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No han sido semanas sencillas para las fuerzas armadas en Colombia. No solo porque la crisis de seguridad las ha obligado a aumentar sus operaciones para recuperar el control territorial en el país, sino porque desde hace varios días son objetivos declarados de grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo, que declararon un plan pistola para asesinar a miembros de la Policía y el Ejército Nacional.
¿Por qué aumentó la violencia en el país? ¿Por qué las fuerzas armadas son objeto de represalias y atentados? ¿Qué está haciendo el Gobierno Nacional para frenar este nuevo aluvión de la guerra en Colombia? Bueno, de eso hablaremos en esta nueva entrega de El Espectador le explica. Arranquemos.
Hace dos meses, precisamente en este mismo boletín, hablamos de la crisis de seguridad en Colombia. Recordemos entonces que si bien hay lugares en los que la violencia viene en crecimiento desde el año pasado, el Catatumbo, Chocó, Arauca, Cauca, Guaviare, entre otros departamentos han registrado enfrentamientos entre grupos armados en estos meses de 2025.
El ELN, de las disidencias de Iván Mordisco y de Calarcá Córdoba, así como de El Clan del Golfo son en gran parte los responsables de las olas de violencia que ha vivido el país. Recordemos también que la Defensoría del Pueblo ya había alertado sobre esta crisis que hasta hace poco había dejado el desplazamiento forzado de 5.452 personas, el confinamiento de 11.896 y más de 40 homicidios.
En vista de la crisis, Iván Velásquez salió del Ministerio de Defensa, y en su llegada apareció el general Pedro Sánchez, quien debió retirarse de las Fuerzas Militares para asumir su cargo. “Vamos a tener un nuevo ministro de Defensa (…), porque Iván Velásquez, que desarrolló una muy importante labor moralizadora, se retira. Lo que he pensado, y espero no equivocarme, es que el ministro de Defensa sea un general de la República y que tenga que ver muchísimo con la vida”, dijo en su momento el presidente Gustavo Petro.
El ahora ministro estudió Administración de Empresas en la Escuela de Administración de Negocios (Universidad EAN) y es especialista en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. Además, tiene una maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva, de la Universidad Externado de Colombia, y otra en Estudios Estratégicos de la Air University de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entre las distinciones que ha recibido se destacan la Medalla al Valor, la Cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico en categoría Comendador y la Orden del Mérito Militar “Antonio Nariño”.
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Por esas mismas fechas también hubo un cambio en la dirección de la Policía Nacional. Debido a la crisis, el general William René Salamanca presentó su renuncia al cargo, y en su reemplazo llegó el brigadier general Carlos Fernando Triana.
“El general (r) Triana cuenta con una destacada trayectoria en la institución, en la que ha ocupado importantes cargos operativos y estratégicos en diferentes regiones del país, demostrando liderazgo y capacidad en la gestión de la seguridad pública”, informó el Ministerio de Defensa por medio de un comunicado en el que oficializó la designación hecha por el Ejecutivo.
Rápidamente les cuento quién es el general Triana: Se graduó como oficial de la Policía Nacional en 1993; tiene estudios de maestría en pensamiento estratégico y prospectiva, derecho administrativo y ciencia política. También hizo un curso de defensa nacional y otro de seguridad pública. Es especialista en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario; además tiene un diplomado en alta gerencia. Fue el encargado de formular la estrategia Patrulla Púrpura, una iniciativa de la Policía Nacional para prevenir la violencia contra la mujer en el país. También construyó la política de integridad policial en la inspección general de la institución.
El uniformado en retiro fue inspector general de la Policía Nacional en 2023, también dirigió la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, entre 2021 y 2022. Fue comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Tunja y Boyacá. Además, fue subcomandante del Departamento de Policía Tolima.
Pero el revolcón de mandos no paró ahí, pues un mes después, exactamente en marzo, nos enteramos del cambio de diez altos mandos del Ejército con el fin de recuperar las condiciones de seguridad y defensa de la nación, así lo dijo el ministro de defensa, el (r) Pedro Sánchez Suárez.
Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), habló con Gustavo Montes Arias, periodista judicial de El Espectador, sobre los cambios en la fuerza pública y aseguró en ese momento esta era una medida necesaria para unificar la información recopilada por las fuerzas armadas y la Policía, en aras de construir y ejecutar un plan sólido para enfrentar la crisis por la ruptura de la alianza entre ELN y disidencias de las Farc y su disputa territorial.
Por su parte, Andrés Nieto Ramírez, investigador en temas de seguridad y docente universitario, dijo que este tipo de modificaciones en la cúpula militar “genera algún tipo de inestabilidad”, y aseguró que le preocupaba la dirección del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia: “Los niveles de asertividad y de prevención que deben proveer la inteligencia y contrainteligencia no son los óptimos para evitar atentados, retención de unidades de la fuerza pública y otras situaciones como la instalación de puntos de control de grupos armados”.
Entre los cambios de la cúpula militar, están la designación del general Mario Contreras como comandante de operaciones militares para la vigencia del decreto de conmoción interior en el Catatumbo, (entre febrero y abril de 2025); la del general José Enrique Walteros Gómez en la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas; la del general Royer Gómez Herrera, quien quedó a cargo de la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones; la del general Olveiro Pérez Mahecha, quien asumió la Inspección General del Ejército.
Al respecto, Nieto Ramírez cuestionó: “Hay unos cargos estratégicos, administrativos e internos que en medio de la corrupción no deberían moverse porque, si ya sabemos que hay corrupción y fueron ellos los que lograron dar con el punto de cómo se estaba manejando, ¿por qué los movemos?”
De un mes para acá, parece que los cambios no han logrado coordinarse para mejorar los índices de seguridad. Además de las problemáticas que ya venía presentando el país en esta materia, se sumó un plan pistola orquestado por el ELN y el Clan del Golfo desde principios de abril. Aunque las disidencias de las Farc también hacen parte de la ofensiva contra la fuerza pública.
“¿Qué lo ocasionó?” Nos preguntamos todos. Bueno, al parecer todo se dio por la muerte de José Miguel Demoya Hernández, alias “Chirimoya”, quien era el jefe del estado mayor del Clan del Golfo. De ahí las acciones por parte de este grupo armado que, entre 2012 y 2025, ha liderado 11 planes pistola en contra de la fuerza pública, según datos de la Fundación Ideas para la Paz.
Por parte del ELN, las acciones en contra de la fuerza pública como respuesta a las afectaciones que han tenido por sus rentas ilegales.
“En la gran mayoría de los casos estos grupos criminales han acudido al terrorismo y al sicariato para atentar contra nuestros uniformados, en lo que sería una actitud típica e histórica de las mafias asociadas al narcotráfico que asesinan policías en retaliación por las operaciones que desarrolla la fuerza pública en su contra”, le dijo el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, a este diario.
En lo corrido del año, van más de 21 policías asesinados, cuatro veces más que en el mismo período de enero a abril de 2024. Frente a las investigaciones, el general Triana aseguró hace unos días que ya han sido capturadas ocho personas y han sido expedidas otras cinco órdenes de captura en contra de presuntos responsables.
Desde el 9 de abril y hasta hoy hemos tenido que registrar con tristeza y preocupación varios hechos en contra de la Policía y el Ejército Nacional. Solo para que se hagan una idea de la ofensiva, haremos un recuento de los acontecimientos de las últimas semanas.
En Cúcuta, el pasado 9 de abril, el ELN secuestró a los soldados profesionales Julián Reinel Sáenz y Yimer Andrés Coral Gómez, adscritos a la Segunda División del Ejército. A hoy, ambos uniformados siguen retenidos por la guerrilla.
“Este Comando rechaza y condena el delito del secuestro. Este hecho atenta de manera contundente contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Exigimos la pronta liberación de nuestros soldados, así como el respeto de sus vidas e integridad física”, señaló la institución.
En Jamundí, municipio del Valle del Cauca, han sido días de mucha tensión y nerviosismo por los atentados que se han presentado. El pasado 17 de abril, un vehículo cargado con explosivos fue ubicado a 200 metros de la estación de Policía de Robles. También en el municipio de Dagua se presentaron ataques y ráfagas de fusil contra la estación de Policía. Dos días atrás había sido atacada una unidad del Ejército, allí falleció el soldado Julio César Vásquez, que había sido secuestrado el pasado 7 de abril en Santander de Quilichao. Los hechos fueron atribuidos a la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.
Ese mismo 17 de abril, que fue Jueves Santo, también hubo atentados en La Plata (Huila) y en Santander de Quilichao. El primero fue a 200 metros de la estación de Policía del municipio, en frente de un hotel, en el que hubo dos muertos y más de 24 heridos tras la explosión de una motocicleta, y el segundo fue en el corregimiento de Mondomo, que dejó una persona muerta y tres heridas, en el que fue el tercer ataque en menos de 24 horas en esa región.
Además de la recompensa de $300 millones por la captura del hombre que condujo la motocicleta bomba hasta el lugar de la explosión, las autoridades recordaron que están ofreciendo también hasta $4.450 millones de recompensa por información que permita dar con alias Iván Mordisco. El líder de las disidencias de las Farc es señalado por los delitos de terrorismo, homicidio a persona protegida y líderes sociales, reclutamiento forzado y narcotráfico.
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La cadena de ataques con explosivos de las disidencias que aterrorizan al país
“Los hechos de las disidencias de las FARC, denotan que su esencia es el narcotráfico y el terrorismo. Estas disidencias le dijeron NO a la paz en el 2016 y ratificaron su negativa en el marco de la Paz Total. Peor aún, lo siguen confirmando cuando asesinan a mujeres, reclutan a menores y aterrorizan a la población sin discriminación alguna”, señaló el ministro en una publicación de su cuenta de X.
El pasado 21 de abril, domingo de pascua, sicarios atentaron contra un puesto de control de la Policía en el corregimiento de Pasacaballos, zona rural de Cartagena, en el que murieron dos uniformados y un civil. En Semana Santa, seis policías fueron asesinados en el departamento de Bolívar. Los patrulleros Jhon Jairo Evangelista Monterroza y Andrés Felipe Carrillo Bayona fueron las víctimas de este suceso.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, rechazó el hecho y señaló que se entregarán detalles sobre lo ocurrido en cuanto se avance en la investigación. “Desde la Alcaldía de Cartagena lamentamos y rechazamos el vil ataque perpetrado la tarde noche de este domingo en el corregimiento de Pasacaballos, donde asesinaron a dos personas, un policía y un civil. Se investigan los móviles del hecho”, dijo el mandatario. Las autoridades anunciaron recompensas de hasta $100 millones por información.
En Antioquia, el segundo departamento con más ataques a policías, se presentaron varios hechos en el transcurso de la semana pasada. El 22 de abril, un atentado con explosivos y un ataque sicarial se presentaron en los municipios de Ebéjico y Vegachí. Tres uniformados resultaron heridos. El 25 de abril, en Tarazá, fue asesinado el patrullero Lenin Rafael Suárez Osorio.
En Bolívar, en ese mismo día, en el municipio de Simití, asesinaron a dos uniformados más en horas de la madrugada y uno más resultó herido. Edwin Agustín Feria Mercado y Belén Karina Durán Ortiz fueron las víctimas del ataque.
“Toda nuestra solidaridad hacia sus respetadas familias, con el compromiso institucional de dar con el paradero de los asesinos y ponerlos a disposición de la justicia. Con tal propósito ordenamos el traslado a la zona de un equipo especial de investigación criminal e inteligencia y hemos dispuesto una recompensa de hasta 200 millones de pesos”, afirmó el general Triana sobre lo ocurrido.
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En Nariño, en la vía que comunica a los municipios de El Peñón y Los Andes Sotomayor, un civil murió y cinco soldados resultaron heridos tras un atentado atribuido a las disidencias de las Farc el pasado 22 de abril. “Los explosivos, instalados de manera premeditada, habrían sido activados al paso del automotor por presuntos integrantes de la estructura Franco Benavides, perteneciente al Bloque Occidental Jacobo Arenas”, informó el Ejército.
Al día siguiente, el 23 de abril, el uniformado Luis Carlos Vargas Gutiérrez fue asesinado mientras prestaba servicio como centinela en el municipio de Segovia, en Antioquia. El hecho fue atribuido a la estructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo. El uniformado fue trasladado de inmediato al hospital local de Segovia, donde recibió atención médica urgente. Sin embargo, por la gravedad de las heridas, en la mañana de ese jueves la Séptima División del Ejército confirmó su deceso.
Uno de los hechos que más consternación generó en los últimos días fue la emboscada a un pelotón del Batallón de Infantería No. 19 de Joaquín París, que adelantaba labores de seguridad en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Aetcr) de Charras, en el departamento del Guaviare el pasado 27 de abril. Hombres de bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc, comandadas por Alexander Díaz Mendoza, más conocido como Calarcá Córdoba, los sorprendieron y asesinaron a varios de ellos y secuestraron a otros más.
En el lugar murieron el sargento viceprimero Darwin Pérez Sánchez y los soldados profesionales Jairo Arteaga Estrada, Anderson Steven Bohórquez Ospina, Juan David González Fernández, Carlos Andrés Pushaina Pushaina y Moisés David Cuadros Ruiz. Otros cinco soldados fueron secuestrados y, posteriormente, entregados a la comunidad de Guanapalo, por parte de integrantes de las disidencias. Al día siguiente, se confirmó la muerte del soldado Jean Carlos Bolaño, que estaba desaparecido.
Y apenas ayer se registró también un ataque a varios policías en el municipio de Melgar (Tolima), que dejó a cuatro uniformados y a una mujer como heridos. Se trata del subintendente Michael Torres y los patrulleros Daniela Naranjo, Andrés Navarro y Jhoan Cortés. Sobre la civil que resultó herida, se desconoce su identidad.
El alcalde de Melgar, Rodrigo Hernández, anunció una recompensa de $20 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque. Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, ofreció hasta $50 millones de recompensa.
En lo que va del año se han registrado las muertes de 52 militares en medio de operaciones, ataques y accidentes en el país. El Clan del Golfo ha sido el responsable de la muerte de cinco soldados y 14 policías. Entre las disidencias de las Farc y el ELN han asesinado a 32 soldados más. Esta estadística preocupa a las autoridades, pues el año pasado se registraron 70 asesinatos a miembros de las fuerzas armadas y lo ocurrido este 2025 parece superar ese lamentable número.
Frente a este panorama, la Procuraduría General de la Nación envió un cuestionario a Pedro Sánchez, ministro de defensa, además de pedir un informe oficial sobre los atentados contra la fuerza pública. Entre las preguntas enviadas al ministerio, aparecen las siguientes:
– ¿Qué parámetros se establecerán para la toma de decisiones en materia de investigación criminal frente a los hechos violentos perpetrados contra los uniformados?
– ¿Qué procedimientos o mecanismos de análisis de riesgo han implementado el Ejército y la Policía para identificar niveles de amenaza y adoptar medidas preventivas orientadas a salvaguardar la vida de sus integrantes?
– ¿Qué estrategias de coordinación interinstitucional se han puesto en marcha para mejorar la protección de los uniformados en zonas rurales o de especial vulnerabilidad?
El presidente Gustavo Petro se pronunció en estos días sobre la difícil situación que viven las fuerzas armadas y aseguró que: “El Clan de Golfo, como respuesta a la caída de varios de sus jefes, ha decidido matar hijos del pueblo. Lleva 27 policías y militares asesinados (…) no vamos a retroceder, arreciaremos la ofensiva contra el clan. No tienen escapatoria, o abandonan la actividad ilícita y se reciclan en el proceso de prosperidad de las regiones bajo la ley y la democracia, o se construye la alianza mundial para destruir el Clan del Golfo. Llegaremos hasta sus aliados en Dubái”.
Desde aquí seguiremos compartiendo con ustedes todas las medidas que el Gobierno Nacional adopte para frenar esta escalada de violencia que solo deja más y más muertos en nuestro país. A las familias y seres queridos de nuestras fuerzas armadas les enviamos nuestras condolencias.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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