuras ilegales. “Él no ha sido comandante paramilitar, ni tampoco tuvo jerarquía o mando en esas organizaciones, no hay ninguna decisión judicial en firme que así lo declare. Fue un tercero civil, que por su actividad económica terminó siendo parte de esta etapa de la violencia en Colombia”, señaló el defensor.
Según esa investigación judicial en manos de la JEP, también habrían participado dos ganaderos de la región cercanos a Mattos: José Ibarra Ávila y Adulfo Díaz Araújo. En la casa de este último y en fincas de la región, según las declaraciones del propio Tolemaida y el exparamilitar Jader Luis Morales Benítez, alias JJ, se fraguó el crimen del ganadero Disnaldo Perpiñán. En las condenas de Justicia y Paz contra estos dos exparamilitares como coautores del crimen de Perpiñán y López quedó consignado que los exparamilitares Cebolla, Peinado y el Negro también participaron en el crimen. Jorge 40, quien está a punto de volver a Colombia luego de su extradición a Estados Unidos en 2008, nunca habló sobre estos hechos.
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La información que reposa en la Fiscalía señala que Perpiñán, uno de los ganaderos más importantes de Codazzi (Cesar), salió de su casa junto con López el 27 de noviembre de 2001 hacia una de sus fincas que quedaba a las afueras de ese municipio, ubicado a una hora de Valledupar. “Desde ese día no se supo más nada de su paradero. Al día siguiente fueron encontrados sin vida en la vía que de Codazzi conduce hacia la población de Casacará”, dice la sentencia contra Tolemaida. Disnaldo Alfonso Perpiñán, hijo del ganadero asesinado, le dijo a este diario que su padre fue torturado y que los paramilitares le robaron durante los días siguientes cerca de 2.000 cabezas de ganado.
“El homicidio de mi padre fue supuestamente porque él era testaferro de la guerrilla, lo cual es falso, a él lo extorsionó el Eln. Le querían robar sus bienes. Él era una presa fácil y estaba en la mitad del conflicto”, contó Perpiñán hijo. La Fiscalía le asignó un esquema de seguridad de 2015 a agosto de 2019 por su extraordinario grado de riesgo, el cual, dice él, aún persiste porque “sigue recibiendo amenazas de las personas que son investigadas por el asesinato de su padre”. En diciembre pasado, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Cesar le negó una tutela en la que solicitaba, de nuevo, protección. Hoy, el ente investigador evalúa su situación.
A los pocos días de la captura de Eduard Mattos fue llamado a juicio Luis Eduardo Zárate, un ganadero del Cesar señalado de haber sido informante de los paramilitares y de haber participado en el homicidio de Aldo Mejía (líder de la Central Unitaria de Trabajadores), perpetrado el 4 de abril de 2001. Hace cuatro años, el Ejército rescató a Zárate luego de que supuestos miembros del Eln lo secuestraran. El mismo fiscal que lleva el expediente contra Mattos por el doble homicidio de los ganaderos también lo investiga por el asesinato de Mejía, quien, al parecer, tuvo conflictos con personas poderosas en la región que ordenaron asesinarlo.
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La defensa de Mattos
La tesis del abogado Víctor Salcedo, defensor de Eduard Mattos, es que este fue extorsionado por los exparamilitares que testificaron en Justicia y Paz, “so pena de ser acusado infundadamente de delitos que no ha cometido”. Además, señala que su cliente fue víctima de los exparamilitares durante años, entre los años 90 y principios de los 2000. El litigante indicó que se presentaron denuncias por extorsión y amenazas a la Fiscalía y que, a la fecha, “no hay resultados”. Sobre los testimonios de Tolemaida y JJ, quienes aseguran que Mattos participó en las reuniones donde se fraguó el crimen de Perpiñán y López, Salcedo dice que le exigieron hasta $400 millones para, en palabras de ellos, “no armarle pasteles (procesos)”.
Sobre el crimen del sindicalista Mejía, el abogado señaló que este denunció “valerosamente” ante todas las autoridades actos de corrupción en la empresa de servicios públicos de Codazzi. También señala que la familia Mattos no tuvo relaciones contractuales ni laborales con dicha empresa, por lo que no existe nexo alguno con Mejía que justifique la tesis de los testigos en su contra. Mattos continuará detenido preventivamente mientras su proceso avanza. El ente investigador también cerró la fase de recolección de pruebas, pero su defensa pidió que se revoque esa decisión “para poder perfeccionar la investigación, con miras a valorar otras hipótesis que tienen, a juicio de la defensa, más sentido”.
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La defensa de Mattos señala que la captura de su cliente se produjo por la investigación acerca del homicidio del sindicalista Mejía y no por el de los Perpiñán y su ahijado, pues este último caso, hasta diciembre de 2019, estuvo en un juzgado especializado de Valledupar y, en ese momento, las víctimas fueron notificadas de que el expediente fue remitido a la JEP y que seguía en pie la investigación contra los ganaderos José Ibarra Ávila y Adulfo Díaz Araújo, y contra el exparamilitar Luis Carlos Marciales Pacheco, alias Cebolla, otro paramilitar que estuvo bajo las órdenes de Jorge 40 y Tolemaida.
El contexto paramilitar en Cesar
Todos estos crímenes se cometieron en un contexto en el que las Auc dominaban la región del Cesar y los hombres de Jorge 40, quien fue ganadero y secretario de Hacienda de Valledupar, impusieron su ley a punta de masacres, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos. En 2001, en toda la costa Caribe se empezaban a realizar las primeras reuniones entre los grandes clanes políticos y los jefes paramilitares, entre ellos Jorge 40, con el fin de que esta alianza ilegal presionara a las poblaciones para que votaran por sus candidatos a las alcaldías, gobernaciones y el Congreso.
En 2002, cuando se selló la alianza criminal, el cual fue denominado el Pacto de Ralito, varias administraciones locales y regionales quedaron subordinadas a los paramilitares. Incluso, según los propios jefes paramilitares Vicente Castaño y Salvatore Mancuso, entre el 30 y el 35 % del Congreso elegido ese año alcanzó los escaños con la ayuda de las Auc. Cuando se destapó el escándalo de la parapolítica se supo que el hacendado Hernando Molina, elegido en 2003 como gobernador del Cesar, fue apoyado por este grupo armado durante su campaña electoral. En 2010, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a siete años de prisión por su alianza con Jorge 40.
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Este capítulo oscuro del control paramilitar en Cesar vino precedido por los cientos de secuestros que realizó el Eln en la región. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el departamento fue el que más reportó secuestros entre 1990 y 1997: al menos 507 personas fueron víctimas de este flagelo, de los cuales el grupo subversivo fue el responsable de 239. El rapto de una hermana de Hugues Rodríguez, conocido como el Comandante Barbie, ejecutado por el sexto frente del Eln en diciembre de 1995, fue crucial para que los “paras” llegaran al departamento y para que Rodríguez, junto a otros ganaderos, los apoyara logística y económicamente. El padre de Mattos también fue secuestrado en 1987 por las Farc y varias de sus propiedades resultaron destruidas.
Decisiones judiciales han esclarecido que el respaldo de los ganaderos a los paramilitares fue crucial. En 2016, la Corte Suprema dejó en firme la condena a nueve años de prisión del ganadero Hugues Rodríguez (Comandante Barbie) por su participación en el crimen de una jueza del municipio Becerril, Marilys Hinojosa, perpetrado en enero de 2003. Por este crimen un juzgado especializado de Valledupar absolvió a Eduard Mattos, quien fue acusado de promover grupos armados al margen de la ley.
Según el portal Verdad Abierta, en El Novalito, un barrio de clase alta de Valledupar y donde queda el popular edificio Mattos, crecieron siendo amigos Jorge 40 y Hugues Rodríguez, al mismo tiempo que eran reconocidos entre los ganaderos y lecheros más importantes de la ciudad. Ellos dos, junto a Jorge Gnecco, fueron las personas que llevaron a los paramilitares en el Cesar cuando le prometieron a Salvatore Mancuso aportar dineros a su grupo ilegal. Sobre las relaciones de Hugues también se sabe que fue amigo y socio de Jaime Blanco Maya, el contratista de la Drummond condenado por el asesinato de dos líderes sindicales de la carbonera, crímenes confesados por Jorge 40 y Tolemaida.
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Un miembro de una reconocida familia de Valledupar y que vivió de cerca esos trágicos años le contó a este diario que, aunque a simple vista pareciera que un sector de los ganaderos trabajaban de la mano con los paramilitares, hubo disputas internas por el poder en el gremio. “Cada uno tiene su historia aparte. Eduard Mattos no era cercano a los demás y vivió más en Codazzi que en Valledupar. Además, incluso, en esa época, Jorge 40 le vetó la candidatura a un puesto de elección popular a uno de los Mattos. Claro, ellos (Mattos, Jorge 40 y el Comandante Barbie) usaron la violencia con fines de lucro económico, pero sus investigaciones penales son distintas”, señaló la fuente, quien pidió anonimato.
Por David Escobar Moreno
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